La Ley 7401 del 22 de noviembre de 1965 establece al Parque Nacional del Isiboro Sécure área de reserva natural protegida por sus características peculiares, cualidad que fue complementada con el Decreto Supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990, denominándose desde entonces Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), perteneciente a los pueblos “mojeño, yuracaré y chimán”. Es un escenario habitado por pueblos indígenas desde tiempos ancestrales.
El parágrafo II del Art. 1 de la Ley de Protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure del 24 de octubre de 2011 (Ley 180) declara a esa área protegida zona intangible, cuyo significado es la inmovilización absoluta del área. Es decir, las únicas actividades permitidas son las que tradicionalmente corresponden a los pueblos indígenas asentados, excluyéndose cualquier tipo de emprendimiento extraordinario.
Sin embargo, dentro de ese parque existen haciendas ganaderas, empresas que comercializan pieles de caimanes, un hotel de cinco estrellas y un aeropuerto, todas ellas actividades empresariales capitalistas implementadas con el padrinazgo de dirigentes que se aprovechan de la mayoría de los habitantes; quiénes además hacen las veces de dueños del parque para otorgar derechos de explotación forestal, como es el caso del empresario Miguel Majluf, exsenador del MNR, quien explota recursos del TIPNIS con su empresa maderera. Junto a esta explotación empresarial están las comunidades indígenas, 69 en total, que sobreviven en medio de dificultades relacionadas a salud, educación, servicios básicos, desarrollo económico, etc.
Por tanto, el hecho de quitarle al TIPNIS la cualidad de intangibilidad, con la Ley 266 del 13 de agosto de 2017, no significa anular su naturaleza de reserva natural; más bien permitirá mejorar acciones de atención urgente a los derechos de todos los indígenas que viven en el interior del parque.
Por otro lado, señalar que ello implica otorgar más espacio para el cultivo de la coca es una aberración, más aún cuando la Ley General de la Coca (parágrafo II, Art. 17) taxativamente determina que: “Queda prohibida la producción de coca en la zona no autorizada, sujeta a erradicación por el Ministerio de Gobierno en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, sin perjuicio de la sanción penal y agravante cuando se trate de áreas protegidas y reservas forestales conforme a ley específica”.
Carlos D. Mesa Gisbert, en su calidad de presidente constitucional interino de Bolivia, firmó el Decreto Supremo 26996 del 17 de abril de 2003 que establece, textualmente que: “Se complementa a la Red Fundamental de Carreteras el tramo comprendido entre las localidades de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, localidades pertenecientes a los departamentos de Cochabamba y Beni, respectivamente” (Art. 2). Por otro lado, el Art. 3 señala que: “El Servicio Nacional de Caminos-SNC asume la responsabilidad del nuevo tramo en todos los aspectos relacionados a la planificación, programación, estudio y diseño referido a la construcción, conservación, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación sobre el mismo (…)”; con el fundamento principal contenido en el segundo considerando del mismo decreto supremo, que sostiene “que para lograr la integración e insertar a la actividad económica del país las zonas deprimidas del norte del departamento de Cochabamba y del sur del departamento del Beni, es necesario vincular las ciudades de Cochabamba y Trinidad, a través del tramo Villa Tunari y San Ignacio de Moxos”.
Asimismo, Carlos D. Mesa Gisbert, siendo presidente constitucional de Bolivia, promulgó la Ley 2530 del 24 de octubre de 2003, con un solo artículo que: “(…) autoriza al Poder Ejecutivo buscar el financiamiento para la construcción y asfaltado de la carretera Cochabamba – Trinidad (…)”. Entonces, ¿cómo es que cuando se hace el esfuerzo de cumplir con estas normas, la misma persona que las suscribió puede escribir en su cuenta de Twitter: “TIPNIS. Hipotecando el futuro del agua y el oxígeno del país. Una filosofía que debilita el desarrollo sostenible y contradice el suma qamaña”? A mí me parece un caso patético de doble moral.