La Amazonía boliviana es tan extensa y rica como vulnerable. La imposibilidad de controlar el espacio selvático que cubre casi la mitad del territorio nacional da paso a los apetitos de empresarios y traficantes que no dudan en vulnerar las normas con tal de obtener rédito de las riquezas naturales. La madera es una de ellas, y controlar su explotación es difícil.
El más reciente caso se conoció en junio, cuando comunarios de 13 pueblos de la subcentral Santa Rosa de Manurimi, en Ixiamas, informaron que desde 2014 un empresario ha cortado al menos 1.000 árboles de cedro, mara macho y la casi extinta mara. Más de la mitad de esos troncos, afirman los denunciantes, estaban listos para ser transportados a través del río Sena hacia Pando, donde se les pone sello de origen en ese departamento.
Este “blanqueamiento” del origen de la madera se debe a que desde 1991 está prohibido talar madera en esa región del norte paceño, disposición que luego fue reforzada con la Ley Forestal de 1996. Cuando un periodista de La Razón consultó a las autoridades de La Paz, Pando y Beni acerca de este tráfico, obtuvo respuestas contradictorias, pues todos los consultados opinan que es en los otros departamentos donde se trafica con madera.
Según el Jefe de Recursos Naturales de la Gobernación de La Paz, el valor de la madera retenida en Santa Rosa de Manurimi asciende a Bs 14 millones. El gobierno departamental paceño recibe, dice la autoridad citada, entre Bs 600.000 y Bs 800.000 anuales por concepto de patentes forestales; las poblaciones de la zona no reciben casi nada. Como respuesta a la denuncia, una comisión interinstitucional partió rumbo a la zona, en donde verificó la existencia de al menos 521 troncos de madera, valuados en Bs 10 millones, entre otros aspectos.
En medio de esta maraña, tanto un senador de oposición como autoridades de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) han identificado a Miguel Ruiz, exdiputado del MAS y empresario de Riberalta (Beni), como uno de los principales impulsores de la tala ilegal en Ixiamas, quien ya en 2006 habría solicitado la aprobación de un plan de manejo para esa zona, pero que fue rechazado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Hay, pues, mucho que aclarar en este tema, se trata de un negocio multimillonario en el que son muy pocos los beneficiados, mientras que las comunidades de la zona viven sumidas en la pobreza material. La ya nombrada comisión interinstitucional debe dar la máxima publicidad a sus hallazgos; y a su vez las autoridades competentes deben sancionar, si es el caso, a quienes estén involucrados en el tráfico denunciado. El no seguir este camino significa condenar al país a ver desaparecer sus selvas a manos de comerciantes inescrupulosos.