Políticamente, el problema histórico del país, desde de su constitución como República independiente, ha sido el carácter del Estado. Porque éste nació como un ente de brazos cortos y se reprodujo de ese modo. La evidencia fundamental de ese Estado dinosaurio fue el desmembramiento territorial que sufrió el país, y la falta de integración de sus diversos y desiguales súbditos. Irónicamente ese Estado lo fue todo: garante, protector, proveedor, enemigo del movimiento social, fuente de privilegios, botín y recurso de sobrevivencia. Por esa contradicción, el Estado era demasiado poco Estado para un gran territorio de condiciones diversas y adversas. Por ello, todos los procesos históricos políticamente relevantes apuntaron hacia su modificación, control o reforma. En 2007, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) produjo un análisis al respecto bajo el título “El estado del Estado en Bolivia”.

La realización de una Asamblea Constituyente auguraba el remozamiento de ese Estado, pero la aprobación de un nuevo texto constitucional en un clima sombrío dio cuenta del fin de esa utopía. Sin embargo, el Estado de ahora no es en muchos sentidos comparable al Estado de antes; lo que no quiere decir que no mantenga rasgos históricos, puesto que sus órganos de gobierno se han mantenido inalterados, aunque adquiriendo otros nombres. Otros se han institucionalizado, sobre todo aquellos niveles de gobierno de carácter subnacional, aunque como producto también de reformas anteriores, como la que provocó la Ley de Participación Popular. Además, en un tiempo en el que las organizaciones internacionales obligan a los Estados a adoptar medidas conjuntas para asegurar un mínimo bienestar de sus ciudadanos, los gobiernos son forzados a modificar sus reglas.

No obstante, uno de los aspectos que parece mantenerse en el tiempo es la separación entre sociedad y Estado, la cual de hecho parece agravarse por la continuación de aquellas viejas formas políticas organizativas como el presidencialismo, y aquello que para el caso mexicano se denominó “el estilo personal de gobernar”. Es decir, el fenómeno de la personalización de la política. Mal combinado, el Estado (con defectos históricos), el presidencialismo y el personalismo político podrían derivar en un resultado perverso. Dos hechos ocurridos hace algunas semanas en el país pueden ejemplificar esa posibilidad.

El 19 de julio, en plena movilización de los enfermos con cáncer, durante la firma de un millonario contrato para la construcción de un “moderno instituto de gastroenterología” de La Paz, el presidente Evo Morales se preguntó: “¿Por qué ahora aparecen hermanas y hermanos con problemas de cáncer?”. Y se respondió: “Tal vez no hemos previsto por falta de orientación, recién ahora (estamos) invirtiendo en hospitales. Perdonen mi sinceridad, si hace seis u ocho años algunos hermanos médicos o expertos en medicina nos hubieran dicho ‘va a crecer este problema de cáncer’, ya hubiéramos terminado” (La Razón, 20.07.2018).

Días antes, el 9 de julio, Página Siete publicó un reportaje acerca del estado del “nuevo” mercado Lanza, a ocho años de su inauguración, calificándolo como insalubre, inseguro y como un espacio en estado de agonía. El reporte indicaba que “tras una inspección, el presidente del Legislativo municipal había afirmado la necesidad urgente de su intervención”.

En términos de lo argumentado, ambos casos dan cuenta de que la sociedad yace todavía lejos del castillo de cristal de los organismos gubernamentales del Estado, y que quienes los dirigen reposan encapsulados, pues parecen desconocer las necesidades de su sociedad, lo cual parece aberrante, aunque normal en nuestra vieja historia política.

Primero, al finalizar la Autopista La Paz- El Alto se abre la Av. Montes como la principal ruta de acceso al centro de la sede de gobierno. Ese espacio, que hace 30 años era dinamizado únicamente por los asistentes del Cine México, los compradores de las ferreterías y los estudiantes de las escuelas Brasil y España, sintetiza hoy el caótico modo de ser de La Paz, pues una gasolinera, una unidad académica, un sinfín de negocios privados y el trajín ruidoso del transporte concurren allí desastrosamente.

El agravante de esta incontrolable situación lo conforma el fondo de ese paisaje, cuyos edificios históricos, testigos mudos de esos cambios, lucen como ancianos decrépitos y abandonados, cuando en cualquier otra ciudad sede de gobierno serían revitalizados para ser objeto de presunción turística. En cambio, esa arquitectura, que se extiende hasta calles más abajo, luce ruinosa y vergonzosa al punto de que parece no guardar diferencia con la famosa Casa de la Democracia, la cual parece haberse mantenido de pie tras un bombardeo atómico. Una clara manifestación del descuido de las edificaciones históricas por parte de las autoridades municipales es el reciente derrumbe parcial de una casa patrimonial ubicada en plena Plaza Murillo.

Segundo, el 29 de diciembre, en otro hecho vergonzoso, ante la inconformidad de la población por el servicio de recojo de la basura, los ejecutivos de la “empresa” La Paz Limpia se presentaron en el programa de televisión Anoticiando, para anunciar que hasta fines de febrero contarían con la “maquinaria más especializada, compleja y de primer mundo para mantener limpia la ciudad”, cuando fue en octubre que se adjudicaron el recojo de la basura, cobrando la cifra aproximada de Bs 232.000 por día. Dicha publicidad repetida hasta el cansancio, presumiendo que tal empresa será la más moderna de la región, desvela que el Gobierno Municipal se encuentra costeando la formación de capital privado, en vez de dotar a la ciudad de su propio patrimonio.

Tercero, el Mercado Lanza lleva más de cinco años de vida, y, contra lo deseable, luce en peores condiciones, muestra de lo cual es el trato inamistoso de sus vendedoras, entendible quizá por el adefesio que las cobija. Pero resulta que los genios de esa edificación reprodujeron su estética en el Mercado Camacho, cuyos recovecos denuncian una estructura poco adecuada para soportar una desgracia natural. Para colmo de males, según un plan operativo anual, el Gobierno Municipal amenaza con destinarle la misma suerte al Mercado Uruguay. Con relación a esto, valdría la pena evaluar la utilidad de los viajes del Alcalde en el aprendizaje de las experiencias de otras ciudades; por ejemplo, de Cuenca (Ecuador), cuyo populoso Mercado 9 de Octubre fue remodelado magníficamente bajo la filosofía de “recuperar la ciudad para los ciudadanos”. Pero el burgomaestre paceño está “enamorado”, según la Directora de Comunicación Social de la Alcaldía, y eso explica su vagabundeo.

Cuarto, a un año del aumento de los pasajes, los choferes del transporte urbano resultaron ganadores de un juego de suma positiva dejando como gran perdedor no a la municipalidad, sino a la ciudad, porque mientras ellos aumentan sus privilegios, el caos vial, el trameaje, la contaminación auditiva y visual siguen avasallando la vida cotidiana de la ciudad. Y mientras unos ganan más, las calles empobrecen en su calidad, cuyas aceras se desmoronan.

El punto concluyente es: ¿quién gobierna esta ciudad?, ¿para quién se gobierna?, ¿es el recojo discriminatorio de la basura evidencia de un gobierno por y para la clase media? Una municipalidad que incluso tiene congeladas sus ordenanzas, al no asegurar la propiedad de sus ciudadanos, delata a un gobierno que está descuidando sus más básicas tareas.

Las malas noticias sobre nuestras universidades no resultan extrañas para quien conoce o terminó por desconocer la lógica de funcionamiento de estas complejas instituciones, ya que quien tiene contacto con sus prácticas formales e informales y sus modos de organización racional e irracional resulta envuelto no solamente por un ambiente que huele a ciencia y conocimiento, sino también a rancio, por la confrontación de los muchos intereses que la conforman, y que en muchos casos terminan por atrapar o ahuyentar a sus agentes.

Si bien todas las universidades han sido obligadas a transformarse por efecto del aumento de su matrícula, la creación de nuevas carreras, la introducción de las tecnologías de la información, la internacionalización, la adecuación de contenidos a la realidad, y un largo etcétera, aquel rancio ambiente no se ha disipado, ya que en los últimos años las denuncias sobre enriquecimiento ilícito, favoritismo, constitución de republiquetas, acoso, en fin, corrupción a todo nivel ha comprometido a cada una de las principales casas de estudio.

Ello es evidencia de una crisis del sistema universitario que sin embargo no es reciente, sino inherente a su propio funcionamiento. Por ello, si bien para un lego el problema acaecido en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) causó perplejidad, para un universitario representó simplemente la actualización de aquella crisis. Crisis arropada por una autonomía universitaria que es utilizada como un estandarte muy avejentado que cubre una Caja de Pandora, no dejando ver lo indecible de sus formas a la opinión pública.

De hecho, el ahora rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) llegó a ocupar dicho sitial con la promesa de acabar con la corrupción al interior de esta institución. El 7 de enero, la prensa publicó así los resultados de una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado, según la cual la UMSA había sufrido una malversación de Bs 13,2 millones solo entre 2006 y 2009. Pero el objetivo de que la UMSA sea vista “como una caja de cristal” no representa el problema toral de una crisis estructural, cuyas diferentes ramificaciones dan cuenta de la falta de plenitud para la actividad científica y académica.

Pese a ello, para su próximo congreso la UMSA ha anunciado un proyecto que tiene que ver con el plan de egreso de sus alumnos con el título de maestría. El argumento es estandarizar académica y científicamente a esa casa de estudios y equiparar la formación de sus estudiantes con la de las universidades del mundo (Página Siete, 27.07.2015).

Sin embargo, penosamente en el contexto internacional nuestras universidades se encuentran sumamente rezagadas, tanto que las diferentes entidades encargadas de elaborar los rankings de las 200 mejores universidades de América Latina (Topuniversities, Shanghái, QS University) ubican a la UMSA, la Universidad Católica Boliviana, la UMSS, la Universidad del Valle y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, en ese orden, entre los últimos 50 lugares.

Como metodológicamente esos rankings se construyen sobre varios indicadores, queda claro que poner a nuestras universidades a la par de las universidades brasileñas, mexicanas o chilenas, por ejemplo, mejor calificadas y que titulan licenciados, no depende de otorgar títulos de mayor valor, sino de “revolucionar” las universidades.

Además, en un contexto con escasas oportunidades laborales y de desperdicio de capital humano recientemente egresado supone que la crisis del sistema universitario no es endogámico, aunque su solución tampoco depende del “planteamiento del Gobierno de relanzar la autonomía universitaria” (La Razón, 06.08.2015), que suena más a querer controlarlo todo.

Más allá de aquella discusión completamente estéril que generó el nombramiento de La Paz como una ciudad maravillosa, enfrascando a los opinantes en posiciones contrarias que reivindicaron tal nombramiento en contra de aquellos que la cuestionaron, poniendo en duda incluso la valía de la firma organizadora, en diferentes países del mundo la noticia fue recibida con resignación por no haber obtenido ese estatus ciudades como México DF, Quito, Cartagena de Indias, Brasilia, Chicago o Barcelona.  De hecho, esta actitud de resignación le otorgó a la declaratoria legitimidad, porque ello supuso un inevitable reconocimiento. No en vano varias agencias de viajes, informativas o portales de internet, recomiendan ya la visita obligada a la ciudad de La Paz.

Pero ello, como lo han reconocido las autoridades y la propia población, supone un desafío que debería iniciar por precisar qué se debe entender por una categoría como la de ciudad maravilla, puesto que el término maravilloso parece permitirlo todo, en la medida en que solamente reconoce el estado de un algo en tanto extraordinario, magnífico, asombroso o sobresaliente en bondad, calidad o estimación, tal como cita cualquier diccionario. Es decir, el nombramiento pondera simplemente la cualidad de una ciudad como La Paz, por lo que existe la necesidad de una definición más dinámica que comprometa necesariamente a la acción gubernamental y social, a fin de que del reconocimiento de esa cualidad se pase al cumplimiento de una calidad que asegure la contemplación y vivencia de lo extraordinario.

Ello es muy necesario porque, como lo han señalado los detractores del reconocimiento, La Paz es el vivo ejemplo de una ciudad caótica, desordenada e ingobernable. Y es que una cosa es apreciarla en su exterioridad y otra muy distinta vivirla en su interioridad, porque éste es el ámbito en el cual se encuentran un sinnúmero de detalles, entre grandes y graves problemas, que si bien pueden ser apreciados como maravillosos no corresponden a una buena calidad de vida,  por lo que fácilmente pueden llegar a generar actitudes de desprecio.

Lejos del redundante problema del autotransporte o del botín político que representa la Alcaldía, destacan por ejemplo la circulación indiscriminada de automóviles a diésel, que por su gran efecto contaminante debería ser inmediatamente restringida; la penosa situación de los migrantes potosinos que sobreviven en condiciones de mendicidad,  pernoctando en inmediaciones de la terminal en plena ausencia de condiciones de sanidad y dignidad; la galopante criminalidad que está llevando a la ciudad a ser una de las más inseguras de la región, perfilándola como una urbe de día y no como solía ser, de noche; o la ausencia de cultura ciudadana que refleja la ausencia de programas elementales de educación cívica.

Considerando la dimensión y variedad de esos y muchos otros problemas, la declaración de ciudad maravillosa debería ser elevada a rango de política pública, incentivando a la organización de las juntas vecinales frente a aquellos grupos de presión que a guisa de conformarse como tales carecen de representación. Ello porque tal escenario inequitativo impide la capacidad de influencia sobre las acciones arbitrarias y verticales del Gobierno Municipal. De hecho, esa situación permitió el surgimiento de una perversa distinción de los barrios (de verdad) que repercuten en la ampliación de sus diferencias, ya que, según la medición de la pobreza en el municipio de La Paz, los macrodistritos Max Paredes y Periférica son los que concentran el mayor porcentaje de población en situación de pobreza. Esto requiere otros tipos de debate y no estériles posicionamientos.

En el plano de los códigos y los símbolos políticos que, contrario a lo que se supone, deben ser confusos porque un mensaje debe tener la capacidad de llamar la atención tanto del pobre como del rico, haciendo así que los intereses particulares se desplacen desde sus emisores bajo el ropaje de “intereses sociales”, llama la atención que los opositores que aspiran a competir en las elecciones hagan uso de ellos de manera muy pedestre, expresando con ello otra de sus debilidades ante la fuerza hegemónica vigente.

Es el caso del Frente Amplio, que en el nombre parece llevar la penitencia, ya que los rasgos que lo van definiendo representan un cúmulo de estrecheces que a medida que va pasando el tiempo no permiten avizorar su amplitud en términos ideales.

En primer lugar, pese a la militante labor de Samuel Doria Medina, a quien se le debería reconocer su empeño por conformar el Frente Amplio, el partido que lidera, Unidad Nacional (UN), como él, no ha podido consolidarse, pues su falta de aceptación popular se ha revelado en todas las contiendas en las que participó, al no poder superar el 8% de la votación, tanto que actualmente UN no gobierna ninguna alcaldía ni controla ninguna gobernación. De hecho, el partido surgió en un estado de agudización de la crisis de unidad del país en el que irónicamente no encontró mucho sentido, al menos electoralmente.

En segundo lugar, ello se debe a que UN representó desde su fundación, en 2003, un salvataje para las élites que en el momento de aquella grave crisis vieron también ahondada la crisis del sistema de partidos. UN se convirtió así en un tipo de partido criollo: el partido-reciclaje y hoy el Frente Amplio representa una extensión de esa condición, pues, en su intento de no caer en la inercia de UN, ha procedido a reclutar a personajes críticos del Gobierno y a hacer visibles a representantes de la vieja clase política. Pero si bien en este amasijo diverso esa alianza parece encontrar su sentido, que deriva si no en un embrollo ideológico al menos en un estrecho posicionamiento purista que se puede identificar como “centro”.

En tercer lugar, en un escenario en el cual la práctica democrática del Gobierno ha sido (circunstancialmente) cuestionada, el Frente Amplio ha definido como método de selección de sus candidatos a la técnica de la encuesta, caracterizada por su estrechez para el recogimiento de percepciones y valoraciones políticas, pero opuesta a cualquier mecanismo de competencia democrático, como una primaria; además, permite medir popularidades y no necesariamente capacidades.

Quizá por ello, han manifestado su interés por participar de la encuesta Doria Medina; Germán Gutiérrez, del Frente Socialista y Pacto de Integración Social; José Antonio Quiroga, del Colectivo Izquierda Democrática; Jimena Costa, que solía fungir como analista; Erick Morón, jefe de una fracción del emenerrismo, y Rafael Quispe.

En cuarto lugar, precisamente Quispe, en una interesante entrevista publicada por La Razón (09-03-2014), devela otra estrechez en la que el Frente Amplio podría incurrir, pues su visión del frente es la de un campo político en conflicto. En virtud de ello, Quispe asume que “el Frente Amplio son los culitos blancos; necesitamos indígenas”, porque “solamente un indio sacará al indio del Palacio”, aunque si ello no llegara a suceder, a la firma del acuerdo con Doria Medina, Quispe exigió el 20% de las candidaturas legislativas (25-02-2014).

Ante eso, más allá de que la encuesta aparezca como un medio de evitación de que otros frentes tomen el control del Frente Amplio, la cuestionable amplitud de éste tendrá que someterse a veredicto y ello sí o sí, por medios democráticos.