Nuevamente esta semana, la Argentina ha estado en el barómetro económico de los mercados internacionales. Las recientes medidas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri no solo demuestran el fracaso de una gestión gubernamental servil al capitalismo financiero, sino también el retroceso de todo un país en sus principales indicadores sociales. Hay mucho de qué hablar sobre la Argentina, pero el tema apremiante es la deuda.

Cuando Macri entró al poder prometió renegociar la deuda con los denominados fondos buitres. Estos fondos pertenecen a bonistas argentinos y extranjeros que habían comprado deuda argentina y que no aceptaron la renegociación durante los canjes de deuda entre 2005 y 2010, y que el Gobierno anterior se negaba a reconocer, llevando a todo un país ante los tribunales estadounidenses. Esta disputa derivó en un default selectivo, es decir, que la Argentina habría incumplido una o más de sus obligaciones financieras, cerrándose al gobierno de aquel entonces la posibilidad de refinanciarse en los mercados de capitales.

A los pocos meses que Macri asumió la presidencia, logró renegociar esa deuda por cerca de $us 9.300 millones. Gracias a esta hábil renegociación, el gobierno de Macri superó el default selectivo de la era kirchnerista y recuperó la confianza de los mercados internacionales para luego emitir más deuda (de la que luego se daría cuenta que no podría repagar).

Pero el enamoramiento con los mercados de capitales es como un compás de tango traicionero. Una vez que Argentina mostró señales de debilidad en mayo de 2018 para cumplir los compromisos asumidos con el FMI (a los pocos meses de firmar el acuerdo), comenzó la desconfianza y el indicador de riesgo país se fue disparando. El saldo de esta aventura financiera no es poco. La deuda pública pasó de cerca del 50% al 85% del PIB en cuatro años.

Entre las posibles causas de la aceleración de la deuda están: 1) el estancamiento de la economía real debido al endurecimiento de la política monetaria en un intento por estabilizar el tipo de cambio; 2) el aumento del déficit fiscal en tres de los cuatro años de gobierno; 3) la abrupta devaluación del peso argentino, que encareció el servicio de la deuda; 4) el pago de intereses onerosos en el mercado doméstico.

Lo cierto es que ahora Argentina se encuentra nuevamente en default. La imposibilidad del Gobierno de asumir los compromisos de corto plazo para empresas tenedoras de deuda pública, extendiendo el plazo de pago de la deuda en seis meses, fue catalogada por la calificadora de riesgos Standard and Poors como un default selectivo.

Pero lo más irónico es que el próximo presidente, que muy probablemente sea kirchnerista, tendrá que lidiar con la avalancha de vencimientos futuros, la renegociación de la deuda con el FMI y la asfixia de los mercados internacionales. En las recientes declaraciones, Alberto Fernández, el candidato más votado en las primarias, mostró su preocupación porque eventualmente tendría que renegociar la deuda con el FMI, puesto que en las condiciones actuales la deuda Argentina es prácticamente impagable. La deuda externa será sin duda la pesada herencia del gobierno macrista.

Reza un dicho popular que el hombre es el único animal capaz de tropezarse dos veces con la misma piedra. Puede que Argentina sea un caso curioso en lo referente a deuda que haga honor a este dicho.

* Economista.

Atres meses de cerrar el año, la inflación exhibe un aumento de 0,72%. La tasa acumulada, es la segunda más baja de la región. Mientras otros países se empeñan en bajarla parecería que la preocupación en Bolivia está a la inversa. ¿Es una señal de estabilidad de precios o un signo de desaceleración económica? ¿Cómo debemos tomar la noticia? y la respuesta en buen economista es “depende”. Para ello analicemos las causas de la menor dinámica alcista de los precios internos.

En principio no debemos olvidar que la inflación es un “promedio” de la variación de precios de una canasta representativa de bienes, es decir, que hay precios que suben y otros que bajan. Cuando la tasa de inflación está cerca de cero no quiere decir que exista invariabilidad, sino que en “promedio” los precios varían poco, porque existen variaciones negativas que compensan a las positivas. Durante 2018, más del 50% de los precios de los bienes se han incrementado, al menos una vez en el año, 44% han disminuido y solo un 7% permanecen constantes.

Cuando la inflación está bajando podría entenderse como signo de ralentización del consumo doméstico que dificulta las ventas, lo cual podría afectar el crecimiento económico posterior. Esta hipótesis ha sido recogida como una señal de desaceleración económica esgrimida por algunos economistas locales.

Lo cierto es que el consumo de las familias no se ha desacelerado. El gasto de los hogares se ha incrementado en 4% en el primer semestre muy cerca de su promedio histórico de 4,7% y éste siempre tiende a acelerarse hacia fin de año que es cuando más compras realizan las familias. Además, el ritmo de crecimiento económico se mantiene fuerte.

El hecho de que las empresas nacionales no puedan subir sus precios, bien podría demostrar una disminución de su poder de mercado y/o al aumento en la intensidad de competencia en los mercados locales que les impide hacerlo y no por efecto de una menor demanda, pero esto es muy complejo de demostrarlo industria por industria.

Otra explicación tiene que ver con la inflación importada. La mayoría de los países limítrofes han depreciado sus monedas abaratando sus exportaciones que ingresan a Bolivia. Si bien se registra una pequeña disminución en los precios de algunos artículos de limpieza, implementos del hogar, aparatos electrodomésticos y ropa en general que tienen origen extranjero, su incidencia es mínima (-0,13%) para atribuirle todo el efecto de la devaluación vecina a la inflación doméstica, además estos productos en su mayoría no compiten con producción nacional. Con esto no quiero decir que los precios internos no estén atados de alguna forma al dólar, sino que su incidencia es baja.

Si rezamos estrictamente esta hipótesis deberíamos augurar una colosal inundación de productos argentinos y brasileños a los mercados nacionales tras sus devaluaciones de 100% y 25% en el año, cosa que no ha ocurrido. Los países que devalúan también sufren de inflación que a la postre termina encareciendo sus propias exportaciones. En Argentina se realizaron ajustes a los costos de la energía y a los combustibles de más del doble y triple en dos años.

También queda la teoría del precio de los alimentos cuya división históricamente presentaba incidencias positivas salvo este año. Una gran parte de las verduras como la lechuga, el haba, las arvejas, el tomate, la zanahoria, tubérculos como la papa y la yuca, y frutas como la piña y la pera han mantenido o bajado su precio respecto de diciembre de 2017. Es esta la razón principal de la menor inflación y se debe a la buena campaña agrícola que incluso ha reducido las necesidades de importaciones de varios de estos alimentos. Bajo este contexto, la baja inflación es signo de estabilidad económica y crecimiento.

* Economista

Atres meses de cerrar el año, la inflación exhibe un aumento de 0,72%. La tasa acumulada, es la segunda más baja de la región. Mientras otros países se empeñan en bajarla parecería que la preocupación en Bolivia está a la inversa. ¿Es una señal de estabilidad de precios o un signo de desaceleración económica? ¿Cómo debemos tomar la noticia? y la respuesta en buen economista es “depende”. Para ello analicemos las causas de la menor dinámica alcista de los precios internos.

En principio no debemos olvidar que la inflación es un “promedio” de la variación de precios de una canasta representativa de bienes, es decir, que hay precios que suben y otros que bajan. Cuando la tasa de inflación está cerca de cero no quiere decir que exista invariabilidad, sino que en “promedio” los precios varían poco, porque existen variaciones negativas que compensan a las positivas. Durante 2018, más del 50% de los precios de los bienes se han incrementado, al menos una vez en el año, 44% han disminuido y solo un 7% permanecen constantes.

Cuando la inflación está bajando podría entenderse como signo de ralentización del consumo doméstico que dificulta las ventas, lo cual podría afectar el crecimiento económico posterior. Esta hipótesis ha sido recogida como una señal de desaceleración económica esgrimida por algunos economistas locales.

Lo cierto es que el consumo de las familias no se ha desacelerado. El gasto de los hogares se ha incrementado en 4% en el primer semestre muy cerca de su promedio histórico de 4,7% y éste siempre tiende a acelerarse hacia fin de año que es cuando más compras realizan las familias. Además, el ritmo de crecimiento económico se mantiene fuerte.

El hecho de que las empresas nacionales no puedan subir sus precios, bien podría demostrar una disminución de su poder de mercado y/o al aumento en la intensidad de competencia en los mercados locales que les impide hacerlo y no por efecto de una menor demanda, pero esto es muy complejo de demostrarlo industria por industria.

Otra explicación tiene que ver con la inflación importada. La mayoría de los países limítrofes han depreciado sus monedas abaratando sus exportaciones que ingresan a Bolivia. Si bien se registra una pequeña disminución en los precios de algunos artículos de limpieza, implementos del hogar, aparatos electrodomésticos y ropa en general que tienen origen extranjero, su incidencia es mínima (-0,13%) para atribuirle todo el efecto de la devaluación vecina a la inflación doméstica, además estos productos en su mayoría no compiten con producción nacional. Con esto no quiero decir que los precios internos no estén atados de alguna forma al dólar, sino que su incidencia es baja.

Si rezamos estrictamente esta hipótesis deberíamos augurar una colosal inundación de productos argentinos y brasileños a los mercados nacionales tras sus devaluaciones de 100% y 25% en el año, cosa que no ha ocurrido. Los países que devalúan también sufren de inflación que a la postre termina encareciendo sus propias exportaciones. En Argentina se realizaron ajustes a los costos de la energía y a los combustibles de más del doble y triple en dos años.

También queda la teoría del precio de los alimentos cuya división históricamente presentaba incidencias positivas salvo este año. Una gran parte de las verduras como la lechuga, el haba, las arvejas, el tomate, la zanahoria, tubérculos como la papa y la yuca, y frutas como la piña y la pera han mantenido o bajado su precio respecto de diciembre de 2017. Es esta la razón principal de la menor inflación y se debe a la buena campaña agrícola que incluso ha reducido las necesidades de importaciones de varios de estos alimentos. Bajo este contexto, la baja inflación es signo de estabilidad económica y crecimiento.

* Economista

Haciendo un paréntesis a los temas económicos cotidianos, me tomo la licencia de comentar sobre los recientes anuncios entorno a la demanda marítima interpuesta por Bolivia contra Chile como un ciudadano más, expectante del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que será difundido el 1 de octubre. Ese día pasará a la historia nacional como una fecha inolvidable, después de una larga espera de cinco años, tres meses y 19 días.

A partir de ahora comienzan a barajarse distintos escenarios. En el supuesto de que la CIJ le dé la razón a Chile, el Gobierno trasandino dará por cerrado el asunto. En el otro extremo, Chile se prepara para lo que podría ser el mayor fracaso de su política exterior de los últimos tiempos, puesto que un fallo favorable para el país implicaría el reconocimiento internacional, total o parcial, de un asunto pendiente con Bolivia.

Los comentarios y anuncios del presidente chileno, Sebastián Piñera, y de su canciller, Roberto Ampuero, revelan las probables acciones que el Gobierno de Chile podría asumir en los próximos meses. Si Santiago se niega a acatar un fallo que establezca que Chile tiene la obligación de negociar una salida soberana al mar para Bolivia, quedará en evidencia que no cumple los dictámenes de tribunales internacionales. Inmediatamente después habría que preguntarse ¿por qué entonces presentar otra demanda en la misma CIJ por las aguas del Silala? Sus gobernantes insisten en que Chile sí respeta los acuerdos internacionales, y exigen más bien a Bolivia cumplir con el Tratado de 1904.

Si para Chile acatar el fallo de la CIJ conllevaría ceder territorio nacional, cosa que según el Mandatario chileno no es posible porque la Constitución Política de su país no lo permite, ¿por qué entonces el propio Piñera aceptó en 2014 ceder 50.000 km2 de soberanía marítima en favor de Perú, superficie similar al territorio continental de Costa Rica, en concordancia con lo establecido por otro fallo de la CIJ? ¿No es acaso otra contracción?

Otra inquietud y contracción evidente es ¿cómo evitar que la unidad se resquebraje en Chile luego del fallo? Aparentemente una sentencia negativa para la nación vecina generaría intranquilidad en las filas del Gobierno, y por eso han llamado a la calma en espera del fallo. Voces disonantes al gobierno de Piñera han mostrado su simpatía por el lema “Mar para Bolivia” y podrían rebrotar con mayor intensidad en segmentos menos conservadores de la sociedad, dejando aislada a la oligarquía. Pero la preocupación mayor pasa por explicar a la población chilena que Bolivia no ganó la demanda que interpuso en la CIJ. Algo así como no nos ganaron, nosotros perdimos.

El fracaso de la diplomacia chilena comenzó desde el momento en que impugnó, sin éxito, la competencia del Tribunal de La Haya. Otro fracaso radica en su obstinada estrategia de aferrarse al cumplimiento del Tratado de 1904, en lugar de defender sus actos diplomáticos, que por más de un siglo evidenciaban que Chile tenía compromisos pendientes con Bolivia. La improvisación de esa defensa se vio reflejada en el cambio frecuente de sus cancilleres, agentes ante la CIJ y de su estrategia a lo largo del proceso.

En cuanto a Bolivia, tampoco conocemos cuál será la estrategia de la diplomacia nacional, pero sea cual fuese, debemos continuar la exitosa campaña realizada en busca de apoyo internacional. A la fecha más de 48 jefes de Estado y 19 personalidades mundiales se han pronunciado en favor de la causa boliviana, y se debe continuar esta tarea hasta lograr que la presión internacional obligue a Chile a cumplir sus compromisos asumidos.

La economía boliviana continúa en una senda de crecimiento sostenido. En 2017 obtuvo uno de los crecimientos más altos de la región: 4,2%, manteniéndose cerca del promedio de 4,7% desde 2014, año en el que más cayeron los precios de los principales productos de exportación, y el subcontinente entró en un periodo de desaceleración y recesión.

Los sectores que más aportaron al crecimiento del PIB en 2017 fueron el sector agrícola (7,6%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (5,2%); restaurantes y hoteles (5,1%); comercio (5,1%) y construcción (5%). Las cifras son por demás contundentes y prueban que el crecimiento boliviano es sostenido por todos los sectores económicos y no depende del ciclo virtuoso de los precios internacionales de las materias primas, sino de las políticas económicas adecuadas para impulsar la demanda interna.

Se avizora que en 2018 se mantendrá un ritmo similar, pero sin el efecto negativo registrado en los dos años anteriores del sector hidrocarburos, que decreció en -4,4% en 2016 y -2,4% en 2017. Este año, la demanda externa también aportará al crecimiento del PIB no solo por la recuperación importante de los precios del petróleo y los minerales, sino también por la mayor demanda de gas, en 3,4% hasta abril respecto a similar periodo de 2017.

La minería también se está recuperando. Entre enero y marzo las exportaciones de minerales se incrementaron en volumen; principalmente el plomo, zinc y wólfram, que se incrementaron en 2,2%, 5,3% y 10,2% respectivamente. A su vez el sector de la agricultura continuará impulsando el crecimiento. La corta sequía de comienzos de año no afectó ni al 2,5% de la superficie cultivable, según reportes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Por tanto, la producción agropecuaria continuará creciendo este 2018. Se espera además que la producción de caña de azúcar se incremente considerablemente por la mayor demanda de la industria de etanol y las mayores exportaciones, que en el primer trimestre registraron un alza de 4%.

Otro indicador del desempeño económico es el pago de impuestos, que están vinculados con el dinamismo de la economía, ya que genera su base imponible. El impuesto al valor agregado (IVA) del mercado interno ostenta un aumento a abril de 5,6%, mientras que el Impuesto a las Utilidades lo hace en conjunto en 18%, ambos respecto de 2017.

La inversión pública también es señal de una expansión acelerada. En el primer trimestre del año la ejecución creció en 8,9%, que en términos del presupuesto inicial representa 12,1%, mayor al 11,1% de la gestión 2017. Varias iniciativas productivas estatales contribuirán a generar un mayor valor agregado este año, tal es el caso de la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo, la planta de cemento de Oruro, la planta de fibra de camélidos de Laja, la planta de regasificación, la planta industrial de azúcar y alcohol, y las nuevas líneas de Mi Teleférico, entre otras.

El crédito otorgado por el sistema financiero al sector productivo al primer trimestre de 2018 se incrementó en 3% y el de vivienda social, en 7% respecto del saldo otorgado en 2017. A febrero de 2018 los ingresos de restaurantes y supermercados sumaron 2% más; el consumo de electricidad, en 2,9%; y el transporte aéreo nacional e internacional se elevaron en 10%. En consecuencia, a pesar de que son pocos meses del año, todo indica que el dinamismo de la economía continuará en 2018 y la perspectiva incluso tiende a mejorar aún más.