El pasado fin de semana, después de más de un año de negociaciones, Bruselas y Londres pactaron las condiciones de la primera salida de un miembro de la Unión Europea desde su creación, hace más de 60 años. Para tal efecto, el Gobierno británico se comprometió a pagar entre $us 47.000 y 53.000 millones por la factura de este divorcio: cuentas pendientes de proyectos ya comprometidos pero cuyos pagos aún no han sido asignados y las pensiones de los funcionarios europeos, entre otros.
También pactaron respetar y reconocer los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido, unos 3,3 millones, así como de los británicos que residen en la eurozona, aproximadamente 1,2 millones. Y resolvieron mantener abierta la frontera con Irlanda y su vecina del norte, uno de los temas más complejos, ya que la creación de controles o la edificación de un muro podría reavivar enemistades pasadas.
Una vez superada esta primera etapa, queda ahora negociar las condiciones que regularán las relaciones futuras entre ambos bloques. Tomando en cuenta los acuerdos alcanzados, se espera que finalmente se imponga un brexit “blando”. Con ello, el Reino Unido podrá gozar de los beneficios que implica acceder al mercado comercial más grande del mundo; pero para ello tendrá que respetar reglas y tribunales en los que ya no podrá influir. A su vez, a la UE le tocará vivir con el estigma de ser un club “del cual se puede salir y con las más aviesas intenciones”, en palabras del analista internacional Lluís Bassets. Es decir, como en todo divorcio, ambos bandos saldrán debilitados de este proceso, uno más que otro.