El caso del TIPNIS es un tema que pone en evidencia la complejidad del proceso decisional político para el partido de gobierno debido a la variedad de actores (locales y globales) que se oponen a la construcción de la carretera por esa área protegida y, también, porque esa vía forma parte de la idea de integración territorial de dos departamentos y dos regiones (eco)lógicamente complementarias en el marco de las visiones históricas de formación del Estado nacional.
Hoy, el Estado es plurinacional, pero enfrenta el mismo desafío de antaño porque, en este caso y en muchos otros, se trata de rezagos estructurales que no se superaron, aunque sí se han modificado las visiones acerca del desarrollo y existe una centralidad discursiva de los derechos colectivos de los pueblos indígenas (antes en los movimientos sociales, luego en el flamante Estado plurinacional e incluso —en torno al TIPNIS, por convicción o pragmatismo—, en las filas de la oposición parlamentaria y extraparlamentaria.
En la mutación de las visiones sobre el progreso destaca la postura ecologista que puso freno a la utopía industrialista que presuponía el carácter inagotable de los recursos naturales y la satisfacción de necesidades mediante la transformación productiva. El fracaso del liberalismo capitalista y de la planificación soviética provocó una respuesta conservacionista y el retorno del mito del “buen salvaje”. Ambas ideas fueron adquiriendo matices desde fines del siglo pasado, más aún con los efectos negativos del cambio climático y el protagonismo de los movimientos indígenas que, paradójicamente, es una respuesta identitaria y cultural a los efectos de la globalización. Un proceso cuyo derrotero hoy es incierto (por los menos en sus efectos políticos y sociales) pese a que, como la industrialización antaño, era incontenible y percibida de manera teleológica.
Entonces, ¿es posible encontrar un punto de equilibrio entre quienes exigen el respeto al medio ambiente y la conservación de la biodiversidad y los que impulsan la habilitación de un tramo carretero desdeñando sus efectos perniciosos? Creo que esta pregunta no es anacrónica porque, a diferencia del conflicto del 2011 en torno a la marcha indígena y que concluyó, precisamente, con la aprobación de una ley que declaraba la “intangibilidad” del TIPNIS, en la actualidad existen algunos puntos de convergencia en torno a mitigar los impactos negativos de esa obra.
De la formulación oficialista: “se hace ese tramo, sí o sí” a las posturas opositoras circunscritas al “no a la carretera” se ha transitado a posiciones más centristas y razonables, como la asumida por el Sistema de Naciones Unidas, que proporciona una orientación sugerente que podría traducirse en un retorno “a fojas cero”. Esto implica evaluar los aspectos positivos y negativos de esa obra, lo que exige superar aquella nueva (y falsa) dicotomía entre “pachamamismo” y “extractivismo” que impide analizar las tendencias presentes en el modelo de desarrollo en ciernes. Un asunto clave en este debate es el sistema de actores y sus visiones de modernidad (uno de sus puntos de partida actuales es el reconocimiento de la diversidad), lo que implica renovar el pacto entre el Estado y el movimiento indígena a partir, precisamente, de un debate amplio y de un proceso de consulta previa que otorgue plena legitimidad a la decisión gubernamental en respuesta, tanto a las demandas regionales como al ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.