Hace ya varias semanas que la ciudad de La Paz vive el asedio de al menos dos grupos que se oponen a sendas leyes municipales promulgadas recientemente: la que dispone el registro y carnetización de vendedores callejeros, y la que establece nuevos mecanismos de control y sanción a construcciones fuera de norma.
En el primer caso está movilizado uno de los sectores de la Federación de Gremiales y en el segundo, una facción de la Federación de Juntas Vecinales; y ambas han logrado galvanizar el apoyo de otros sectores sociales con gran capacidad de movilización, pero que no están directamente relacionados con el tema de la querella, entre ellos, los gremiales de El Alto.
Dada la falta de legitimidad de las protestas, las no pocas denuncias de manejos irregulares de estas dirigencias y el evidente trasfondo político, las protestas no han logrado cambiar la voluntad municipal y, finalmente, días atrás han comenzado a recolectar firmas para proponer un referéndum revocatorio del Alcalde. Sin embargo, una vocal del Tribunal Supremo Electoral ha advertido que tal recolección, por no cumplir con lo previsto por la norma, no tendrá efecto alguno. Asimismo hizo notar que no es posible considerar la figura del referéndum revocatorio mientras no haya pasado la mitad del mandato de la autoridad cuestionada.
Hay, pues, un manejo manipulador de la voluntad popular en dichas dirigencias, y es de esperar que no prospere su oposición a las normas para mejorar la convivencia en la ciudad.