En las últimas semanas, a raíz de la presentación del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) para 2023, en medios de comunicación se entretejieron una serie de comentarios, críticas y opiniones políticas respecto a los datos que el Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa.

Ante esta serie de opiniones vertidas por asambleístas, analistas políticos, etc., me gustaría desarrollar alguna de las temáticas debatidas: cuál es la razón por la que el presupuesto de Bolivia representa uno de los porcentajes más altos respecto al Producto Interno Bruto (PIB) comparado con otros países, lo cual implicaría un importante gasto corriente estatal y que se concentra en el pago de sueldos y salarios de un aparato estatal grande.

Se dice que es un despropósito que el PGE 2023 represente el 78% del PIB, incluso analistas señalan que éste alcanzaría al 83%, muy por encima si se compara este porcentaje con el de otros países como Estados Unidos con 30%, Chile con 25% y Paraguay, 40%. Sin embargo, para realizar esta comparación, debemos conocer las particularidades del presupuesto de Bolivia.

A diferencia de lo mencionado respecto a otros países, Bolivia incorpora en su presupuesto a todas las entidades que administran recursos públicos, es decir, órganos del Estado, entidades de control y defensa, entidades descentralizadas y de seguridad social, empresas y universidades públicas, gobiernos departamentales, municipales, entre otros, lo que impide efectuar una comparación directa con otros presupuestos.

Entonces, si al presupuesto le quitamos las instituciones que otros países no contemplan dentro de sus presupuestos, como empresas públicas, universidades y entidades territoriales autónomas, el porcentaje respecto al PIB se encuentra alrededor del 40%, cifra ahora útil para un análisis comparativo.

Un segundo aspecto también cuestionado está relacionado a la composición del presupuesto de gasto corriente, que para 2023 se proyecta con Bs 144.485 millones, lo cual implica un 59,2% del total, una cifra elevada para algunos analistas.

Pero si vamos descomponiendo este dato comprenderemos que Bs 62.799 millones se destinan a la compra de bienes y servicios, donde se concentra principalmente los gastos que YPFB realiza por la importación y comercialización de gasolina y diésel; otro componente importante es aquel vinculado a los gastos de operación de las empresas públicas.

Un tercer elemento de este análisis que forma parte de los gastos corrientes son aquellos destinados a sueldos y salarios, los cuales se cuestionan enfáticamente al señalar que la razón es porque se tiene un aparato estatal demasiado grande, aseveración que nuevamente puede refutarse si nos interiorizamos y entendemos qué es lo que implica este pago.

Para 2023, el Gobierno destinará Bs 47.253 millones a sueldos de los más de 188.000 ítems de maestros y administrativos del magisterio fiscal y de las direcciones departamentales de Educación, más de 70.000 ítems que se encuentran en los servicios departamentales de Salud, programas de salud, entidades de seguridad social y aquel personal de salud con el que cuentan las gobernaciones y municipios, y los 61.700 efectivos policiales y militares.

Solamente el gasto en sueldos de los cuatro sectores mencionados representa el 58,1%, es decir Bs 27.472 millones, entre las entidades territoriales autónomas y las universidades se suma Bs 8.302 millones, las cajas de salud con Bs 3.526 millones, las empresas públicas tienen Bs 3.177 millones y en el resto de entidades públicas se concentran Bs 4.776 millones.

Como se pudo apreciar, es sumamente importante profundizar el análisis respecto a la composición del PGE que se encuentra en tratamiento y debate en la Asamblea Legislativa, lo que permite comprender el destino de la política fiscal que el Gobierno plantea en el marco del Modelo Económico Social Productivo.

Rodolfo Perales Arce es economista.

A inicios del año, autoridades mujeres de gobierno, acompañadas por representantes de movimientos sociales de mujeres, declararon a 2022 como el “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización con una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres”, con el fin de establecer mayores mecanismos de información que permitan dar a conocer las acciones desarrolladas para enfrentar esta problemática.

Tener mayor conocimiento de los delitos que más se cometen en Bolivia y aquellos vinculados a la violencia contra la mujer, ayudaría a “pisar tierra” y tomar conciencia de este problema; asimismo, entender la norma que busca garantizar a las mujeres el derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica, y conocer el financiamiento que los niveles de gobierno realizan para su cumplimiento.

Según la Fiscalía, hasta marzo 23 mujeres fueron víctimas de feminicidio y si nos remitimos a 2021, se confirmaron 108 feminicidios: 43 en La Paz, 17 en Santa Cruz, 15 en Cochabamba, 10 en Oruro, 10 en Potosí, 6 en Chuquisaca, 3 en Beni, 3 en Tarija y 1 en Pando, realizados por hombres con relación de parentesco con las víctimas. Otro dato alarmante señala que en Bolivia los delitos de violencia familiar alcanzan el 50% del total, luego están los robos con el 14%, lesiones graves y leves 11% y entre hurto, estaba, robo agravado y lesiones vinculadas a accidentes el restante 25%; esto implica que 9 de cada 10 víctimas de violencia familiar o doméstica fueron mujeres.

Con esta problemática, en 2013, el Gobierno promulgó la “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, planteando la implementación de mecanismos, medidas y políticas de prevención, atención, protección a las mujeres. Esta ley manda a todas las entidades públicas, incluyendo gobernaciones y municipios, a realizar las acciones necesarias y destinar recursos suficientes para este fin. La mencionada norma, adicionalmente, crea la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), como organismo especializado de la Policía; se establece el sistema de atención integral a las mujeres en situación de violencia; y con su reglamentación se definen porcentajes que las entidades deben destinar para financiar todas estas políticas.

Aparte, al revisar la normativa que regula el financiamiento, de los recursos que reciben las gobernaciones por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el 10% se destina a seguridad ciudadana y, a la par de este porcentaje, un 15% es para la prevención y la construcción y mantenimiento de casas de acogida y refugios; a ello se suma el 10% para la infraestructura y equipamiento de la FELCV.

En el caso de los municipios ocurre algo similar: del IDH que reciben según la población, se destina entre 5% y 10% para seguridad ciudadana y de estos porcentajes, aquellos con menos de 15.000 habitantes utilizan 15% y los que cuentan con una población igual o mayor a 15.000 habitantes, disponen el 20% del total de los recursos del IDH de este acápite para la prevención y construcción de casas de acogida, y 10% para la FELCV.

Evidentemente, el nivel central del Estado destina también recursos para este fin, por ejemplo el bono Juana Azurduy, los centros de salud como el hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud, o el financiamiento de las fiscalías o juzgados.

Desde la perspectiva del análisis planteado, existe una amplia normativa que define políticas, estructuras de financiamiento e instancias destinadas a la lucha contra la violencia hacia la mujer, sin embargo, no se ha podido revertir esta situación, probablemente porque son necesarios mayores mecanismos de seguimiento y control en las instancias involucradas, pero también es importante que la sociedad tome conciencia y asuma su responsabilidad para afrontar este mal. ¿Usted qué opina?

Rodolfo Perales Arce es economista.