La administración de justicia fue uno de los temas principales que se propuso a la Asamblea Constituyente para su análisis y reestructuración. Antes del evento ecuménico era propio de los juzgados las largas filas de mujeres acompañadas de sus hijos o de sus bebés a cuestas que buscaban atención del oficial de diligencias del juzgado para que se opere la tan requerida notificación personal, a fin de lograr el pago de la mísera asistencia familiar; la extorsión a los litigantes sin consideración alguna, bajo el pretexto de requerir fotocopias y/o memoriales, poner a la vista el expediente o simplemente averiguar el estado del trámite procesal; la indisciplina del personal, incluido el juez, que no cumplía horarios, gozaba de vacaciones privilegiadas o si asistía a la oficina era para pasar el tiempo, uno de los principales factores de la retardación extrema que impera en la Justicia.
Al analizar el funcionamiento de los juzgados, los problemas referidos persisten en la actualidad, continúa la actitud corrupta del personal, así como su trato displicente hacia los litigantes; y siguen los consorcios de abogados, jueces y fiscales.
La anterior Constitución Política del Estado delegaba el nombramiento de las principales autoridades de la administración de justicia al Congreso Nacional, que era la reunión de las cámaras de Senadores y de Diputados, cuyos parlamentarios elegían a las máximas autoridades judiciales de una lista propuesta por el Consejo de la Judicatura. Esta metodología es propia de la gran mayoría de las legislaciones contemporáneas, con algunas variaciones.
En nuestro país, este sistema de nombramiento de autoridades se desacreditó de manera absoluta, razón por la cual la administración de justicia se convirtió en un tema de suma importancia, que debía ser resuelto por la Asamblea Constituyente. La deslegitimación institucional tuvo origen fundamentalmente en el cuoteo político. Los partidos gobernantes se encargaban de seleccionar a sus acólitos en función de cuotas de poder. Si faltaba un cargo para algún partido político, se compensaba con el servicio exterior. En la edición del 3 de octubre de 2003, en la nota central del periódico
La Razón se consigna que “El oficialismo no podía repartirse 16 designaciones (…) Hasta las 03.00 de hoy, la coalición no pudo instalar el Congreso para elegir a cinco supremos, cuatro tribunos, tres consejeros, tres vocales electorales y el Defensor”. Mientras que en otra nota del mismo periódico del 18 de marzo de 1999 titulada Los políticos hablan según sus consignas se lee: “Por lo que se supo ayer en el Congreso, los ucesistas no reclamaron una cuota en la Corte Suprema porque están interesados en las fiscalías, cuyas acefalías se llenarán en abril”.
Las reuniones decisivas se hacían en secreto, como bien consigna la nota Magistrados serán elegidos en reuniones secretas, publicada el 12 de marzo de 1999 en el periódico Opinión, en la que se señala que “el vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez entregó hoy a la Comisión Mixta de Constitución la nómina de postulantes a la Corte Suprema de Justicia y sostuvo que las reuniones se iniciarán en concertación con los partidos de oposición y oficialismo; pero esos encuentros será a puertas cerradas bajo el más absoluto secreto”. Además, en los nombramientos había un direccionamiento de Estados Unidos. Como constancia de ello le invitamos a leer el artículo Fiscales: EEUU veta a candidatos, publicado el 19 de marzo de 1999 en La Razón.
En estos días se ve el accionar de diferentes políticos que se oponen a las elecciones judiciales del 3 de diciembre. Empero, a partir de la breve revisión que se hizo de los periódicos referidos, se evidencia que fueron actores en las componendas de cuoteo del Poder Judicial, y que no transparentaron ninguna elección; al contrario, las manipularon para beneficio particular.
La actual Constitución emergente de la Asamblea Constituyente procuró dar una respuesta a la urgente necesidad de transformar la administración de justicia. Para tal efecto optó por que sea el pueblo el que elija, con su voto, a las autoridades que antes se nombraban al antojo cupular. La actual metodología de elección no será perfecta, por ejemplo hay deficiencias en la publicidad que deben merecer los candidatos, pero es más legítima que la anterior forma de nombramiento, por cuanto está en el poder de la voluntad del soberano la institucionalización de una entidad trascendental para nuestra sociedad.