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Monday 18 Mar 2024 | Actualizado a 22:02 PM

Radiotaxis inseguros

La población en general tiene que ser parte de la iniciativa de control

/ 29 de octubre de 2017 / 04:00

Para nadie debe ser desconocido que uno de los factores de inseguridad ciudadana que con mayor frecuencia aparece en las noticias es el de los taxis y radiotaxis cuyos conductores, con o sin apoyo de cómplices, roban y abusan de sus circunstanciales pasajeros. En La Paz, la Asociación de Radiotaxistas de la ciudad y la Policía anunciaron controles conjuntos.

La iniciativa, que no es la primera que se anuncia de manera conjunta entre el gremio de los taxistas y las autoridades responsables de la seguridad de la población, está inspirada esta vez en el crimen que le costó la vida hace poco más de un mes a una joven de 26 años, quien fue asesinada por un conductor que, luego se supo, tenía antecedentes penales.

No es el único antecedente; entre el 1 de enero y el 15 de septiembre, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) atendió solo en La Paz 15 casos de violación a bordo de radiotaxis y numerosos casos de robos dentro de los automóviles; se sospecha que son muchos más los casos que no llegan a ser denunciados.

Otros antecedentes a las medidas de control, que se han puesto en práctica desde el viernes pasado, incluyen un registro municipal de los conductores y sus automóviles y, desde 2013, la obligatoriedad de contar con la Tarjeta de Identificación del Conductor (TIC), que solo puede ser adquirida tras la presentación de un certificado que demuestre que la persona no tiene antecedentes penales. Es evidente que el incumplimiento de este requisito no impide que personas peligrosas se pongan tras el volante.

Según el anuncio conjunto, los controles incluyen la observación del uso de las luminarias (a menudo empleadas sin conocimiento de las empresas de radiotaxi), y la verificación de que los conductores cuentan con toda la documentación necesaria para prestar el servicio a nombre de la firma, además de la TIC y la licencia de conducir. Días antes, el Ministro de Gobierno había anunciado que se hará una revisión de la base de datos de radiotaxistas que tiene la Dirección de Tránsito; también anunció que desde 2018 se implementarán otras medidas de control, incluyendo el uso de cámaras de vigilancia y, tal vez, el uso de chips de rastreo satelital en los automóviles.

Finalmente, el Vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Zona Sur, a tiempo de manifestar su acuerdo con la iniciativa, señaló que la población en general tiene que ser parte de la iniciativa de control, así como el gobierno municipal, ya que es, en última instancia, el que otorga permisos de funcionamiento.

Es evidente, pues, que toda medida de seguridad es buena y necesaria en un contexto de inseguridad como el que se percibe en el uso de taxis y radiotaxis, por ello son también necesarios los llamados a comprometer en esta tarea a autoridades tanto como a ciudadanos.

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Discursividad jurídica

Farit Rojas

/ 18 de marzo de 2024 / 07:23

En 1969, en una conferencia titulada ¿Qué es un autor?, Michel Foucault habló de un determinado grupo de autores bastante singulares que cumplen la función de «fundadores de discursividad». Estos autores tienen en particular haber abierto la posibilidad de formación de corrientes de pensamiento, una especie de continuidad discursiva que se inaugura con su obra. Foucault mencionó a Marx y a Freud como ejemplos de estos fundadores de discursividad.

Hace unos años participé en una comisión destinada a elegir los textos para un curso propedéutico de ingreso a la Carrera de Derecho, fue entonces que, con un grupo de profesores de Derecho, nos cuestionamos qué libros deberían ser los que consideramos fundadores de discursividad para la disciplina del Derecho.

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Mi lista, completamente arbitraria pero que intento justificarla, comprendía al opúsculo de Immanuel Kant titulado Fundamentación a la metafísica de las costumbres, pues en este breve texto Kant ofrece la explicación más sencilla de la idea de «deber ser», fundamental para el estudio del Derecho, y la relación del «deber ser» con la libertad, diferente a la noción de deber ser jurídico expuesta por Hans Kelsen. A continuación, me parece que deberían estar los Fundamentos de la filosofía del Derecho de G.W.F. Hegel, pues en este árido texto Hegel funda la reflexión sobre la sociedad civil y el Estado, e inaugura una filosofía del Derecho en tanto disciplina. Dando un salto de casi 100 años me parece que la llamada Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen ocupa un lugar central en la reflexión del saber jurídico, si bien no funda al llamado positivismo jurídico (cuyos orígenes se encuentran en el siglo XIX), ayuda a darle una forma abstracta y fundadora de la llamada lógica del Derecho, siendo su reflexión sobre la norma jurídica la más fina y lograda explicación del Derecho desde el lenguaje y la lógica jurídica. Finalmente considero que hay dos obras igual de importantes para pensar el Derecho: El concepto del Derecho de H.L.A. Hart, una obra de 1961 en la que pone el acento en los tipos de normas que hacen en sí al Derecho, y fundamenta la importancia de la llamada norma secundaria, es decir las normas jurídicas que versan sobre otras normas jurídicas y su clasificación en reglas de reconocimiento, cambio y adjudicación. El último lugar de mi selección personal de discursividad jurídica lo reservé para una obra de teoría política, pero con implicaciones muy importantes en el Derecho, me refiero a la Teoría de la Justicia de John Rawls, la exposición más lúcida sobre la relación del diseño de instituciones racionales con la justicia. Se trata de un canon occidental del Derecho, pero necesario para comprender y tratar de dar la respuesta a la pregunta de qué es el Derecho.

(*) Farit Rojas es docente investigador de la UMSA

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Haití, el precio de la libertad

La antigua Perla del Caribe está hoy en manos de un grupo de pandilleros que amenazan con desatar una guerra civil

Javier Bustillos Zamorano

/ 18 de marzo de 2024 / 07:19

Según un concepto estadounidense inventado en los años 90, luego de la caída de la Unión Soviética, Haití es un Estado fallido porque ya no tiene control de su territorio, sufre un vacío de poder, no puede satisfacer las necesidades básicas de su población y sus instituciones son frágiles. Lo que no dicen es que esto se debe, en gran medida, al saqueo que perpetraron España, luego Francia y después Estados Unidos, de toda la riqueza natural de este país que hace dos siglos era el más próspero del continente y precursor de libertades en América.

Fue el primer sitio al que las hordas españolas llegaron en 1492 y exterminaron a la población nativa de arawaks, que de ser 300.000 fueron reducidos a 200. Robaron todo el oro y mármol que pudieron y establecieron ahí su primera base militar. 150 años después llegaron los franceses que repoblaron el lugar con esclavos traídos de África para la explotación de algodón, café y azúcar. Esclavos que difícilmente llegaban a los 21 años de edad, por el agotamiento y los trabajos forzados en las plantaciones, los castigos brutales y la falta de descanso.

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Fue el tiempo, finales del siglo XVIII, en que esta isla se convirtió en el lugar más próspero del continente, tanto que desde esos días era conocida como la Perla del Caribe. Llegó a tener 600.000 habitantes, 90% esclavos y 10% colonos blancos que detentaban el 80% de la riqueza y todo el poder en el territorio. Más de 100 años duró el despojo, hasta 1791, cuando la poderosa Francia sufrió el revés más humillante que jamás imaginó: al mando de cientos de peones, el líder negro llamado Toussaint Louverture encabezó la primera revolución triunfante de esclavos en América que echó a los franceses de su territorio. 13 años después, otro dirigente, Jean Jacques Dessalines, concluyó la tarea y logró que Haití fuera el primer país de América Latina en independizarse, en 1804.

Dolida por la pérdida de su colonia más productiva, Francia exigió a la nueva república de Haití el pago de una indemnización por la pérdida de sus propiedades. ¿Cuánto? el equivalente a $us 560 millones actuales. ¿No tienen dinero? No hay problema, nosotros les prestamos. Haití tardó 70 años en pagar su deuda a los bancos franceses.

Quedó destruida económicamente y con una población empobrecida. Fue cuando entró en acción el otro imperio, el estadounidense, que invadió el país en 1915 con el pretexto de “no dejar a su suerte a un país muy pobre y demasiado inestable”. El entonces secretario de Estado norteamericano, Robert Lansing, dijo que la ocupación era una misión civilizatoria “para poner fin a la anarquía, salvajismo y la opresión”. Lo que no dijeron, y aún ahora lo esconden, es que un año antes, en 1914, enviaron a un grupo de marines que sacaron del banco nacional de Haití cajas con $us 500.000 en oro que de inmediato fueron trasladadas a las bóvedas del National City Bank que, años después, se convirtió en el actual Citigroup.

Según una investigación del The New York Times (junio de 2022), fue este banco estadounidense que ordenó la invasión de Haití y se apoderó de su administración financiera, con préstamos y otros mecanismos. Estados Unidos se quedó 19 años, asesinando y trasladando dinero haitiano a bancos de Wall Street. Se fueron en 1934, pero siguieron expoliando financieramente otros 13 años más, con la complicidad de dictadores como Francois y Jean Claude Duvalier. ¿Se explica ahora por qué Haití es el país más pobre de Latinoamérica?

La antigua Perla del Caribe está hoy en manos de un grupo de pandilleros que amenazan con desatar una guerra civil y un genocidio. Tienen tomado casi todo el país, atacaron el aeropuerto, liberaron a más de 3.500 delincuentes y obligaron a la población a refugiarse en escuelas y oficinas públicas, y a renunciar al exprimer ministro Ariel Henry. La prensa muestra muertos en las calles y ya hay escasez de alimentos…

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”, hizo decir Miguel de Cervantes a Don Quijote. Pero para los haitianos tuvo un precio muy alto.

(*) Javier Bustillos Zamorano es periodista

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Universidades y el riesgo de su futuro

El gobierno ayudó a financiar universidades con exenciones fiscales y financiación para la investigación

Pamela Paul

/ 18 de marzo de 2024 / 07:08

Durante más de un siglo existió un entendimiento entre las universidades estadounidenses y el resto del país. Las universidades educaron a los futuros ciudadanos de la nación en la forma que consideraron adecuada. Su cuerpo docente determinó qué tipo de investigación llevar a cabo y cómo, en el entendido de que la innovación impulsa el progreso económico. Esto les dio un papel esencial y una participación tanto en una democracia pluralista como en una economía capitalista, sin estar sujetos a los caprichos de la política o la industria.

El gobierno ayudó a financiar universidades con exenciones fiscales y financiación para la investigación. El público pagaba impuestos y, a menudo, tasas de matrícula exorbitantes. Y las universidades disfrutaron de lo que se ha dado en llamar libertad académica, la capacidad de quienes cursan la educación superior de funcionar libres de presiones externas.

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«La libertad académica nos permite elegir qué áreas de conocimiento buscamos y las desarrollamos», dijo Anna Grzymala-Busse, profesora de estudios internacionales en Stanford. “Políticamente, lo que la sociedad espera de nosotros es formar ciudadanos y proporcionar movilidad económica, y esa ha sido la base del apoyo político y económico a las universidades. Pero si las universidades no cumplen con estas misiones y se considera que priorizan otras misiones, ese acuerdo político se vuelve muy frágil”.

Por supuesto, desde hace mucho tiempo ha habido intentos de interferencia política en el mundo académico, con una desconfianza hacia el elitismo ardiendo bajo el desdén generalizado por la torre de marfil. Pero en los últimos años, estos sentimientos se han convertido en acción, con las universidades sacudidas por todo, desde el activismo de sus administradores hasta las investigaciones del Congreso, la arrebatación del control por parte del Estado y la amenaza de retirar el apoyo gubernamental.

El número de republicanos que expresan mucha o bastante confianza en las universidades se desplomó al 19% el año pasado, desde el 56% en 2015, según encuestas de Gallup, aparentemente debido en gran medida a la creencia de que las universidades eran demasiado liberales y estaban impulsando una agenda política, según una encuesta de 2017. Pero podría empeorar mucho.

“Una presidencia de Trump con una mayoría legislativa republicana podría rehacer la educación superior tal como la conocemos”, advirtió la semana pasada Steven Brint, profesor de sociología y políticas públicas en la Universidad de California, Riverside, en The Chronicle of Higher Education, citando la posibilidad de que el Departamento de Justicia investigue a las universidades por procedimientos de admisión, por ejemplo, o sanciones para las escuelas que el gobierno determine que están demasiado comprometidas con las prioridades de justicia social. En algunos estados, podría significar una disminución de la financiación estatal, la eliminación de estudios étnicos o incluso la exigencia de juramentos de patriotismo.

Esto chocaría con lo que muchos estudiantes, profesores y administradores ven como el objetivo de una educación universitaria.

Es comprensible la tentación de las universidades de adoptar una postura moral, especialmente en respuesta al sentimiento sobrecalentado del campus. Pero es una trampa. Cuando las universidades se proponen hacer lo «correcto» políticamente, en la práctica le están diciendo a gran parte de sus comunidades (y al país polarizado con el que están asociadas) que están equivocados.

Cuando las universidades se vuelven abiertamente políticas y se inclinan demasiado hacia un extremo del espectro, están negando a los estudiantes y profesores el tipo de investigación abierta y búsqueda de conocimiento que durante mucho tiempo ha sido la base del éxito de la educación superior estadounidense. Están poniendo en riesgo su futuro.

(*) Pamela Paul es columnista de The New York Times

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No lo considere una contienda Biden-Trump

Tanto Trump como Biden tienen planes de largo alcance para el país, cualquiera de los cuales transformaría a Estados Unidos

Jamelle Bouie

/ 18 de marzo de 2024 / 07:04

Es oficial: tenemos una revancha. Esta semana, tanto Joe Biden como Donald Trump consiguieron oficialmente los delegados necesarios para conseguir una nueva nominación en sus respectivas primarias. Esta será la primera contienda desde la carrera de 1892 entre Benjamin Harrison y Grover Cleveland, donde un exretador, ahora titular, se enfrenta a un extitular, ahora retador, para un segundo mandato en la Casa Blanca. Cleveland ganó su desafío, pero esto no nos dice nada sobre nuestra situación.

A decir verdad, existe una sensación generalizada en torno a estas elecciones de que no hay nada nuevo que discutir, que no hay nada nuevo que aprender sobre Biden y ciertamente nada nuevo que aprender sobre Trump. Pero si bien es justo decir que ya sabemos bastante sobre los dos hombres, todavía hay mucho que decir sobre lo que pretenden hacer con otros cuatro años en la Casa Blanca.

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Tanto Trump como Biden tienen planes de largo alcance para el país, cualquiera de los cuales transformaría a Estados Unidos. Por supuesto, una de esas transformaciones sería para peor y la otra para mejor.

Empecemos por lo peor. Ya sabemos que los principales objetivos de Donald Trump para su segundo mandato son la democracia y el orden constitucional estadounidenses. Para Trump, los fundamentos de la gobernanza estadounidense (separación de poderes, una función pública independiente y la selección popular de funcionarios electos) son un obstáculo directo a su deseo de protegerse, enriquecerse y extender su gobierno personalizado lo más lejos posible del país.

Pero un segundo mandato de Trump no se trataría solo de abuso de poder, erosión de los controles y equilibrios y elevación de una variedad de hackers y apparatchiks a posiciones de autoridad real. También se trataría del esfuerzo concertado para hacer del gobierno federal un vehículo para la distribución ascendente de la riqueza. Trump incluso ha dicho que está dispuesto a recortar Medicare y la Seguridad Social, una medida que podría ser necesaria si los republicanos logran privar al gobierno federal de casi $us 4 billones en impuestos.

Biden quiere algo muy diferente para el país. Su primer objetivo, para empezar, es preservar y defender el orden constitucional estadounidense. No subvertirá la democracia estadounidense para convertirse en un hombre fuerte como Viktor Orban, quien recientemente se reunió con Trump en Mar-a-Lago.

Lo que Biden intentaría hacer, si su propuesta de presupuesto sirve de indicación, es revitalizar el Estado de seguridad social. Su propuesta, publicada el lunes, exige alrededor de $us 5 billones en nuevos impuestos a las corporaciones y a los ricos durante la próxima década. Esto pagaría, entre otras cosas: un plan para extender la solvencia fiscal de Medicare, un plan para restaurar el crédito tributario por hijos ampliado promulgado en el Plan de Rescate Estadounidense al comienzo de su administración, un plan para garantizar un acceso anticipado y de bajo costo. cuidado infantil para la mayoría de las familias y un plan para ampliar la cobertura del seguro médico en virtud de la Ley de Atención Médica Asequible. En resumen, Biden espera cumplir con las prioridades demócratas de larga data.

Hay un punto más amplio que se desprende de este resumen breve de las prioridades de cada candidato. Los estadounidenses están acostumbrados a pensar en sus elecciones presidenciales como una batalla de personalidades. La personalidad ciertamente importa. Pero podría ser más útil, en términos de lo que está en juego en una contienda, pensar en las elecciones presidenciales como una carrera entre coaliciones de estadounidenses en competencia. Diferentes grupos y diferentes comunidades, que quieren cosas muy diferentes, a veces mutuamente incompatibles, para el país.

La coalición detrás de Joe Biden quiere lo que las coaliciones demócratas han querido desde al menos la presidencia de Franklin Roosevelt: asistencia gubernamental para los trabajadores, apoyo federal para la inclusión de los estadounidenses más marginales.

¿En cuanto a la coalición detrás de Trump? Más allá del deseo insaciable de reducir los impuestos a los intereses monetarios de la nación, parece haber un deseo aún más profundo de una política de dominación. Trump habla menos de política, en cualquier sentido, que de vengarse de sus críticos. Solo le preocupan los mecanismos de gobierno en la medida en que sean herramientas para castigar a sus enemigos.

Y si algo nos dice lo que Trump quiere es que el objetivo real de la coalición Trump no es gobernar el país, sino gobernar a otros..

(*) Jamelle Bouie es columnista de The New York Times

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¿Otra ciudad o insistimos en parchar lo que hay?

/ 17 de marzo de 2024 / 00:12

Las recientes emergencias en la ciudad de La Paz por las lluvias torrenciales, que ocasionaron que varios ríos se desbordaran de su cauce, sobre todo en la zona Sur, aunque también ocurrieron en la ciudad de El Alto y otros departamentos, nos hace preguntar: ¿cómo afrontarlas de una mejor manera a futuro?

Más allá de atender lo inmediato a través de la declaratoria de “situación de emergencia y alerta roja”, la gran pregunta es: ¿seguimos apostando por una ciudad construida bajo los parámetros occidentales, sin ninguna planificación y menos pensada hacia el futuro?

Hay que recordar que la ciudad de La Paz se erigió sobre otra ciudad antigua denominada Chuqiyapu marka. La Paz, como ciudad fue pensada para un puñado de “ciudadanos” que querían un fortín para que no ingresasen los indios y otros indeseables. La zona Sur imitó en alguna medida este espíritu exclusivista. Aún se dice “que vivir en la zona Sur es estar lejos de las movilizaciones, los bloqueos y el acecho de los indios/ as”. Aunque en algunos sectores de la zona Sur hay habitantes aymaras, quechuas… Pero por el espíritu especial (clasista, racista, etc.) hay barrios muy privativos, aunque no son los únicos en el país, por ejemplo en Santa Cruz, algunos “condominios” tienen similares características.

Desde 2016, la ciudad de La Paz vive con dos climas extremos y creo que será una constante y no sabemos por cuánto tiempo. Es decir, la sequía extrema y el exceso de lluvias como de este año. ¿Qué hacer frente a esta dicotomía que fue invariable en los Andes ancestrales? Creo que nunca será tarde para construir otra ciudad, que supondría tomar en cuenta las experiencias de los pueblos ancestrales, como la estrecha relación con la naturaleza, el respeto a las cuencas, a las wak’as, etc. Pero también apostar por casas que no sean edificios ni tampoco chalets, sino moradas que brinden seguridad, que tengan patio, por supuesto dotadas de los servicios básicos que hoy se exige para vivir dignamente.

Por la experiencia ancestral, no es casual que varias denominaciones de los ríos que hoy están desbordados denotan sus características. Por ejemplo, Urqujawira, hoy castellanizado como Orkojahuira, que significa “el río macho o el gran río macho”. Como también Irpawi, hoy también castellanizado como Irpavi, que significa “el río que lleva la mayor torrentera”. Este último, hace pocos días hizo estragos a su paso, mostrando por qué se llama así. Los habitantes actuales, ¿alguna vez se preguntaron por qué se denominan así los ríos o los lugares donde habitan? Aquí es clave saber sobre los topónimos en aymara y quechua, que es la orientación básica; pero creo que hoy es echado de menos.

Hoy, “las casitas bonitas” o “los chaletitos” de la clase acaudalada en Achumani, Mallasa… y otros sectores de la zona Sur se han devaluado. ¿Alguien querrá arriesgarse en el futuro, comprando casas o construyendo por estos lugares que son amenazados por el gran desborde de los ríos?

Sin lugar a dudas hay grandes culpables para esta gran tragedia que se vive y que podría ser constante. Por un lado, está el Estado en sus diferentes niveles, sea municipal, la Gobernación, por permitir que se construyan casas, edificios en lugares poco aptos para ello, pero también la empresa privada inmobiliaria o vendedores de terrenos que salen a flote permanentemente con propagandas y lo único que han realizado es aplanar los cerros (varios fueron wak’as) y cubrir los cauces de los ríos. Pero también están los “loteadores”, que han intervenido con acciones similares a las citadas. Más el ciudadano necesitado de tener un lugar para habitar, quedó obnubilado de vivir en los supuestos “lugares residenciales”, a pesar del riesgo que significa habitar en lugares cercanos a los ríos o debajo de los cerros.

¿Se seguirá apostando por construir más edificios atiborrados de gente y sin ninguna garantía de una vida digna? No sería ninguna novedad que los empresarios de las viviendas lancen la propaganda: “desde los edificios veremos tragedias, como las ocurridas en Irpavi y Mallasa…”

¿Cómo apostar y construir otra ciudad que no solo nos cobije, sino que nos dé seguridad y nos permita interactuar con la naturaleza respetándola? Esta política de pensar en otra ciudad, no pasa porque tengamos buenos gaviones, cementos que soporten todo, sino respetando los cauces naturales de los ríos… que supondrá una relación especial con el agua, los ríos, las grandes torrenteras, etc. Jichhurunakanxa jiskt’asiñasawa, ¿kunjamsa akat qhiparuxa suma jakasnxa, utjasna?

Esteban Ticona Alejo es aymara boliviano, sociólogo y antropólogo. 

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