Ni sí ni no, sino antes bien, todo lo contrario”, es la frase completa de un presidente mexicano. En Bolivia diríamos: “¿Cómo será ps?”; o en quechua: “Imaynachus a?”. Son diversas maneras en que se puede caricaturizar lo que está pasando actualmente entre el gobierno local de Cataluña y el Gobierno central de España, en esa pulseta entre el presidente Mariano Rajoy y el president de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont.
Este conflicto no viene solamente del reciente referéndum independentista realizado el 1 de octubre en Cataluña, sino desde hace siglos, sobre todo desde la llegada al trono del rey Felipe IV, con la corte de Austria, en el siglo XVII; y del primer rey Borbón (Felipe V) en el siglo XVIII, quienes le quitaron a Cataluña una serie de privilegios que tenía a título de modernizar España. Durante el reinado de Felipe IV ocurrió la sublevación de Cataluña, en el marco de la Guerra de los 30 años (de 1640 a 1682). El siguiente conflicto, la llamada Guerra de Sucesión española (de 1701 a 1713), consolidó a los borbones en la monarquía. En ambos casos fue clave el Consejo de Ciento (Consell de Cent en catalán), la institución de autogobierno municipal de Barcelona, que se remonta al siglo XI. La nación catalana (sea o no un Estado) tiene, pues, una historia y una cultura política, lingüística, artística, etc. de más de 1.000 años.
Por tanto, el declarar “ilegal” al referéndum independentista del 1 de octubre fue una movida más dentro de esta milenaria pulseta. El penúltimo que intentó rematarla de una vez por todas fue el generalísimo Franco, con los resultados que ya vemos. ¿Querrá Rajoy seguir sus pasos?
En lo que todos estamos de acuerdo es que, ante todo, se necesita diálogo y más diálogo, para lo que no basta el modelo de las “autonomías”, al menos en el caso de Cataluña, el que concede mucho menos que, por ejemplo, los estatutos del País Vasco. El diálogo llevará a incluir también la posibilidad (o tal vez la urgente necesidad) de acoplar la Constitución de España vigente, que refleja la realidad de ese país poco después de la muerte de Franco, a la actual realidad del Estado español. Por eso no tiene mayor sentido querer aplicar sin más las leyes actuales a un Estado ¿plurinacional? en construcción (ver mi artículo del 8 octubre).
El declarar en los próximos días a Cataluña como una república independiente forma parte de esa misma pulseta. El conflicto actual se recrudeció desde 2010, cuando el Tribunal Constitucional español rechazó el estatuto de Cataluña, presentado ya en 2006 después de haber sido aprobado internamente por el 74% de los parlamentarios catalanes. ¿Qué habrá pasado durante esos cuatro años? Me t’ínka que si en aquel entonces el Tribunal Constitucional hubiese sido más flexible, tal vez la opción separatista actual no habría llegado tan lejos. Desde entonces (2010) empezaron a proliferar más y más banderas de la República catalana, con las clásicas “cuatro barras” rematadas con un triángulo azul y una estrella en el medio.
Lo que más debe dolerle a la burguesía catalana son las grandes empresas que en las últimas semanas han trasladado su sede central de Barcelona a Madrid o a alguna otra ciudad fuera de Cataluña. Un dicho catalán reza que “Barcelona és bona, si la bossa sóna” (Barcelona es buena si la bolsa —con monedas— suena); aunque enseguida muchos añadiríamos: “Tan si sóna con si no, Barcelona és bona” (Tanto si suena o no, Barcelona es buena).
Si fruto de ese diálogo bien abierto Cataluña siguiera en España pero con mayores privilegios —y por tanto se ahorraría el inevitable proceso de intentar ingresar a la Unión Europea como un nuevo Estado (quizás incluso como un república federal)—, nos ahorraríamos muchos problemas, ¿no les parece?