En 1981 Pinochet privatizó el sistema de pensiones en Chile dando paso a otro llamado de capitalización individual, el cual se regía por la libre competencia a través de empresas privadas que administraban los ahorros de los trabajadores denominadas APF. El sistema consistía en que cada persona ahorre una parte de su salario a cambio de recibir al término de su vida activa una pensión de jubilación, dejando de lado el viejo sistema de reparto por el cual la población activa financiaba a la inactiva. La reforma también permitió fortalecer la Bolsa de Valores de Santiago donde se invertirían esos fondos. Este sistema tendría éxito por aquel entonces e incluso sería imitado en otros países, entre ellos Perú y Bolivia.
Empero, conductas anticompetitivas de colusión y de integración vertical llevaron a concentrar el número de participantes en los últimos años. El poder de mercado se materializó en pensiones reducidas que incluso llegaron a un nivel por debajo del salario mínimo, mientras las comisiones que cobraban las empresas se mantuvieron altas.
Las diferencias de rentas de jubilación se acrecentaron en un país marcado por la desigualdad salarial principalmente entre hombres y mujeres. Aquellos sectores como las Fuerzas Armadas y la Policía que no formaron parte de esta reforma hoy gozan de pensiones más altas que las del sistema privatizado.
La precariedad en las rentas llevó en 2008 a la presidenta Michelle Bachelet, en su primer gobierno, a introducir una pensión básica con dinero estatal. En este su segundo mandato ya inició el tratamiento de una polémica reforma que contempla elevar la cotización del empleador del 10% al 15%, del cual el 3% se va a un fondo de cada trabajador y 2% a otro intrageneracional (Seguro de Ahorro Colectivo), donde los que ganen más aporten más. Otra propuesta trascendental es la creación de una entidad pública sin fines de lucro para que administre el fondo. El proceso se vio empañado por las renuncias recientes de los Ministros de Economía y Hacienda.
En Bolivia en 1996 se aprobó la Ley de Pensiones 1732 a imagen y semejanza del sistema previsional chileno (aunque con ciertas diferencias) al son de la privatización de otras empresas públicas. La idea fue vendida con el mismo eslogan político de la indiscutible eficiencia del sector privado y la posibilidad de generar ahorro interno en el mercado de valores, promesas que por supuesto no se cumplieron.
Afortunadamente para nosotros los ajustes vinieron más temprano que tarde. En 2010 se reformó el sistema de pensiones creándose un fondo solidario que mejora las rentas más bajas y que tuvo un ajuste reciente ampliando el beneficio. El número de aportantes fue en aumento de 1,3 a 2,1 millones entre 2010 y 2016, donde cada vez ingresan más trabajadores independientes. También se otorgó beneficios sociales como la reducción de la edad de jubilación entre otros.
La creación de una gestora pública es otro de los cambios más relevantes cuyo objeto es otorgar mayor rentabilidad a los fondos de pensiones y mejorar la atención a los aportantes. A pesar de las críticas que se ha recibido por la demora en su implementación puesto que el proceso de migración de datos es complejo y requiere la máxima seguridad y confiabilidad, se deben reconocer que es un gran avance hacia un sistema de pensiones más equitativo y accesible.
La propuesta de reforma previsional en Chile deja en claro el fracaso del sistema previsional privado que ha privilegiado el lucro antes que la solidaridad. Resulta por demás halagador que países vecinos sean los que ahora emulen ideas adoptadas en el sistema de pensiones boliviano como el fondo solidario y el reconocimiento del rol protagónico del Estado, donde no solo se trata de cuestiones de eficiencia asignativa sino de equidad redistributiva.