Un reportaje publicado días atrás en La Razón alerta que en la ciudad de Santa Cruz cada semana muere al menos un caballo cochero, no sin antes haber sufrido prolongados años de explotación, golpes y una deficiente alimentación. Urgen medidas para contrarrestar este execrable maltrato, que ocurre a la vista y paciencia de las autoridades locales.
Se estima que en la capital cruceña operan cerca de 900 carretas, 300 de ellas registradas en la Alcaldía, que son impulsadas por al menos 1.000 caballos. Estos carruajes son utilizados principalmente en barrios periféricos como la Villa Primero de Mayo, el Plan Tres Mil o Los Lotes para transportar todo tipo de carga (mobiliarios, alimentos, escombros, material de construcción, etc.).
Respecto a las condiciones de vida de los equinos, no hay mucha diferencia entre los que han sido registrados y los que no. Ambos grupos sufren por igual largas horas de trabajo sin las herraduras adecuadas para transitar en vías asfaltadas y/o empedradas (se estima que solo uno de cada 10 caballos cuenta con casquillos pertinentes). A cambio reciben una alimentación deficiente (algunos incluso se alimentan en basurales) y cantidades de agua bastante reducidas para afrontar el intenso calor de Santa Cruz. Por ello no sorprende que todos los caballos que han sido rescatados en las calles a punto de morir padecían anemia infecciosa.
Y esta triste realidad ocurre pese a que desde junio de 2015 el país cuenta con la Ley 700, que sanciona actos de crueldad y maltrato contra los animales. Sin embargo, una de las razones por las que esta norma no ha sido puesta en práctica hasta la fecha se debe a la falta de una reglamentación regional y de políticas municipales para tal efecto; lo que pone en relieve el poco interés que impera en los gobiernos subnacionales respecto al bienestar de los animales.
Y es que solamente hace falta un poco de voluntad para poner un alto al aberrante maltrato que sufren los caballos y otros animales. Por ejemplo, la municipalidad de Santa Cruz podría adoptar medidas similares a otras ciudades como Bogotá para sacar de las calles a las carretas. Para tal efecto, la Alcaldía de la capital colombiana prohibió con un decreto la circulación de vehículos impulsados por tracción animal; y a quienes se dedicaban a este rubro y estaban legalmente registrados se les ofreció entregarles una camioneta de carga, o en su defecto el dinero equivalente al costo del motorizado y asesoría para emprender un negocio. Ello a cambio de su carreta y de sus caballos. Adicionalmente, realizaron un estricto control para evitar que personas ajenas a este ámbito se beneficien de la medida.
Así, con medidas sencillas y voluntad política, el ayuntamiento de Bogotá puso fin a las carretas, y con ello, al repudiable maltrato que sufren los caballos utilizados en esta actividad medieval.