A simple vista es una paradoja que, probablemente, nadie había pensado que podía suceder: en su intento de independizarse de España, Cataluña ha terminado perdiendo, siquiera temporalmente, incluso los avances autonómicos que había logrado en los últimos años gracias a su estatuto, aprobado en 2006 y recurrido en 2010 en Madrid ante el Tribunal Constitucional.
No es fácil la situación: hasta el momento de escribirse estas líneas, numerosos líderes independentistas, todos ellos y ellas con altos cargos en el gobierno autonómico disuelto el viernes 27 de octubre por el Presidente de Gobierno, están encarcelados mientras se les procesa por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. A buen recaudo, pero no exento de un proceso que puede terminar con una larga condena en prisión, está en Bruselas el expresidente de la Generalitat catalana, quien pide al Gobierno español condiciones que le garanticen un justo proceso.
Mientras tanto, fuera de los juzgados y las oficinas gubernamentales, al menos a juzgar por los contenidos de los medios de comunicación, la opinión está polarizada a favor y en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno en Madrid, señalándose, por una parte, que el procesamiento de los líderes catalanes es el modo apropiado de poner límites a los arrestos independentistas que ponen en riesgo la unidad nacional y, por otra, que el modo en que se ha actuado durante los últimos días vulnera los derechos y garantías procesales de las y los encausados.
Previsiblemente, este estado de cosas permite que no pocos analistas y líderes de opinión sostengan que la aplicación del artículo 155 de la Constitución Política española, lejos de poner paños fríos, sirve para sostener que el Gobierno de España se ha convertido en opresor de los derechos humanos y la libertad política y, por tanto, es el estímulo adecuado para mantener viva la pretensión separatista.
El resultado, en cualquier caso, es un avivamiento de los nacionalismos, tanto dentro de España (donde luchan por su reconocimiento la nacionalidad española, como factor de cohesión, y las nacionalidades culturales que se reclaman más antiguas que el reino: catalanes, vascos, gallegos) como fuera de las fronteras españolas, donde bretones, flamencos, escoceses, ucranianos, transilvanos, venecianos, corsos y otros también reclaman mayor independencia.
Pero la crisis desatada no solamente se observa en la crispación de discursos y artículos periodísticos, sino sobre todo en el hecho de que hasta el viernes pasado más de 2.000 empresas decidieron dejar Cataluña para buscar en España otra sede que no ponga sus negocios e inversiones en riesgo.
Urge, pues, que España logre una salida negociada y aceptable a la crisis catalana, pues del resultado final de este proceso depende, también, la estabilidad de la Unión Europea, hoy como nunca amenazada por sus propios miembros.