El Defensor del Pueblo, y por extensión la institución a su cargo, atraviesa un mal momento. Fruto de decisiones y declaraciones discutibles, su legitimidad está siendo cuestionada por algunos sectores que hubiesen querido ampararse bajo su protección y que ahora lo acusan de estar a favor del Gobierno. Tal vez sea tiempo de que revise su posición institucional.
En efecto, solo en los últimos días los vecinos de Achacachi movilizados desde hace meses exigiendo la renuncia del alcalde de esa ciudad, Édgar Ramos (MAS), la Iglesia Católica y al menos un diputado de oposición se han manifestado públicamente señalando que el Defensor del Pueblo no actúa de manera imparcial.
En el caso del desencanto de las y los achacacheños, el problema se remonta a febrero, cuando al iniciarse la movilización en contra de Ramos, acusado de actos de corrupción y de falta de transparencia en la gestión, promovió la movilización de la población campesina de Achacachi, que apoya al Burgomaestre cuestionado, la cual terminó en destrozos de bienes públicos y privados, además de ahondar la división entre las partes en pugna.
Pero no solo su actuación en el caso de Achacachi, sino también sus declaraciones públicas sobre el conflicto en torno a la ley que anula la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y el proyecto de concluir la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos han inspirado críticas a su actuación en el cargo.
Sus más recientes declaraciones se produjeron a través de su cuenta en Twitter, donde comentó sobre la importancia de permitir a los indígenas acceder a los beneficios del desarrollo y posibilitar que “los pueblos del TIPNIS dejen de ser proletarios”. Si bien es evidente que se trata de la opinión de un individuo más, con el mismo derecho a la libertad de expresión que cualquier otro, debe considerarse que por su naturaleza, la investidura del Defensor lo convierte en la encarnación de toda la institución.
Así, cuando el Defensor toma la palabra, habla la voz de la Institución Nacional de Derechos Humanos y no un ciudadano más. Además, en este caso particular pareciera que la autoridad no comprende a cabalidad que, por una parte, los indígenas no son proletarios y que, por otra, los derechos de pueblos indígenas requieren un tratamiento diferente.
Luego de una gestión que disminuyó notablemente la confiabilidad e influencia de una institución capital para la democracia (creada, irónicamente, durante la gestión del exdictador Hugo Banzer), había la esperanza de que el nuevo Defensor recuperara el prestigio acumulado entre 1998 y 2009, pero las señales que aquí se comentan no permiten guardar muchas esperanzas. Está a tiempo el Defensor del Pueblo de enmendar su actuación y volver a la senda que la Constitución y la ley le asignan a la Defensoría del Pueblo.