Fueron más titulares y piedras en el camino que el ejercicio real y eficiente de la fuerza social en las últimas semanas de conflicto en Achacachi, municipio en crisis por la cuestionada gestión del alcalde Édgar Ramos. Las protestas no consiguieron más que encandilar a los detractores del Gobierno, perjudicar las actividades de la región y generar una actitud ciudadana en contra de las manifestaciones.
Es posible identificar varios factores que pudieron haber evitado que las movilizaciones consigan su propósito: echar a la autoridad municipal. El más importante de ellos fue el desatino de no usar los mecanismos que las autonomías y la democracia local permiten en casos de que un alcalde o un funcionario haya incurrido en irregularidades: la fiscalización del Concejo Municipal, la participación del control social o, en caso extremo, la ejecución de un proceso revocatorio ante deficiencias en la gestión pública, y la denuncia penal.
Puede inferirse que quienes denuncian a Ramos no hayan logrado una fuerza política necesaria, para apelar en última instancia al conflicto social. Así se entiende la repentina incursión en la movilización del otrora dirigente campesino Felipe El Mallku Quispe, que al asumir una representación postiza de las organizaciones movilizadas solo logró una incidencia mediática a favor de las manifestaciones y no así la renuncia del Alcalde.
Esa musculatura ya había sido mermada con la detención del dirigente vecinal Esnor Condori y otros dos dirigentes, a quienes se los acusa de haber propiciado en febrero actos vandálicos en la capital municipal que terminaron dividiendo a los achacacheños. Sumados a ellos, los 18 vecinos detenidos de forma preventiva tras la intervención policial al bloqueo que el domingo desmovilizó la protesta.
De nada sirvió la alianza que el sector vecinal en conflicto haya firmado con gremios ajenos a su situación o totalmente dispares al problema. No han influido en la fuerza de las movilizaciones; resultaron inofensivos.
Desarticulado el bloqueo, el movimiento liderado eventualmente por El Mallku parece hacer aguas, por el cansancio de las bases, la división de la comunidad y la ausencia de una interlocución directa ante el conflicto. No es problema del Gobierno el conflicto en sí, pero sí la libre circulación vehicular camino a Copacabana interrumpida por la situación y la seguridad de las personas (se teme que Modesto Clares fue secuestrado y obligado a negarlo); por eso aquél no pudo estar indiferente ante la crisis. Ahora hay una posibilidad de diálogo, sin presiones.
Hay que entender de una vez que las crisis locales deben ser resueltas en ese ámbito, sin afectar a terceros. Ahí radica la convicción de las autonomías, como un espacio de autodeterminación y resolución de conflictos. Achacachi no puede despilfarrar su historia ante ímpetus políticos equivocados.