El Movimiento Al Socialismo (MAS) —¡Y Evo Morales!— ha hecho todo lo posible para forzar una nueva candidatura del Presidente del Estado. Al no conseguir que el referéndum del 21 de febrero de 2016 aprobara la modificación del artículo 168 de la Constitución para una eventual repostulación, hace poco logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en función del Pacto de San José, fallara a su favor al reconocer los “derechos políticos” del Mandatario a una candidatura indefinida.
Más que las protestas en las redes sociales y algunas manifestaciones ciudadanas en contra, además del manifiesto de un grupo de líderes de opinión y políticos sin repercusiones prácticas, el rechazo a la sentencia constitucional solo se queda en eso, aparentemente: no hay fuerza política ni organización cívica capaces de articular un movimiento que pueda hacer frente a una decisión considerada de inconstitucional y con rasgos autoritarios.
Si bien las manifestaciones fueron importantes, y amplificadas por los medios de información, la indignación no pudo crecer ni afectarle al MAS, al Gobierno y a Morales, que creen que son manipuladas por Estados Unidos y organizadas “por la derecha” en el país. Acechadas por la cercanía de las fiestas de fin de año, además por la inminente proclamación de Morales (el 16 de diciembre, en Cochabamba), los detractores del fallo del TCP y de más candidaturas de Morales parecen claudicar, y pronto, en su intento por frenar los afanes del oficialismo.
Así, la campaña electoral de 2019 comienza muy temprano, y con un primer candidato que no estaba consignado entre las posibilidades constitucionales. Era de sentido común que Morales, al perder la opción Sí a la reforma constitucional del 21 de febrero, no iba a plantearse otra posibilidad de volver a ser candidato; pero —ahí está— rompe una de sus tantas promesas de cumplir con el mandato del pueblo o su misma consigna de “gobernar obedeciendo” al pueblo que tanto repetía en sus discursos populares.
Si bien es cierto —como al unísono repiten en el MAS— que por mandato del No no se modificó la Constitución, como se pretendía a través del referéndum, el oficialismo no quiso leer el mensaje de esa decisión electoral, en desmedro de su legitimidad: más de la mitad de los bolivianos optaron por negar la repostulación.
Una institucionalidad que pretende ser seria no puede valerse de una segunda oportunidad para los partidos políticos que fueran desfavorecidos por una decisión electoral ni la democracia debe permitirse desquites, como fue el recurso favorable del MAS ante el TCP, ante intentos fallidos de toma del poder si no son a través de elecciones distintas y constitucionales. El MAS perdió su opción a la repostulación el 21 de febrero de 2016.
Una acción política en ese sentido implica una franca fisura a la democracia, a la que contribuye también la oposición, que a lo largo de los gobiernos del MAS solo se ha dedicado a cuestionar —muchas veces como gimnasia improductiva— algunas políticas, denunciar actos de corrupción, sobrevivir con las anécdotas del oficialismo, y amplificadas por algunos medios de información, y no hacer nada por construir una opción potable para 2019. O siempre desentenderse de las decisiones políticas grandes, como fue, por ejemplo, el caso de la definición de candidatos a las elecciones judiciales, de cuyo proceso previo participó activamente, y el consecuente impulso del voto nulo en los comicios del 3 de diciembre.
Ahora que parece todo consumado a favor del MAS, la oposición está encaminada a la resignación, sin muchas opciones para hacerle frente a Morales en 2019. Y la resistencia al fallo del TCP no encuentra un factor de unidad e incidencia política, mucho menos con las marchas cívicas previstas para este viernes en Santa Cruz y La Paz. La oposición está sin fuerza ni rumbo, cunde en ella la dispersión y los intereses particulares.