Entendiendo la reforma. Entendemos que la alternativa que se busca para esta reforma de justicia sería la de una reforma parcial (Artículo 411, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, CPE), a través de una ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de un referendo constitucional aprobatorio que se realizaría de manera conjunta con la elección de autoridades subnacionales fijada para el domingo 7 de marzo de 2021.

Entendemos también que la reforma de justicia se concentraría en la elección de magistrados de los tribunales supremo de Justicia, Agroambiental, Constitucional y los miembros del Consejo de la Magistratura.

Esta reforma entonces deberá concentrarse en el artículo 182 de la CPE, que establece el procedimiento para la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que es la norma sobre la cuál se basa la elección de magistrados del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Constitucional y en parte la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura.

El procedimiento de elección es el mismo para los magistrados del Tribunal Agroambiental (artículo 188) y para los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (Artículo 198) y similar para los consejeros de la magistratura (artículo 194). Debemos anotar algunas diferencias, pues para el Consejo de Magistratura no se precisa la profesión de abogado, y para los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se precisa contar con 35 años, especialización y experiencia acreditada de ocho años en las disciplinas de Derecho Constitucional, Administrativo o Derechos Humanos (artículo 199), además de que la composición plurinacional de este tribunal señala que los magistrados deben ser elegidos con criterios de plurinacionalidad, es decir, con representación del sistema indígena originario campesino (artículo 197), por lo que los candidatos a este tribunal pueden ser propuestos por organizaciones de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Es decir, que se tendrán que acomodar estos artículos en base a lo que se determine para la reforma del artículo 182 de la CPE.

El tiempo de ejercicio de los magistrados (del Supremo, Agroambiental y Constitucional) así como de los consejeros de la magistratura es de seis años (artículos 183, 188, 194 y 200 de la CPE). La revocatoria de mandato de los magistrados de los tribunales Supremo y Agroambiental es parte de las atribuciones del Consejo de la Magistratura (artículo 195), y lógicamente no es posible la revocatoria de mandato de los consejeros de la magistratura. En el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional es necesaria una interpretación, pues este Tribunal no es parte del Órgano Judicial. Si prestamos atención el Título III de la Segunda Parte de la Constitución, se denomina “Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional”, la conjunción “y” denota la co-existencia y a la vez diferencia con el Órgano Judicial, entonces aplicaría el artículo 240 de la CPE, que señala que toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, excepto del Órgano Judicial, de acuerdo a la ley.

Algunas precisiones adicionales. El artículo 26 de la CPE señala que todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

Participar en la formación del poder político supone participar en la formación de un órgano de poder como lo son el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional; esta participación puede ser, directamente o por medio de sus representantes, de manera individual o colectiva. En el caso del derecho de cada ciudadano a elegir a los magistrados y consejeros sería una participación directa e individual (voto universal, directo y secreto); sin embargo, se abre otra alternativa pues la norma señala “o” por medio de sus representantes, esto quiere decir que el órgano más representativo podría suplir la elección por voto de los magistrados y consejeros.

Esta condición es necesaria, pues si la elección de magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional no se realiza por voto, tendrá que realizarse necesariamente por un órgano representativo de la población que, entiendo, no sería otro que la Asamblea Legislativa Plurinacional; de lo contrario, la reforma de justicia estaría afectando una parte de los derechos políticos de la población boliviana. Esto no condiciona la existencia de mecanismos previos de preselección de candidatos a magistrados y consejeros; sin embargo, la decisión de su elección debe estar en manos de la población mediante la elección directa por voto, o mediante la elección a través de sus representantes, es decir, la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en garantía de la noción más amplia de representación, entiendo que por una mayoría calificada.

Finalmente, lo que se estaría reformando es solo la elección de magistrados y consejeros, y no así una reforma de justicia integral, que es un fenómeno mucho más amplio y que precisa un programa de reforma mayor que parta de abajo para arriba, y que tiene que ver con una mejor formación y acreditación de abogados, jueces y fiscales; un transparente acceso a la justicia, una calidad de los servicios de justicia, que supone mayor sencillez de los procedimientos, desjudicialización de muchos conflictos que podrían ser resueltos por una eficiente justicia administrativa y una justicia de paz; además de las posibilidades que abre el pluralismo jurídico. Asimismo, se precisa de políticas públicas comprensivas y eficientes de seguridad ciudadana, y una observancia garantista respecto al debido proceso, que impactaría en la escandalosa detención preventiva que vulnera un sinnúmero de derechos fundamentales. Todo lo anterior precisa de un diagnóstico comprensivo del sistema judicial y de un programa de políticas públicas para el ámbito de la justicia, que podría proponerse extraordinariamente mediante una reserva de ley, pues no es recomendable ingresar en mayor detalle en una reforma constitucional que tiene más elementos político-partidarios que de comprensión de un sistema de justicia plural.

Entonces, cabe preguntarse ¿en qué medida la reforma de la elección de magistrados y consejeros significa una reforma de la justicia? Tal vez es un paso para visibilizar que precisamos mucho más y en consecuencia lograr de la voluntad política un programa más privilegiado de acciones y de presupuesto para llevar a cabo la que podría ser una de las reformas más importantes del Estado.

(*) Farit Rojas T. es abogado constitucionalista

Ulpiano, jurista romano del siglo II, definió la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Esta definición era parte de los preceptos conocidos como las tres máximas de Ulpiano: 1) vivir honestamente, 2) no dañar a nadie y 3) dar a cada uno lo suyo. Es claro que Ulpiano pensaba que se trataba de una virtud que las personas debían realizar en su relacionamiento con los otros.

Muchos siglos después, el filósofo alemán Immanuel Kant señaló que un ser humano libre es aquel que guía sus actos en una buena voluntad, y ésta no es otra que aquella que obedece los dictados de la razón. Una vez más, la ética kantiana señalaba que el comportamiento adecuado y justo dependía de la persona, que era parte de su condición de ser libre. La razón era la guía luminosa de los actos buenos y justos.

Casi un siglo después, el pensador alemán Karl Marx, en un escrito de madurez denominado Crítica del programa de Gotha (1875), señaló que, en la fase superior de la sociedad comunista, es decir una vez que haya desparecido la explotación del hombre por el hombre, cuando el trabajo no sea explotación sino realización vital, y cuando la sociedad hubiera alcanzado una riqueza colectiva resultado de esta realización vital, se podrá escribir la siguiente máxima: “De cada cual, según su capacidad; a cada cual, según sus necesidades”.

Se debate mucho si para Marx se trataba de una máxima de justicia, pero es claro que él tenía en claro que la sociedad capitalista que veía construirse era en suma injusta; y en consecuencia, la Justicia no era solo un tema de virtud o libertad de las personas, sino también de las formas y maneras en las que se desarrolla la sociedad y sus instituciones.

Décadas más tarde, en 1971, John Rawls publicó el libro Teoría de la Justicia, en el cual señala que la justicia es la primera virtud de las instituciones públicas. Es decir, una tesis claramente deóntica (del deber ser racional de las instituciones). Antes de morir, Rawls volvía a redefinir la justicia al tratarla como equidad. Justicia como equidad es el nombre del texto que dejó casi listo para la imprenta, y en el que insistía en los dos principios de justicia que caracterizaron su obra: a) el principio de igual libertad, y b) el principio de diferencia. El primero se refiere al derecho de iguales libertades e iguales derechos básicos para todos; y el segundo, a que las desigualdades sociales y económicas deben procurar beneficiar a los menos favorecidos de la sociedad.

Pensar la justicia como equidad permite encontrar un mínimo común en estas definiciones: que las personas deben recibir el trato que en tanto personas con dignidad merecen, y este trato depende de la existencia de instituciones públicas justas perfectibles.

* es abogado y filósofo.

Idón Moisés Chivi Vargas fue un jurista indígena cuya preocupación y aporte se despliega entre el Derecho constitucional, el Pluralismo jurídico y la Teoría crítica del derecho. Desde el libro Justicia indígena, los temas pendientes, hasta el libro-programa Materiales para la descolonización de la Justicia y el Derecho, Chivi cuestiona el carácter colonial del derecho y las alternativas que pueden encontrarse en pueblos indígenas

La preocupación por el Derecho constitucional nace para Chivi en el proceso constituyente. La posibilidad de reformar la CPE abre también la oportunidad de reestructurar el Estado y la Justicia; y en particular repensar el Órgano Judicial, al cual Chivi considera heredero de una tradición colonial, señorial, y anglo-eurocéntrica. La Constitución boliviana de 2009 abre una nueva etapa, que Chivi caracteriza como “constitucionalismo emancipatorio”, disputando esta caracterización con Bartolomé Clavero, jurista español con quien Idón mantenía una conversación sobre el devenir del Derecho constitucional en la región.

En materia de pluralismo jurídico, Chivi mostró preocupación sobre la confusión que puede darse entre pluralismo jurídico colonial y pluralismo jurídico en clave constitucional; es decir, emancipatorio. En este sentido fue crítico de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, pero sin naufragar en la impotencia del fracaso, sino mostrando la potencialidad descolonizadora y despatriarcalizadora existente.

Chivi realizó extensos comentarios a las distintas formas en las que se trató y se trata a los indígenas en Bolivia. Es decir se acercó críticamente al pluralismo jurídico colonizador, aquel que aceptaba la Justicia Indígena pero como cláusula de repugnancia, como lo señala la Recopilación de las Leyes de Indias: “Que guarden las leyes que los indios tenían antiguamente para su gobierno, y las que hizieren de nuevo (…) y que no se encuentren con nuestra Sagrada Religión, ni con las leyes de este libro” (sic). Justamente en este registro se encuentra su pensamiento crítico respecto al derecho.

El profesor Carlos Wolkmer encuentra en los textos de Chivi las condiciones para llevar a cabo una crítica al derecho desde la experiencia boliviana. Realizando una relectura desde Marx, Boaventura de Sousa Santos, Foucault, Gonzales Casanova, Zavaleta Mercado, entre otros, Idón Chivi recorre la historia jurídica de Bolivia, las reformas sistémicas (como es el caso de la reforma penal), y lleva a cabo un conjunto de reflexiones respecto al devenir de la Justicia en nuestro país. En el último tiempo estuvo trabajando desde la perspectiva de Zaffaroni para proponer las bases para repensar el Derecho Penal boliviano.

* Filósofo y abogado