La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, liderada por Jesús Vera, anunció para este lunes la entrega al Tribunal Electoral Departamental de libros con 6.000 firmas que piden la revocatoria del alcalde paceño, Luis Revilla. No es la primera vez que este dirigente vecinal, a quien se vincula con el oficialismo, hace tal anuncio, ora como información, ora como amenaza.
Si durante esta jornada se cumple la declaración de Vera, quizás una numerosa delegación de la Fejuve acompañará el acto de entrega de firmas en el Tribunal Electoral. Y se reafirmará, como ya se dijo, el inicio del proceso “hasta revocar el mandato de Revilla”. Lo que Vera no dice, y es probable que no sepa o se niegue a asumir, es que tales 6.000 firmas, en su mayoría de gremiales movilizados, no son legalmente reconocidas y, por tanto, tienen solo un valor simbólico. Para lanzar el desafío.
¿Por qué no son válidas las firmas de la federación vecinal de Vera, que exigen la convocatoria a un referéndum revocatorio del Alcalde de La Paz? Por dos razones. La primera es de procedimiento. Para activar una iniciativa popular, el paso preliminar es la solicitud de habilitación de los promotores ante el Tribunal Electoral correspondiente, quien les informará los requisitos, los formatos de libros y la cantidad mínima de firmas requeridas. Recién entonces se inicia la recolección de adhesiones.
La segunda razón de invalidez de las firmas de la Fejuve paceña es de plazo. De acuerdo con la Constitución Política, las iniciativas para revocar autoridades electas pueden iniciarse cuando ha transcurrido al menos la mitad del período de mandato. Es decir, en el caso del alcalde Luis Revilla, el período se abre recién el próximo 1 de diciembre. Por tanto, los ímpetus revocatorios del grupo de Vera tendrán que esperar. La revocatoria es un derecho ciudadano, pero tiene reglas para su ejercicio.
Pero asumiendo que la iniciativa vecinal en el municipio de La Paz se adecuara al procedimiento y plazo establecidos en la norma, hay dos dificultades adicionales. Una es el número de firmas, que a nivel municipal es de un elevado 30% del padrón. Así, con un padrón en la urbe paceña de poco más de 621.000 votantes, la Fejuve tendrá que registrar cerca de 186.000 firmas, es decir, 180.000 más de las que, sin validez, ha conseguido en estos meses. Y debe hacerlo en un tiempo máximo de 90 días.
La otra dificultad es de presupuesto. La norma señala que el costo de un referéndum de alcance local debe ser cubierto por el propio municipio. Esto significa que para realizar la consulta revocatoria de Revilla, el presupuesto necesario debiera estar consignado en la planificación municipal de la gestión 2018. Y no lo está. Será un tema de disputa previa entre los promotores y el Alcalde, como ocurre en este momento en Potosí. A las iniciativas revocatorias les espera todavía un largo recorrido.