La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebra cada 16 de octubre, en más de 150 países, el Día Mundial de la Alimentación (DMA). El DMA ayuda a la FAO a promover la reflexión en favor de aquellos que padecen pobreza y hambre en el mundo. Con el lema “El clima está cambiando. La alimentación y la agricultura también”, este año la FAO invita a los Estados y a la sociedad a reflexionar sobre la necesidad de cambiar las políticas públicas de agricultura y alimentación, especialmente ante el hecho de que el cambio climático exige una transformación en los modos de pensar y promocionar los sistemas agroalimentarios locales y regionales en los distintos contextos socioculturales y ecológicos del planeta.

La inseguridad alimentaria es uno de los temas más sensibles vinculado con los efectos del cambio climático. Es importante destacar que gran parte de las 800 millones de personas del mundo que sufren inseguridad alimentaria crónica son los pueblos indígenas, agricultores familiares, pescadores, pastores y recolectores; justamente los más afectados por eventos climáticos adversos.

Los efectos del cambio climático plantean múltiples retos: reducen los índices de crecimiento de la productividad y ejercen una mayor presión sobre los ya frágiles ecosistemas y sistemas alimentarios. Estudios de la FAO alertan que el cambio climático está socavando la producción alimentaria, mientras que las prácticas y los patrones de desarrollo agrícola existentes amenazan los recursos naturales de los que depende la propia agricultura. Para hacer frente a este complejo escenario, la producción, distribución y consumo tienen que cambiar hacia sistemas alimentarios sostenibles y resilientes.

Para la FAO es urgente aumentar la resiliencia de los medios y sistemas de vida de los agricultores familiares más pobres y más vulnerables, creando capacidades propias para que puedan obtener suficientes alimentos e ingresos para alimentar a sus familias y abastecer los mercados locales y regionales. Según datos de la FAO, los actuales modelos de desarrollo agrícola están sobreexplotando y degradando los recursos naturales del planeta. La agricultura es responsable de aproximadamente el 70% del consumo mundial de agua, y cerca del 33% de la superficie dedicada a la agricultura se ve afectada moderada o gravemente por la degradación del suelo. Esto socava la productividad y la resiliencia de la agricultura familiar campesina, así como la salud a largo plazo de los ecosistemas.

¿Cómo podemos adaptar la agricultura a los efectos del cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)? La FAO recomienda a sus países miembros la implementación de una gestión sostenible de los recursos naturales, por ejemplo, reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos, evitar la deforestación y la sobrepesca, mejorar la gestión y la fertilidad del suelo, aumentar las prácticas que favorezcan la captación de CO2 en los bosques, reducir el uso de combustibles fósiles, integrar mejor la gestión del agua, promocionar la generación y el uso de energía alternativa y renovable y, claro, prevenir y prepararse para afrontar las crisis relacionadas con el clima.

José Graziano da Silva, director general de la FAO, ha asegurado que el sector agrícola debe transformarse no solo para conseguir la seguridad alimentaria y nutricional para todos, sino también para ayudar a abordar desafíos globales como el cambio climático. De hecho, concretar los objetivos de la Agenda del Desarrollo Sostenible en 2030 supone implementar sistemas agrarios y alimentarios basados en un modelo productivo agroecológico en armonía con la Madre Tierra, y que al mismo tiempo logren incluir social y económicamente a los pueblos indígenas y la agricultura familiar comunitaria de base ecológica y social comunitaria.

Para lograr los cambios necesarios a los sistemas alimentarios todos podemos jugar un papel protagónico, sobre todo cambiando nuestro comportamiento y decisiones cotidianas. Por ejemplo, podemos ser consumidores conscientes y éticos que cuestionen lo que compran y comen; podemos comprar solo lo que necesitamos, haciéndolo localmente y pensando en formas de reducir nuestros desperdicios y nuestra huella alimentaria.

Las inversiones en prácticas agrícolas sostenibles ayudarán a hacer frente al cambio climático aumentando la productividad, creando resiliencia entre las poblaciones vulnerables, y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo mundial para alcanzar el Hambre Cero supone la adaptación de los actuales sistemas agrícolas y alimentarios frente a los efectos del cambio climático.

Al menos 400 mujeres campesinas migrantes de áreas rurales de Bolivia producen alimentos ecológicos en áreas periurbanas para la nutrición de sus familias y el abastecimiento alimentario de miles de hogares en la ciudad de Sucre, como resultado de la cooperación técnica entre autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Las mujeres campesinas adoptaron una tecnología de producción desarrollada por la FAO en el altiplano boliviano que viene siendo probada y difundida hace diez años. El uso de esta tecnología ecológica y de bajo costo es apropiada a las condiciones socioambientales de la agricultura familiar campesina y les permite sembrar y cosechar de forma eficiente. Según el informe técnico de FAO Bolivia, cada familia produce 550 kg de hortalizas por año en un área de 24 m2. Se trata de producir en un espacio de 3 x 8 metros ubicado en el patio del hogar. Es así cómo las mujeres campesinas, con este medio de producción, rescatan su historia, su modo de vida originario, además de cumplir un importante rol social al alimentar de forma ecológica a las familias que viven en las ciudades.

Las mujeres campesinas de Sucre han logrado incorporar en su propia mesa más de 17 variedades de hortalizas, garantizando una dieta diversificada, sana y nutritiva para sus familias durante todos los días del año; además de incrementar los ingresos familiares con la comercialización de los excedentes en el mercado local. El buen manejo de esta tecnología intensiva de producción ecológica de hortalizas en las ciudades, denominada “carpas solares”, hasta hace dos años no era accesible a las mujeres campesinas de los distritos urbanos y periurbanos de la ciudad de Sucre. La fuerza, la labor y la dedicación de estas mujeres, hoy organizadas en la Asociación de Productores Urbanos de Sucre (APUS), se articula con la asistencia técnica y financiera de la FAO, la Gobernación de Chuquisaca y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia.

Los resultados de alcanzar seguridad alimentaria con soberanía y generación de ingresos familiares, a través de emprendimientos económicos comunitarios y ecológicos de familias en situación de vulnerabilidad social, ahora es una realidad en Sucre. La perspectiva a futuro es la intensificación de una política nacional de agricultura urbana y periurbana en las principales capitales de los departamentos de Bolivia. El efecto final es contribuir a que Bolivia, a través de la articulación e integración intergubernamental (gobiernos central, departamental y municipal), entregue servicios públicos de calidad, de forma permanente a las y los agricultores familiares comunitarios en la periferia de las ciudades.

Al mismo tiempo que centenares de mujeres campesinas migrantes de Sucre logran el acceso físico y económico al alimento sano en cantidad y calidad, el Estado Plurinacional de Bolivia va avanzando en el proceso institucional de consolidar una política pública consistente de promoción de la agricultura urbana y periurbana.

La participación de la FAO en el desarrollo de estas actividades ha posibilitado, desde la cooperación sur-sur trilateral Brasil-Bolivia-FAO, el poder intercambiar saberes y conocimientos en la gestión de políticas públicas de seguridad alimentaria en regiones metropolitanas. Es así que los actores gubernamentales de forma articulada van implementando en campo, en la vida de las familias, los servicios públicos de asistencia técnica para la inclusión productiva y la autonomía económica de las mujeres campesinas que viven en las periferias de las ciudades.

El colectivo de las agricultoras familiares urbanas y periurbanas y de los actores gubernamentales han logrado plasmar los pilares de una verdadera política pública: cofinanciada por los actores públicos (con la participación efectiva de la comunidad, que aporta también sus recursos económicos), con control social y, especialmente, con un sistema operativo descentralizado. Por ejemplo, la Gobernación de Chuquisaca ha incorporado en su Secretaría de Desarrollo Productivo y Economía Plural una unidad dedicada a la agricultura urbana y periurbana. El equipo técnico de esta secretaría, conformado por agrónomos, economistas, nutricionistas y pasantes de universidades, entrega un buen servicio público de asistencia técnica para que las mujeres construyan sus carpas solares, preparen abonos orgánicos, seleccionen semillas, siembren, controlen las plagas sin agroquímicos, elaboren sus alimentos y comercialicen sus productos en la propia ciudad. Todo ello de forma familiar, ecológica y comunitaria. Los Estados miembros de la FAO definieron como objetivos de esta organización de la Naciones Unidas para el cuadrienio 2014-2018 contribuir a la erradicación del hambre y pobreza rural a través del desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles e incluyentes, además de proteger los medios de vida de las familias afectadas por los efectos del cambio climático.

Las mujeres campesinas migrantes de Sucre contribuyen al logro de estos objetivos, enseñándonos con maestría cómo hacerlo. Ellas son un ejemplo para los demás departamentos de Bolivia y están en la capacidad de intercambiar y difundir esta experiencia con países de Latinoamérica y el mundo que buscan igualmente desarrollar sistemas agroalimentarios más ecológicos e incluyentes y resilentes a los efectos del cambio climático. La FAO, desde su sede en Roma, coordina un colectivo de actores (expertos, gestores de políticas públicas, organizaciones sociales) a nivel mundial denominado “Alimento para las ciudades” con el fin de promocionar e impulsar tales iniciativas en las grandes metrópolis globales de los continentes.

La tendencia mundial de los consumidores de forma general y en especial de los consumidores urbanos es buscar alimentarse bien con productos frescos, producidos de forma ecológica por la agricultura familiar comunitaria. Esta tendencia ha favorecido la afirmación de las políticas públicas antes señaladas en distintos países de América Latina, Europa y Asia principalmente. En Bolivia, el cambio en el marco legal que comprende políticas de producción ecológica, de fortalecimiento de la agricultura familiar y resilencia a los efectos del cambio climático, también favorece el desarrollo del programa nacional de agricultura urbana y periurbana, en esta perspectiva del desarrollo integral. Por lo tanto, las tecnologías ecológicas intensivas, accesibles a los presupuestos públicos y a las familias, pueden solucionar el grave problema del costo de alimentos a los consumidores finales, como es el caso del abastecimiento de hortalizas en los sistemas agroalimentarios metropolitanos.

Lograr el uso social y ambiental de la tierra urbana y periurbana, es decir, usar 24 m2 de los patios campesinos urbanos para la autonomía económica de las mujeres y el abastecimiento alimentario metropolitano, es un avance significativo. Asimismo, cuidar el buen uso de la tierra, apoyar a la territorialidad y la diversidad de los sistemas de vida de la agricultura familiar comunitaria boliviana es un desafío posible de alcanzar.

El Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) fue lanzado por las Naciones Unidas  el 22 de noviembre de 2013, en Nueva York, para poner en relieve el enorme potencial de los agricultores familiares para erradicar el hambre y conservar los recursos naturales.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), más de 500 millones de explotaciones familiares —definidas como aquellas que dependen principalmente de miembros de una familia para la gestión y mano de obra— producen alimentos que nutren a miles de millones de personas. De hecho en muchos países en desarrollo las granjas familiares representan alrededor del 80% de todas las explotaciones agrícolas. En Bolivia, según datos del INE, cerca de 770.000 unidades productivas son familiares y en pequeña escala, con una extensión promedio de cinco hectáreas por unidad productiva.

Datos de la FAO revelan que más de 70% de la población expuesta a la inseguridad alimentaria vive en zonas rurales de África, Asia, América Latina y el Cercano Oriente. Es decir, el rostro más cruel de la situación del hambre en el mundo es justamente el rostro de los agricultores familiares que viven de la tierra. En Bolivia, cuatro de cada diez personas que viven en zonas rurales son pobres (según datos presentados por la unidad de planificación de la Delegación presidencial para la Agenda Patriótica Bicentenario 2025, con base en información de la Encuesta de Hogares 2012 del INE).

Jose Graziano da Silva, director General de la FAO, en su discurso durante el lanzamiento del AIAF en Nueva York,  afirmó que “nada se acerca más al paradigma de la producción alimentaria sostenible que la agricultura familiar. Los agricultores familiares habitualmente desarrollan actividades agrícolas no especializadas y diversificadas, que les otorgan un papel fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y conservar la biodiversidad”.

Oportunidad  de Oro para Bolivia. En 2014, las actividades mundiales, regionales y nacionales en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar son una oportunidad de oro para que Bolivia promueva un amplio debate que fomente alianzas entre la sociedad y el Estado, de manera que se consolide una nación con soberanía productiva y alimentaria que reconozca las diversas agriculturas familiares: indígenas originarias, campesinas, comunitarias, interculturales y afrobolivianas en todo el territorio nacional.

La celebración del AIAF en Bolivia coincide con cambios estructurales en la dimensión política y social del país, los cuales fueron refrendados por el marco legal de la Constitución Política del Estado, sus planes de de-    sarrollo y su planificación estratégica denominada Agenda Patriótica. A través de la nueva CPE promulgada el 2010, el Plan de Desarrollo Productivo (PND 2011-2017); la Ley 144/2011 de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria; la Ley 3525/2011 de Producción ecológica, la Ley 300/2012 Marco de la Madre Tierras y Desarrollo Integral para Vivir Bien y finalmente, la Ley 338 de OECAS y OECON.

Desde la promulgación de la Ley 338, el Viceministerio de Desarrollo Rural ha establecido una agenda intensa de construcción participativa del llamado Programa Nacional de Agricultura Familiar Sustentable (Pronagrifs). Esta agenda, que cuenta con la cooperación técnica de la FAO, está impulsando: a) el Registro Nacional Agropecuario (Runpa), una herramienta fundamental de planificación de políticas públicas de desarrollo rural para lograr las metas de seguridad y soberanía alimentaria del país y b) el mapeo de las diversas agriculturas familiares campesinas comunitarias bolivianas, para que el Estado pueda planificar sus metas físicas y financieras a fin de entregar los bienes y servicios a los sujetos de la Ley 338. El mapeo generará la “Cartografía socio-territorial” de las agriculturas familiares bolivianas, que visibilizará cuáles son, cuántos y dónde están las diversas manifestaciones territoriales de los pequeños productores familiares bolivianos.

¿Por qué la agricultura familiar juega un papel central y estratégico para la soberanía alimentaria y el combate contra la pobreza? Los sistemas agrícolas y alimentarios incluyentes y sostenibles no pueden prescindir del modo de vida y la forma de producción de las unidades productivas familiares y pequeñas escalas, puesto que ellas generan trabajo productivo para las poblaciones más jóvenes de las comunidades rurales. A su vez, si los emprendimientos económicos campesinos de la agricultura familiar se desarrollan bajo la perspectiva de un comercio justo, es posible encontrar la clave para la erradicación de la pobreza rural. Y es que la agricultura familiar representa una oportunidad para dinamizar las economías locales, especialmente cuando se combina con políticas específicas destinadas a la protección social y al bienestar de las comunidades.

En líneas generales, el AIAF 2014 deberá contribuir con el actual diálogo Gobierno y sociedad —en el marco de la Agenda Patriótica 2025— con las reflexiones y debates que vienen de los aportes de los investigadores, académicos, de los gestores de políticas públicas gubernamentales del nivel central, departamental y municipales y de las instancias de control y participación social, como son los consejos nacionales de políticas seguridad alimentaria (Conan), producción ecológica (Cnape) y desarrollo productivo (Codep), entre otros.  El objetivo es poner en evidencia el tema en 2014 para que todos los involucrados —Estado, las organizaciones económicas campesinas comunitarias, el sector privado y de la economía social cooperativa— puedan lograr estrategias nacionales para integrar y concretar en el terreno, en las comunidades rurales y en la vida de las familias bolivianas el concepto constitucional de soberanía alimentaria para Vivir Bien.