El 1 de abril, la Cámara Departamental de Construcción de Santa Cruz informó en una nota de prensa que entre 2007 y 2015 el 72% del monto de obras que se contratan en el país fue ejecutado por empresas extranjeras, enfatizando que las compañías nacionales no se encuentran en igualdad de condiciones para participar en los procesos de contratación licitados por las entidades públicas. Asimismo, afirmaba que si bien los procesos de contratación son adjudicados a empresas extranjeras, al final las empresas nacionales ejecutan el 90% de la obra a través de la subcontratación.

Sobre el particular, huelga aclarar que, según datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), el monto de obras ejecutadas por empresas extranjeras desde 2007 hasta 2015 solo representa el 20% del total. Dicho aspecto es reflejo de la normativa de contrataciones nacional, que a nivel de América Latina es la que se encuentra más orientada en apoyo del empresariado nacional.

El Estado Plurinacional de Bolivia, procurando apuntalar sus empresas nacionales y dejando de lado prácticas internacionales en materia de contratación pública, ha adoptado políticas públicas de corte horizontal y vertical en favor de los proponentes locales, los cuales muchas veces, a pesar de dichas ventajas, no está en la capacidad de responder a la demanda y los requerimientos para los grandes proyectos que viene encarando el Gobierno Nacional, aspecto que explicaría ese 20% de ejecución a cargo de empresas extranjeras.

Por otra parte, se debe enfatizar que el 19 de febrero el Gobierno suscribió un acta de entendimiento con representantes de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), de la cual forma parte la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz). En dicha acta se acordó dar una mayor participación a las empresas nacionales en la ejecución de obras públicas a través de las siguientes medidas: modificaciones al Decreto Supremo 0181; contratación por tramos de tal manera que compañías nacionales puedan participar en contrataciones en gran envergadura; incremento del 25% al 40% del monto total del contrato orientado a la subcontratación de empresas nacionales; elegibilidad del tipo de garantía a cargo de proponentes y proveedores; sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en contratos de ejecución sucesiva por avance de obra, permitiendo a las empresas contar con flujo de efectivo para invertir en el proyecto que se encuentra ejecutando y/o encarar otros emprendimientos; pago de planillas sin demora y el uso de planillas como instrumento de crédito para financiamiento de las empresas constructoras.

Todas estas medidas se vienen gestionando ante las instancias competentes dependientes del Órgano Ejecutivo de manera adicional a las políticas de apoyo que se han impulsado desde la gestión 2006. Por lo que, desde un punto de vista meramente normativo, se puede concluir que se han generado y se vienen generando políticas públicas en favor del empresariado nacional, cuidando no afectar las inversiones extranjeras, que son resultado de la participación de empresas foráneas en los procesos de contratación.

Las contrataciones estatales dentro de la gestión pública se han constituido en un mecanismo muy eficiente para el desarrollo de la actividad empresarial en los países de la región, y Bolivia no ha sido la excepción para la aplicación de este tipo de políticas económicas.

En el caso boliviano, este aspecto resulta particularmente interesante, ya que el sector empresarial está conformado casi en su totalidad por micro y pequeñas empresas (mype), y dentro de este sector la mayoría es informal. Bajo estas consideraciones, la solución resulta evidente. El Estado debe contratar bienes y servicios de las mype. Sin embargo, esto no resulta tan sencillo, debido a la informalidad del sector.

El problema de la informalidad puede atribuirse a diferentes factores como ser el normativo, la falta de una institucionalidad fuerte de apoyo y el desconocimiento de los beneficios de la formalización. Según un estudio de la CEPAL, las causas de la informalidad devienen por el proceso de migración, ocasionado por el incremento de la urbanización; y la flexibilidad laboral característica de este sector, que atrae a un 65% de los trabajadores; entre otros aspectos.

Según datos del INE, en Bolivia las micro y pequeñas empresas suman 216.064 unidades, el 93% del total de las empresas del país. Estos datos están muy por debajo de los obtenidos por otros estudios no oficiales realizados por los gremios del sector, que estiman unas 800.000 mype en Bolivia. Con relación a estos datos y considerando la política económica del Gobierno de impulsar la demanda interna, a través de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) aplicó una serie de políticas de carácter vertical dirigidas a apoyar a las mype. Entre éstas se pueden destacar la aplicación de márgenes de preferencia y reducción de los costos hasta un 50% de las garantías financieras que respaldan el cumplimiento de los contratos con el Estado.

Sin embargo, la informalidad no permite una completa efectividad de las referidas políticas, ya que solo una pequeña parte de las mype se beneficia con estas medidas. Este aspecto se puede evidenciar en los datos de Pro-Bolivia, que hasta la gestión 2016 acreditó, para poder participar en procesos de contratación, a 5.110 microempresas y a 1.082 pequeñas empresas, que representan tan solo el 3% del total de empresas, según datos del INE y un 0,8% según estimaciones no oficiales.

Ante este panorama adverso, se debe destacar que la actual gestión de gobierno, consciente de la predominancia del mercado informal, está apostando por la generación de políticas de tipo horizontal que tienden a minimizar las desigualdades naturales del mercado, con el fin de facilitar el acceso de las mype a las compras públicas. En este sentido, podemos destacar los decretos supremos 2294 y 2471, que posibilitan a los gobiernos autónomos municipales más pequeños del país las contrataciones a proveedores no comerciales locales, beneficiando de esta manera la economía local de los municipios alejados de las grandes urbes del país. La referida medida buscó disminuir y flexibilizar los requisitos en cuanto a la formalización de los proveedores, y actualmente está teniendo interesantes resultados como mecanismo de apoyo a las mype. Por dar otro ejemplo, se debe destacar el creciente acceso a la información que se evidencia a través de la mejora de la plataforma del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) o el uso del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), instrumentos que facilitan la presentación de propuestas de manera general y disminuyen la carga administrativa de los proponentes; lo que se traduce en un apoyo efectivo a la economía nacional.

* es abogado, funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Sociólogos como Lewis H. Morgan y Gerhard Lenski manifiestan que un factor determinante para el progreso de las sociedades es el desarrollo tecnológico, siendo el debate actual de los teóricos la determinación de la medida en que este desarrollo influye en la configuración de los Estados desarrollados y la transformación de los Estados en desarrollo.

Es, pues, el segundo aspecto del debate el que nos interesa, ya que con el lanzamiento del satélite Túpac Katari, Bolivia marcó el comienzo de una profunda transformación como Estado, ingresando de un día para el otro dentro de la era espacial. Esta transformación, en un país que hace pocos años era catalogado como falto de tecnología, era completamente impensada e inconcebible, por lo que deberíamos cuestionarnos, ¿cómo fue esto posible?

Deben existir varias respuestas a esta cuestión, pero, según mi humilde opinión, creo que esta transformación se debe en gran medida a una adecuada administración económica, que tiene como base fundamental al modelo económico social comunitario productivo. La actual política económica orientada de manera adecuada desde el modelo económico social comunitario productivo establece la existencia de dos grandes sectores para el desarrollo: los sectores generadores de excedentes y los sectores generadores de empleo.

En este contexto, el razonamiento es sencillo, ya que son los sectores estratégicos generadores de excedentes (hidrocarburos, energía, medio ambiente, minería) los que posibilitaron la transferencia de recursos para la generación de fuentes de ingreso alternativos, servicios de valor agregado, desarrollo de producción no tradicional, generación empleo y desarrollo de tecnología.

En este sentido, es el adecuado manejo de la economía lo que nos posibilita hoy invertir en proyectos productivos y tecnológicos, que —desde una perspectiva de largo plazo— buscan quitar el protagonismo al desarrollo económico a través de la explotación de los recursos naturales y buscar alternativas de desarrollo que además de generar recursos desarrollen tecnología.

Para dar otros ejemplos de este cambio no solo está el satélite. En la gestión 2013, gracias a la gestión del Gobierno nacional, se creó la empresa ensambladora de computadoras Quipus, que además de generar una forma no tradicional de ingreso para el Estado, busca desarrollar know-how (saber hacer en Bolivia) e incentivar al sector educacional con el uso de las nuevas tecnologías. Asimismo, están las plantas industriales de carbonato de litio y cloruro de potasio y la planta de urea y amoniaco, que buscan desarrollar no solo la tecnología en el país, sino generar productos con valor agregado para uso interno y posterior exportación, permitiendo a Bolivia ingresar a la era de la industrialización tecnológica.

Éstas son claras señales que la política tecnológica dentro del componente de la industrialización perfila al país a días mejores en materia de ingresos y educación.