Nuevamente Santa Cruz de la Sierra fue escenario de malas noticias la semana pasada, cuando un grupo de delincuentes pretendió asaltar la joyería y relojería Eurochronos, aventura que terminó con siete heridos y cinco muertos: tres asaltantes, un policía y la gerente del comercio. El caso ha puesto una vez más en cuestión la calidad de la Policía y de la seguridad ciudadana.
En efecto, el jueves por la mañana Santa Cruz fue sacudida por la noticia de que había un tiroteo en pleno centro de la ciudad; las redes sociales se llenaron de mensajes que no solo anunciaban lo que estaba sucediendo, sino también transmitieron en directo videos de la balacera que se desató cuando los delincuentes pretendieron salir de la joyería usando a los empleados como escudos humanos. De hecho, precisamente a raíz de la transmisión de decenas de videos (y su consiguiente reproducción hasta el hartazgo en todos los medios televisivos), los usuarios de las redes sociales pudieron ver, tal vez como nunca antes, un operativo policial sin el maquillaje de las versiones oficiales o los recortes de la narración periodística.
Esta inédita situación dio paso a dos fenómenos vinculados por una misma causa. Por una parte, muchas de las personas que vieron los videos comenzaron a poner en cuestión la pericia policial a la hora de actuar en una crisis de tal gravedad, y hasta se dieron el lujo de señalar cuál hubiera sido el procedimiento correcto. Por otra parte, la trágica muerte de la gerente de la joyería ha dado paso a un sinfín de conjeturas acerca del origen de la bala que acabó con su vida. Ambos debates tienen que ver con una profunda desconfianza hacia la Policía.
Al respecto, el Ministro de Gobierno no solo valoró el trabajo policial afirmando que la institución demostró estar preparada para afrontar estos incidentes, sino que también dio muestras de una política de tolerancia cero al delito, incluso si ello implica abatir a quienes intenten seguir el camino del crimen, lo cual puede inspirar dudas acerca del respeto de los derechos humanos.
Por otra parte, el caso puso en evidencia, una vez más, la severa crisis en la que está sumido el sistema de justicia penal del país, pues el líder de la banda, abatido en la refriega, había sido beneficiado con prisión domiciliaria pocos días antes, debido a que un juez tomó la decisión sin contar con suficiente información y en ausencia del fiscal responsable del caso, dando muestra de la lenidad que tanto se le reclama a los administradores de justicia.
El caso ha producido justificada incertidumbre, y es probable que todavía pase un buen tiempo antes de que la población recupere la calma. Mientras tanto, hay mucho por hacer para asegurarse de que este tipo de situaciones no se repitan, comenzando por ejecutar la tantas veces reclamada reforma al sistema de justicia, así como profesionalizar el trabajo policial.