El martes, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró la inaplicabilidad de una parte de la Carta Magna y la inconstitucionalidad de un pedazo de la Ley de Régimen Electoral, dando así luz verde a la repostulación indefinida de todas las autoridades electas, entre ellas, el presidente Evo Morales. ¿Era necesario hacerlo justo ahora?, ¿a seis días de las elecciones judiciales, ya tensionadas por movilizaciones políticas y cívicas que promovieron el voto nulo?

Pero esta determinación más allá. No solo hizo cambiar la agenda de temas de los noticieros y las tapas de los diarios. El fallo activó un remezón político-social-histórico. Primero, el Gobierno festejó la sentencia de inconstitucionalidad de algunos artículos de la CPE y desafió a sus opositores a hacerle frente en las elecciones generales de 2019. A su vez, cívicos, líderes políticos y otras organizaciones se volcaron a las calles a protestar contra esta resolución. En Santa Cruz, hubo destrozos, detenidos y procesados. En La Paz, la Policía reprimió a los manifestantes, hubo amenazas de más movilizaciones, etc.; y justo a unos cuantos días de las elecciones. ¿Fue pertinente emitir el fallo justo en esa fecha?, me volví a preguntar.

Salí a las calles en busca de respuestas y lo único que obtuve fueron los predecibles argumentos oficialistas: “que fue en derecho”, “se dio prevalencia a convenios internacionales”, “que este fallo no tiene nada que ver con los comicios judiciales”; etc., etc.. Desde la oposición, amenazas de “procesos a los magistrados” del TCP, “acciones de carácter internacional”, juicios, etc., etc. Incluso algún legislador se animó a decir que el Gobierno prefirió “sacrificar” las elecciones de este domingo a cambio de asegurar su candidatura, porque “ya dio por perdido” el proceso en el que ganaría el voto nulo.

Ninguno de esos argumentos me convenció. Pero al final me di cuenta de que no eran argumentos lo que buscaba, sino, secuelas de todo aquello. ¿Por qué el fallo justo a unos días del proceso de elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial? Un proceso que comenzó con una ardua tarea de selección de candidatos y que culminó con la compleja difusión de méritos y procedimientos de votación.

Al final, no hallé razones, ni culpables, ni argumentos, solo secuelas; una tensión innecesaria. Y las palabras de la presidenta del TSE, Katia Uriona, fueron lapidarias al respecto. “Hubiera sido deseable que el Tribunal (TCP) saque su sentencia no en el marco de un proceso electoral, dado que ha generado una situación de tensión respecto a lo que ha sido el trabajo del Órgano Electoral para generar condiciones de participación y de información ciudadana”. El daño está hecho, pero la magnitud se medirá con los resultados de estas elecciones.