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¡Ni una menos!

Urge unir fuerzas desde todos los sectores para poner fin a los feminicidios en América Latina.

/ 10 de diciembre de 2017 / 05:42

En el marco de los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres, ONU Mujeres hace un llamado de urgencia a los Estados, instituciones públicas y privadas, así como a la sociedad en general para unir fuerzas y poner fin a los feminicidios en América Latina y el Caribe, y se une a las voces de la sociedad civil bajo el lema “¡Ni una menos!”.

La violencia contra las mujeres es la violación más generalizada de los derechos humanos, y el feminicidio es su expresión extrema. Catorce de los 25 países del mundo con las tasas más elevadas de feminicidio están en América Latina y el Caribe, y se estima que una de cada tres mujeres mayores de 15 años ha sufrido violencia sexual, lo que alcanza la categoría de epidemia, según los criterios de la OMS. El feminicidio y la violencia sexual están estrechamente ligados a una seguridad ciudadana deficitaria, a una impunidad generalizada y a una cultura machista que subvalora a las mujeres.

La región presenta la mayor tasa de violencia sexual fuera de la pareja a nivel global y la segunda mayor tasa de violencia por parte de la pareja o expareja (OMS, 2013). Otros datos revelan que tres de los 10 países del mundo con las tasas más altas de violaciones de mujeres y niñas se encuentran en el Caribe (IDH Caribe PNUD, 2012).

Los marcos normativos de la región utilizan los términos “femicidio” y “feminicidio” para referirse a la muerte violenta de mujeres por razones de género, diferenciándolos del concepto neutral en términos de género de homicidio. En desarrollo de estos conceptos, la investigadora mexicana Marcela Lagarde acuñó el término “feminicidio”, y lo definió como el acto de matar a una mujer solo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, pero confirió a ese concepto un significado político con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en esos casos, y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía, incluso el deber de investigar y de sancionar.

De acuerdo con el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, el femicidio/feminicidio se entiende como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión.

De acuerdo con datos de la CEPAL, en 2016 se registraron 1.831 casos de feminicidio en 16 países de América Latina y el Caribe; mientras que en 2015 se registraron 1.661. Entre 2010 y 2014 se registraron cada año cerca de 1.000 feminicidios. Sin embargo, estos datos no reflejan las cifras de algunos países de la región como Brasil, Colombia o México que registran un elevado número de casos de feminicidio, por lo que las dimensiones son mucho mayores. A esto debe sumarse el subregistro de los casos que no son adecuadamente tipificados como feminicidio. En Centroamérica las dimensiones son especialmente devastadoras, donde dos de cada tres mujeres asesinadas mueren por razón de su género (IDH América Central, PNUD, 2009).

Si bien se han logrado avances legislativos con 16 países con leyes que tipifican el feminicidio, se cuenta con mecanismos institucionales, la División Adelanto de las Mujeres y avances en materia legislativa que protegen los derechos de las víctimas y sobrevivientes de violencia, esto no ha sido suficiente para garantizar la seguridad y protección de las mujeres y las niñas latinoamericanas y caribeñas.

Hacen falta datos de calidad, recursos presupuestarios para la implementación de políticas públicas, continuidad y coordinación en las políticas y planes nacionales, acceso a la justicia con visión de cero impunidad, y un cambio en los patrones culturales patriarcales que naturalizan la violencia contra las mujeres de la región.

ONU Mujeres reitera su compromiso de continuar trabajando junto a los gobiernos, la sociedad civil, el poder judicial y las víctimas de violencia contra las mujeres para poner fin a la violencia de género. ONU Mujeres expresa su condena a todas las violencias hacia mujeres y niñas por razones de género; así como su solidaridad con las familias y amistades de las mujeres que han sido asesinadas en nuestro continente.

Estas acciones requieren del esfuerzo de todos los sectores, y el llamado es urgente, pues la muerte violenta de cada mujer es un paso atrás en el desarrollo de la región. Alto al feminicidio. ¡Ni una menos!

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Empoderar a las mujeres en el trabajo

Son indispensables leyes que dispongan remuneración igual por trabajo de igual valor.

/ 6 de febrero de 2017 / 10:58

Esta semana, ministras de la Mujer de más de 30 países latinoamericanos y caribeños se dan cita en Panamá en preparación para la sesión anual del principal órgano mundial en materia de igualdad de género: la Comisión de la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW, por sus siglas en inglés). Este año, el tema prioritario es el empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo.

Este debate no podía llegar en momento más oportuno. La economía de América Latina y el Caribe se contrajo por segundo año consecutivo en 2016 y para 2017 se proyecta un tímido crecimiento de 1,3% según las Naciones Unidas. Empoderar económicamente a las mujeres abre una posibilidad real de revertir este escenario: se estima que al superar las brechas de género en el mercado laboral se podría aumentar el PIB per cápita en la región en un 14%.

A pesar de algunos avances, estas brechas persisten en todos los estratos sociales. Las mujeres se deparan con tres realidades diferenciadas en el mercado laboral.  De un extremo, en los llamados “pisos pegajosos” se encuentran las mujeres más pobres y con menores niveles de instrucción, estancadas en sectores de baja productividad y alta precariedad con escasas posibilidades de progreso. En el otro extremo se ubican las mujeres que han desarrollado sus capacidades y cuentan con recursos para acceder a trabajos de mejor calidad, pero chocan contra los “techos de cristal” que limitan su crecimiento y bloquean su acceso a la toma de decisiones. Entre estos dos extremos, en las “escaleras rotas” están las mujeres con niveles medios de formación e inserción laboral, quienes no cuentan con cobertura o acceso pleno a la protección social, incluido el cuidado, y permanecen altamente vulnerables a la volatilidad del entorno económico.

Las cifras son contundentes: los hombres ganan en promedio 19% más que las mujeres en América Latina y el 55% de los empleos de las mujeres está en el sector informal.

Por si esto fuera poco, las mujeres realizan entre tres y cinco veces más trabajo doméstico y de cuidados sin remuneración que los hombres y todavía una tercera parte de las mujeres no cuentan con ingresos propios.

Para hacer frente a esto, son indispensables leyes que dispongan, entre otras cosas, remuneración igual por trabajo de igual valor, no discriminación por razón de sexo en la contratación y prohibición de acoso sexual en el lugar de trabajo. Asimismo, medidas para reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, a través de la inversión en servicios sociales básicos, infraestructura y servicios de cuidado infantil. Y —de particular relevancia para América Latina y el Caribe— es fundamental garantizar los derechos de las trabajadoras domésticas, que representan 14 de cada 100 mujeres en el mercado laboral, por medio de la ratificación de la Convención 189 de la Organización Internacional del Trabajo que exige a los Estados extenderles los derechos laborales básicos, incluyendo horas extras, licencia anual remunerada, salario mínimo y condiciones de trabajo seguras.

Este complejo temario es el que tendrán frente a sí las representantes de los gobiernos de América Latina y el Caribe en la cita de Panamá, a la que también acudirán destacadas economistas y numerosas organizaciones y redes de la sociedad civil y del movimiento regional de mujeres para contribuir al análisis y al debate con su dilatada experiencia. Como siempre, las expectativas son altas y es mucho lo que está en juego. No podemos reactivar nuestras economías de forma perdurable si la mitad de su fuerza productiva y creativa permanece en empleos mal pagados y de baja calidad, sin acceso a la toma de decisiones y asumiendo la carga del trabajo de cuidado sin remuneración, lo cual se intensifica en periodos de desaceleración económica y austeridad fiscal. Para construir economías más justas y sostenibles, que funcionen tanto para hombres como para mujeres —y beneficien a la sociedad en su conjunto— tenemos que cambiar esta ecuación.

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