El hambre en América Latina y el Caribe está en su punto más alto en 20 años. Y la inseguridad alimentaria afecta a 4 de cada 10 personas. Esas son solo dos de las señales de alerta que entrega un nuevo informe de cinco agencias de las Naciones Unidas. El Panorama regional de seguridad alimentaria y nutricional muestra una situación muy grave: 60 millones padecen hambre, 267 millones de personas padecen inseguridad alimentaria moderada o grave y 106 millones viven con obesidad.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 es en parte responsable del deterioro de la seguridad alimentaria en los países: en 2020, el número de personas que padecen hambre en la región aumentó en 30%, un salto nunca visto.

Además, debido al aumento de la pobreza, la caída en los ingresos, la inflación y el alza en los precios de los alimentos, millones de familias están teniendo que optar por dietas más pobres y comida menos nutritiva, lo que está repercutiendo gravemente en su seguridad alimentaria y en su calidad de vida.

Pero si bien es indudable que la pandemia ha tenido un efecto, el hambre en la región viene creciendo desde hace años: el número de personas con hambre aumentó en 79% desde 2014, un incremento de 26,5 millones de personas.

América Latina y el Caribe continúa siendo la región del mundo donde sale más caro comer sano: con eso, no debe sorprendernos que 1 de cada 4 adultos viva con obesidad, y que el sobrepeso infantil lleve dos décadas al alza.

¿Cómo salir de esta dinámica? Sin duda, una parte fundamental de la solución es incluir la seguridad alimentaria como un objetivo importante de las estrategias y políticas con que los países buscarán la recuperación de la crisis social y económica generada por la pandemia.

La lucha por la seguridad alimentaria requiere más empleos y mayores ingresos laborales, especialmente para los sectores más vulnerables. Como la recuperación de la pandemia será desigual entre países y grupos sociales, debemos mantener y fortalecer los programas de seguridad y asistencia social creados durante la pandemia, con un fuerte foco en las familias más pobres y en todos aquellos trabajadores informales que durante largos meses perdieron sus fuentes de ingreso, hasta que dichos hogares recuperen sus niveles de ingresos anteriores a la crisis sanitaria.

La recuperación va a requerir inversión pública y privada dirigida a resolver las debilidades estructurales que fueron desnudadas por la pandemia, ya que esta no será la última vez que debamos enfrentar desafíos similares: los mercados mayoristas deben ser resilientes a este tipo de impactos, y la agricultura familiar, las personas que trabajan de forma asalariada en la agricultura y en la agroindustria deben contar con seguridad social. Necesitamos fortalecer los mercados locales, tanto en el campo como en los barrios de las ciudades, para poder asegurar canales de distribución de alimentos sanos y de alta calidad nutricional, incluso en tiempos de gran crisis y estrés social.

Si no desarrollamos sistemas agroalimentarios más eficientes, resilientes e inclusivos, no podremos enfrentar desafíos como el incremento que estamos observando en los precios internacionales de los alimentos, y la subida en el costo de insumos agrícolas y fertilizantes. Estos son factores globales que escapan del control de los gobiernos nacionales: afrontarlos requiere invertir y aumentar la eficiencia de nuestros sistemas alimentarios, para poder traspasar esas eficiencias a productores y consumidores.

Hemos visto cómo los gobiernos se han movilizado para actuar contra la pandemia. Necesitamos de forma urgente una vacuna contra el hambre y la malnutrición.

Esa vacuna es la transformación de los sistemas agroalimentarios para volverlos más eficientes, resilientes, inclusivos y sostenibles, asegurando una mejor producción, una mejor nutrición y un mejor medio ambiente, para una vida mejor.

Julio Berdegué es representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El hambre en América Latina y el Caribe aumentó en 14 millones de personas en 2020. Con ello la región perdió lo que había avanzado en 20 años de lucha contra este flagelo.

Al mismo tiempo, la pandemia aceleró la crisis de sobrepeso y obesidad. Cayeron los ingresos de las familias, y aumentaron los precios sobre todo de los alimentos perecibles que son más sensibles a las disrupciones de las cadenas de abastecimiento y distribución. La combinación de menores ingresos y precios más altos de los alimentos hizo que millones transitaran hacia dietas más baratas y de menor calidad nutricional. Ya vemos encuestas que nos anticipan cifras elevadas de obesidad, incluyendo entre niñas, niños y adolescentes.

Son 113 millones de latinoamericanos y caribeños los que no pueden permitirse lo que para ellos es el lujo de una dieta saludable, y están condenados a comer mal, y, por tanto, a enfermarse y a vivir vidas menos plenas. Incomprensiblemente, América Latina y el Caribe es la región del planeta donde es más caro consumir una dieta saludable.

La pandemia ha puesto en riesgo alrededor de 451 millones de empleos a lo largo del sistema alimentario global. En la región, 22 millones de personas más se sumaron a la pobreza en 2020. Este problema es particularmente duro en las áreas rurales, donde el 45% de la población es pobre.

La recuperación económica y social está siendo muy desigual. Los países desarrollados lograrán superar sus niveles de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en 2021, pero al menos 18 países de la región deberán esperar tres o más años para regresar al nivel en que estaban en 2019.

La pandemia ha sido una catástrofe humanitaria con hondas repercusiones sociales y económicas, que nos ha hecho relegar a un segundo plano la madre de todas las batallas de la humanidad, la relacionada con el cambio climático.

El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha sido un campanazo que nos llama a re-enfocarnos. En lo que se refiere a los sistemas agroalimentarios, nos recuerda que el 23% del total neto de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero se relacionan con la agricultura, la ganadería, la actividad forestal y el cambio de uso del suelo.

Por si fuera poco, está en curso una revolución científica y tecnológica que está generando nuevas realidades a velocidades pasmosas. Un solo ejemplo: en 2020, las inversiones privadas en las empresas de proteínas alternativas en el mundo sumaron $us 3.100 millones, casi cinco veces más que el presupuesto de EMBRAPA, el principal centro de investigación agrícola de la región.

En este contexto, hay quienes se preguntan si es necesaria la transformación de los sistemas agroalimentarios. ¿Deben cambiar su forma? ¿Deben cambiar sus costumbres los actores de estos sistemas agroalimentarios que, dicho sea de paso, nos incluyen a todos nosotros como consumidores?

Es verdad que entre los múltiples sistemas agroalimentarios que existen en el planeta no todo tiene que cambiar. No es necesario cambiar todas las dimensiones, formas y costumbres. Y también es verdad que, en muchos casos, la mejor respuesta al hambre y el cambio climático, o a la epidemia de obesidad causada por la mala alimentación, es conservar más que transformar.

La transformación no será un big bang, ni un solo proceso unificado y centralmente planificado. Será la suma de innumerables transiciones parciales, descentralizadas, con raíces y trayectorias locales y nacionales, autónomas en su origen unas de otras, pero vinculadas por todo tipo de interacciones. Algunos cambios serán muy profundos, otros menos, pero al cabo del tiempo, en 10, o 20, o 50 años más, los sistemas agroalimentarios de nuestros hijos y nietos serán marcadamente diferentes a los de hoy.

Este es y seguirá siendo un proceso en el que los ganadores serán quienes tengan la mayor capacidad de innovación, de adelantarse a los hechos, de descubrir y amplificar las soluciones y las nuevas formas de producir, procesar, comerciar, comprar y vender, y consumir alimentos.

Esta es una era fascinante para quienes se atrevan a pensar con la mente abierta, y una época de negros nubarrones para quienes prefieran atrincherarse en sus formas y costumbres para resistir sin cambiar.

Julio Berdegué es representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En los últimos 30 años, América Latina y el Caribe ha experimentado avances significativos en la reducción de la pobreza y el hambre. Sin embargo, aún en los países con mayores progresos hay territorios rurales que se han quedado atrás, lugares que parecen detenidos en el tiempo, donde las personas viven en condiciones sociales que se asemejan a las que había 50 años atrás. Son territorios olvidados, condenados por simple omisión o por haber sido objeto de políticas que no fueron pertinentes a sus condiciones y necesidades. Están muy lejos de los centros de poder, pero ya no son pasivos o silenciosos. Muchas veces desafían a sus países con caravanas de migrantes que huyen de la pobreza y la violencia, hospedando economías ilegales, o bloqueando inversiones que son vistas como una agresión más.

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 14 países de la región hay casi 2.000 municipios en territorios rezagados, los cuales albergan a casi 46 millones de personas. La mitad de esta población vive en el campo y el resto, en pueblos y pequeñas ciudades. Casi uno de cada cinco son indígenas o afrodescendientes. Y uno de cada cinco de sus hogares tiene jefatura femenina. Dependiendo del país, la población de estos territorios rezagados representa entre el 4% y el 16% de la población nacional. Son lugares en países como Colombia, Perú, República Dominicana o Brasil, que en general han reducido fuertemente la extrema pobreza y el hambre a nivel nacional, aunque en sus territorios olvidados aún hay niños y niñas que se mueren de hambre, y muchísimos más que crecen con sus vidas mutiladas por la desnutrición crónica.

Hay quienes proponen que la solución a estos territorios es simple: solo habría que vaciarlos de gente. Convertir a sus campesinos, indígenas y afrodescendientes en pepenadores en los basureros, o en vendedores ambulantes en las calles de las ciudades. ¿Pero las ciudades de estos 14 países están listas para recibir a 46 millones de personas? La migración, cuando es voluntaria, sin duda es parte de la solución, pero plantea sus propios desafíos. No hay que olvidar que miles de campesinos han emigrado en las últimas seis décadas desde las montañas de Guerrero en México, pero ello no ha evitado que muchos miles sigan allí, cultivando la amapola con que se produce la heroína, enriqueciendo los cofres de los capos del crimen organizado. Los territorios rezagados de América Latina y el Caribe no son un mal sueño que va a desaparecer de un día para otro. Y las consecuencias de su abandono no se van a deshacer por arte de magia. Porque esos territorios, aunque han sido olvidados, descuidados, explotados y desatendidos, son parte de nuestros cuerpos nacionales, y tenemos que empezar a tratarlos de la forma en que corresponde.

En la FAO creemos que no hay otro remedio que el desarrollo. Que los millones de hombres y mujeres que viven en estos lugares sean tratados como ciudadanos y ciudadanas que tienen derechos inalienables. No es mucho pedir. Ni siquiera se trata de invertir muchísimo dinero más; la clave está en mejorar sustancialmente la calidad de las políticas y los programas dedicados a estos territorios.

Ello significa menos clientelismo, mejor focalización y fórmulas de innovación apropiadas a las circunstancias de esos lugares y de su gente. También implica acercarlos a los mercados y, sobre todo, mucha, mucha, mucha participación social. Una verdadera participación social que reconozca el valor que posee la gente que habita estos territorios. Después de todo, son mujeres y hombres resilientes que responden si se les da la oportunidad. Porque vivir así no es fácil: se necesita mucha inteligencia social para seguir de pie en condiciones tan adversas.

Para fomentar esta transformación urgente, en la FAO estamos impulsando la estrategia “100 Territorios Libres de Hambre y Extrema Pobreza”, la cual busca que se dé reconocimiento político real a estos lugares, desarrollando soluciones prácticas, innovadoras y apropiadas, que amplíen las oportunidades económicas de los sujetos que habitan las zonas olvidadas. 100 Territorios trabajará para fortalecer esas sociedades territoriales y ayudar a los gobiernos locales a ser más competentes y eficaces, creando puentes que conecten estos territorios a lo largo de nuestro continente, para que aprendan unos de los otros.

¿Es difícil? Sí, es muy difícil. ¿El resultado es incierto? Por supuesto. ¿Requiere mucha voluntad política frente a poblaciones que pesan poco electoralmente? Sí, así es. ¿Pero cuál es la alternativa?

* Subdirector general y representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Mariana Escobar es consultora de la FAO, especialista en desarrollo rural.

Ciudad del Cabo se está quedando sin agua. Desde el 1 de febrero, el límite de consumo por persona es de 50 litros por día. Si no llueve, se calcula que a partir del 11 de mayo no saldrá ni una gota de agua de sus grifos. Pero éste no solo es un problema de Ciudad del Cabo. En los próximos 30 años tendremos que producir un 70% más de alimentos debido al aumento poblacional y al cambio en la dieta. Un enorme obstáculo para alimentar a 9.000 millones de personas será la disponibilidad de agua dulce. Sin agua, no hay comida; así de simple. Entonces, ¿podremos alimentarnos sin morir de sed?

En los últimos 100 años aumentamos ocho veces la extracción global de agua dulce, hasta llegar a 4.000 km3 anuales, equivalente a casi cinco veces el lago Titicaca. A nivel mundial, de este inmenso mar de agua dulce el 70% se usa para producir comida. El cambio climático añade aún más complejidad al desafío de producir alimentos para todos. Bajo un escenario conservador, países como Perú, Ecuador y Colombia experimentarán un aumento en promedio anual de las lluvias en torno al 30%, pero otras regiones como la Patagonia, México y el centro de Brasil se volverán más secas.

América Latina y el Caribe es la región con la mayor disponibilidad de agua dulce, con casi un tercio del volumen del planeta, y con solo un 9% de la población. En teoría tenemos 24.000 metros cúbicos por persona, un mundo de agua. Sin embargo, esta cifra esconde fuertes diferencias entre países y territorios: un tercio de la población regional vive en zonas áridas y semiáridas. Muchas áreas de Centroamérica, los Andes, el noreste brasileño y el Caribe sufren carencia recurrente o crónica de agua, y los asentamientos de la población no siempre coinciden con fuentes de agua abundantes. Además, existen diferencias climáticas dentro de un mismo país: la precipitación anual de Colombia varía de 300 mm al año en la península de La Guajira a 9.000 mm en la región del Pacífico.

Como tantas otras cosas, el agua también se reparte de forma desigual en América Latina y el Caribe. El consumo promedio por persona es de 240 litros al día, pero el consumo promedio de una familia acaudalada de Perú, que vive en San Isidro, es 25 veces superior al de una familia pobre de Lurigancho.

Pese a lo mencionado, somos una de las regiones con mayor potencial para aumentar de manera significativa su superficie agrícola regada. En la región, dos tercios de este potencial lo tienen cuatro países: Argentina, Brasil, México y Perú. En la región se podría extender el riego a una superficie equivalente a 106 millones de canchas de fútbol. Solo una quinta parte de esa superficie es regada hoy. Esto no es menor: una hectárea regada produce tres veces más comida que una que depende de la lluvia.   Pero no estamos haciendo mucho por aprovechar ese potencial. Al ritmo que hemos invertido en las últimas cinco décadas, tardaremos más de 300 años en aprovechar nuestro potencial de riego.

Expandir la superficie regada es caro. Y tiene un lado oscuro desde el punto de vista ambiental y social. Afortunadamente, hoy existen variedades de plantas y animales que permiten producir más alimentos con menos agua. Además, podemos usar el agua de manera mucho más eficiente, si se modernizan los sistemas de riego y se adoptan técnicas que mejoran la calidad del suelo para que almacene más agua por más tiempo.

Implementar estas medidas requiere de un mayor esfuerzo: más inversión pública y privada, más organización social, mejor gobernanza del agua, de los suelos y los sistemas alimentarios. Y políticas públicas que faciliten todo lo anterior.

Entonces, ¿podremos alimentarnos sin morir de sed? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es enfática al respecto: sí, ya que podemos producir muchos más alimentos con mucho menos agua. Pero debemos comenzar hoy mismo.