El gran turbión de 1983 fue un evento que marcó historia en Santa Cruz y sigue presente como un duro recordatorio de la implacable fuerza de la naturaleza. Aquella madrugada del 18 de marzo, después de unos meses de intensas lluvias por la influencia del fenómeno de El Niño, el río Piraí desató toda su furia arrastrando cuanto halló a su paso desde la cuenca alta hasta desbordarse sobre la ciudad, como una masa moviente y estruendosa de agua, lodo y troncos.

El desastre dejó un saldo de 800 muertos, 3.000 familias desplazadas y pérdidas de más de $us 37 millones en infraestructuras dañadas, según reportes de la actual gobernación. Cuentan que, al ver la destrucción del Jardín Botánico sepultado por el río, Noel Kempff le reclamó así al Piraí: “¡Solo servís para taquiraris!”

Como en todo desastre siempre hay culpables y enseguida se puso en advertencia que no era el Piraí el solo culpable de su desmadre, como escribió Hernando Sanabria por aquel entonces. “La ciudad había avanzado sobre él irreflexivamente, arrebatándole sus orillas, su maleza orillera, sus médanos seculares (…) El río, saliendo por sus fueros o vengándose del atentado, hizo lo que debía hacer o, a lo sumo, un poco más”. Así fue como el embate del turbión despertó la conciencia ciudadana sobre los riesgos y las macabras consecuencias de la deforestación, las actividades agrícolas y extractivas y el crecimiento urbano sin planificación ni control en las márgenes del río.

Hoy en día, además de una comprensión general sobre la importante función de la cuenca alta y media del Piraí en la regulación de caudales y prevención de inundaciones, también se conoce el rol crucial de los bosques y serranías de esta zona que incluye al megadiverso Parque Amboró, en la provisión de agua y recarga de acuíferos vitales para la seguridad hídrica de más de 1,6 millones de habitantes. Con todo, muchos de los problemas del Piraí han empeorado en las últimas décadas, afectando sus funciones y procesos hidrológicos ante el evidente descuido y falta de voluntad política para proteger un bien público declarado patrimonio histórico y natural de Santa Cruz.

El Piraí está inmerso en la historia y el paisaje cruceño, como un elemento integrador del territorio. Desde su nacimiento entre montañas y bosques subandinos hasta su descenso por la llanura oriental, el río Piraí y su área de influencia se extienden por 22 municipios que concentran cerca del 80% de la población del departamento. Hoy, las nuevas autoridades electas tienen el desafío de liderar la planificación de su territorio con una visión sistémica y de largo aliento, que permita poner en marcha soluciones y políticas orientadas a la gestión integral de la cuenca.

Construir una agenda ambiental en torno al Piraí sigue siendo una tarea tan compleja como urgente, para que nuestro río sea un verdadero reflejo de la belleza y riqueza de sus paisajes y no una añoranza precaria de historias, canciones y postales de antaño.

Verónica Ibarnegaray es gerente de Proyecto de la FAN.

En casi todas las culturas resulta común la asociación entre mujer y naturaleza. La mujer ha sido identificada con la imagen de la tierra exuberante proveedora de frutos y la naturaleza con la madre fértil y generosa. Durante siglos se ha visto a la naturaleza como simple materia prima y recursos disponibles para beneficiar al hombre. A la par, mujer y naturaleza han quedado sometidas a una condición inferior, objeto de explotación y dominación de una sociedad patriarcal y un modelo de desarrollo insostenible.

Las mujeres desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de sus hogares y comunidades y en la gestión de los recursos naturales, sin embargo, sus contribuciones han sido siempre subestimadas y se han visto excluidas de sus derechos fundamentales. Pese a ser más de la mitad de la población mundial, las mujeres representan solo el 13 por ciento del total de propietarios de tierras agrícolas. El 70 por ciento de las personas que viven en la pobreza son mujeres y son las más vulnerables frente al cambio climático y los desastres naturales.

Lograr la igualdad de género se ha vuelto un tema central en la agenda global de desarrollo sostenible, que entre sus ambiciosos objetivos busca empoderar a todas las mujeres y niñas y conseguir un Planeta “50-50” para 2030.

Hoy vemos cada vez más mujeres en roles de liderazgo en torno a la conservación de la naturaleza, desde el ámbito mundial hasta el local. Tengo el privilegio de trabajar con tantas mujeres intrépidas que día a día deben enfrentar prejuicios y barreras de género latentes en nuestra sociedad. Bolivia parece estar a la vanguardia en participación de la mujer, al ser el tercer país en el mundo con mayor representación de mujeres en el Parlamento. No cabe duda de que hay avances importantes hacia la paridad de género, pero las brechas para acabar con las desigualdades en otros ámbitos son grandes y precisan cambios transformadores.

De cara al Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo las Naciones Unidas nos instan a “Pensar en igualdad, construir con inteligencia e innovar para el cambio”, buscando aprovechar el potencial de la tecnología y la innovación para acelerar los avances hacia sistemas inclusivos e infraestructuras sostenibles con el rol activo de las mujeres. Es nuestro tiempo para cambiar las cosas. Atravesamos un momento crucial que exige cambios estructurales no solo a nivel tecnológico, sino fundamentalmente en la forma en que nos vemos y nos relacionamos con nuestro entorno, sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad.

Verónica Ibarnegaray

es directora de Proyecto en la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN)

En el Foro Económico Mundial realizado semanas atrás en la localidad de Davos (Suiza) se destacó la recuperación de la economía global, cuyo crecimiento se espera que este año alcance el 4%. Pero también se alertó sobre los crecientes riesgos que amenazan esta estabilidad financiera mundial, señalando a los riesgos ambientales relacionados con eventos extremos, desastres naturales, escasez de agua y el cambio climático como los más importantes en términos de impacto, de acuerdo con el Informe de Riesgos Globales 2018.

Resulta innegable que estos riesgos son tangibles y están aumentando; 2017 fue uno de los tres años más cálidos registrados hasta el momento, junto a 2016 y 2015; y ha sido el año más caliente sin el Fenómeno del Niño, que suele provocar un aumento de la temperatura global. Fue un año caracterizado por desastres naturales y eventos extremos, desde incendios hasta inundaciones, huracanes y sequías. Se estima que los desastres relacionados con el clima han causado daños valorados en al menos $us 1,4 billones durante la última década, según estimaciones de las Naciones Unidas. La crisis por la escasez de agua está afectando también a grandes urbes, como Ciudad del Cabo, que corre el riesgo de quedarse sin agua potable en los próximos meses debido a la extrema sequía.

En lo que va del año, los desastres naturales que tienen al país en estado de emergencia por las lluvias intensas, inundaciones, riadas, mazamorras y derrumbes en distintas regiones han puesto nuevamente en evidencia la insuficiente preparación y capacidad de respuesta, así como nuestra vulnerabilidad ante estos eventos. Nos demuestran también a qué punto ha aumentado la toma de conciencia ciudadana sobre los distintos factores que intervienen en la ocurrencia de estos desastres, desde el rol de los bosques y árboles como reguladores del clima, del ciclo del agua y distribución de las lluvias, a las consecuencias del crecimiento urbano desordenado y la falta de una adecuada planificación y gestión territorial que aborde adecuadamente las interdependencias entre los riesgos e impactos ante escenarios de cambio climático.

Cada día surge nueva evidencia sobre el impacto de nuestro modelo de desarrollo en el medioambiente y la gravedad de los riesgos actuales y potenciales para nuestra sociedad. Lo cierto es que todo parece caer en saco roto, pues aún no hemos aprendido a desarrollar nuestra economía sin degradar el medioambiente. Es de esperar que el optimismo respecto al crecimiento económico sea una oportunidad bien aprovechada para encarar los riesgos y desafíos ambientales con la premura y prioridad que merecen.

Los incendios forestales constituyen una amenaza que engloba más que el fuego, ya que intervienen en su ocurrencia factores sociales, y tal vez por eso tenemos la ilusión de poderlos controlar. Hoy los expertos coinciden en que estamos ante una nueva generación de incendios forestales de alta intensidad, que arrasan grandes superficies sobrepasando toda capacidad de respuesta. Uno de estos llamados megaincendios golpeó Portugal el mes pasado, dejando el trágico saldo de 64 muertos y centenares de heridos. En Chile ardieron más de 467.000 hectáreas a principios de año, en uno de los incendios más destructivos de este siglo. Estados Unidos y Canadá actualmente se encuentran tratando de controlar incendios que están azotando distintas regiones de su territorio, invirtiendo cifras millonarias de recursos en las labores de extinción.

Son diversas las causas que explican el origen de estos incendios, pero un factor determinante del comportamiento y severidad del fuego son las condiciones climáticas en las que se desarrollan. Las altas temperaturas y olas de calor registradas en gran parte del planeta han propiciado condiciones para desatar una ola de incendios devastadores en lo que va del año.

En Bolivia tenemos escenarios potencialmente peores. Las tendencias y proyecciones climáticas advierten un incremento sostenido de la temperatura media del país y un calentamiento de 2 a 4ºC para mediados de siglo, mostrando un aumento más pronunciado durante la época seca, que exacerbaría aún más los riesgos de incendios. Durante 2016, un año de intensa sequía con récords de temperatura, se quemaron cerca de 3,5 millones de hectáreas de bosques y pampas en todo el país, registrando la mayor superficie afectada de los últimos cinco años, según el monitoreo de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). Ese año vimos cómo el fuego se acercó peligrosamente a zonas urbanas, poniendo en riesgo vidas humanas y ocasionando niveles de contaminación por encima de lo tolerable.

Ya estamos en julio y antes de que el país se cubra nuevamente de humo y vuelva la presión social contra los chaqueos y las quemas, exigiendo sanciones y medios eficaces para atender la emergencia, resulta de vital importancia tener presente que la gestión de incendios se construye todo el año, y que su enfoque no debe centrarse únicamente en la supresión del fuego. Resulta fundamental contar con políticas claras y consistentes con los problemas ambientales y de desarrollo del país, susceptibles de mejorar las condiciones del medio rural con una adecuada gestión de los bosques y el territorio, y de reducir los riesgos antes de que llegue el fuego. Urge exigir y fomentar una gestión integral de los incendios forestales, con acciones sostenidas que no se disipen una vez más con el humo.

Dicen que un árbol no hace un bosque, no puede generar un microclima por su cuenta y está expuesto a las inclemencias del tiempo que solo no es capaz de amortiguar. Los árboles saben la importancia de mantenerse juntos, tienen un profundo sentido de cuidado mutuo, pues son conscientes de que su bienestar depende de la comunidad.

La ciencia brinda cada vez mayor evidencia sobre el rol fundamental de los bosques para sustentar la vida en el planeta, desde la regulación del clima, la protección contra desastres naturales, hasta la provisión de agua y el mantenimiento de procesos biológicos cruciales para la agricultura. Se estima que 1,6 billones de personas dependen de los bosques para su subsistencia, así como para la generación de empleo e ingresos. Los Objetivos Mundiales sobre los Bosques, recientemente formulados, incluyen el propósito de incrementar el área forestal del planeta en 3% para 2030, es decir, 120 millones de hectáreas; meta histórica y ambiciosa considerando que cada año se pierden 13 millones de hectáreas a escala mundial.

Bolivia también se ha trazado retos. El Plan de Desarrollo Económico Social incluye metas para eliminar la deforestación ilegal y ampliar la cobertura forestal en más de 750.000 hectáreas a 2020. Según datos de la Autoridad de Bosques y Tierra, los desmontes ilegales habrían disminuido en el último año, mostrando un giro hacia la deforestación legal, que pasó de representar apenas una quinta parte del total deforestado a superar el 50% en 2016. Más allá de los aparentes progresos en reducir la deforestación ilegal, lo cierto es que la depredación de nuestros bosques sigue aumentando a un ritmo de 200.000 hectáreas por año, tendencia impulsada por políticas de desarrollo productivo y un ansia de progreso que va contra el bien y el sentido común.

Revertir esta tendencia implica lograr cambios estructurales en el modelo de desarrollo actual, transformación que solo será posible con la participación activa de las organizaciones civiles y gubernamentales, movimientos ciudadanos, personas y comunidades. El pronunciamiento de las organizaciones civiles en el Foro sobre Desarrollo Sostenible de América Latina del 25 de abril exhorta a los Estados a propiciar un ambiente que garantice la participación plena de las organizaciones en las políticas públicas, así como la no criminalización de la protesta social para garantizar este entorno propicio.

Hoy más que nunca necesitamos ejercer nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos y sociedad organizada para frenar la devastación de reservas forestales y áreas naturales esenciales para la provisión de funciones y beneficios ambientales, que atenta contra nuestro propio desarrollo y el de las generaciones futuras.

* es gerente de proyectos de adaptación al cambio climático de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).