La Comunidad Andina (CAN) es una organización de integración que promueve no solo el intercambio comercial entre los países del bloque, sino además la conectividad vial, energética y de telecomunicaciones, entre las más relevantes. Dentro de ese marco, en 2011 los ministros de energía y los cancilleres de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú crearon el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (Sinea) como una iniciativa tendiente a poner en marcha mecanismos para facilitar el desarrollo de la infraestructura y las transacciones internacionales de electricidad. Bolivia decidió ser únicamente miembro observador del Sinea.
En Galápagos (Ecuador) se suscribió la declaración que crea el Consejo de Ministros de Energía como máxima instancia para avanzar en la integración eléctrica andina y se conformó un grupo de regulación para que se encargue de los aspectos técnicos y regulatorios de los futuros intercambios de electricidad (teniendo en cuenta que ya existían acuerdos bilaterales como era el caso entre Ecuador-Colombia).
Los miembros plenos del bloque andino (la República de Chile tiene la calidad de país asociado de la CAN), encargaron a Colombia gestionar la cooperación técnica del BID a fin de desarrollar una propuesta de armonización regulatoria que permita aprovechar de manera no discriminatoria, eficiente y sostenible la interconexión eléctrica en la subregión andina. Dicha institución financiera apoyó desde el inicio la iniciativa.
Con base en la experiencia normativa, el acervo jurídico comunitario y gracias a la institucionalidad que la CAN ha creado a lo largo de los años es que se encargó a la Secretaría General y al Comité Andino de Organismos Normativos y Reguladores de Electricidad (Canrel), compuesto por autoridades regulatorias de cada uno de los países miembros, llevar a cabo el proceso de discusión del nuevo marco regulatorio de interconexión eléctrica. Fue así que el Canrel y el grupo creado por el Sinea trabajaron conjuntamente y en coordinación con la Secretaría General hasta lograr consenso en los temas técnicos, siempre bajo el asesoramiento técnico del BID. A fines de abril de este año fue aprobada la Decisión 816, obteniéndose así el Marco Regulatorio para la Interconexión Eléctrica Andina.
Con posterioridad a la aprobación de la citada norma supranacional andina se viene trabajando con apoyo del BID en la elaboración de los reglamentos operativo y comercial, previéndose que en febrero de 2018 se reúnan los países andinos para conocer los avances en esta materia. De aprobarse los reglamentos en el primer trimestre del próximo año, se designaría un coordinador técnico del sistema interconectado.
Los principales propósitos de la interconexión eléctrica son desarrollar la infraestructura, establecer las bases regulatorias para futuras transacciones de electricidad y crear un corredor energético al interior de sus países y en zonas de frontera. En ese marco, Bolivia se constituye en corazón energético de la región y cuenta con un plan de expansión que va más allá de 2020. Ecuador es también un país con excedentes de exportación, y de hecho gracias a acuerdos bilaterales con Colombia, cuando este útlimo país registró déficits de energía, debido a que la sequía afectó la capacidad de generación de sus hidroeléctricas, le transfirió electricidad, demostrando en la práctica lo útil que resultan los acuerdos de integración con marcos reguladores comunes.
En suma, la Secretaría General de la CAN, el Canrel y los grupos de trabajo continuarán avanzando hasta dotarse de los reglamentos que completen el marco regulatorio común cuyo principal hito ha sido la aprobación de la Decisión 816, y así hacer realidad uno de los más caros anhelos de un proceso de integración como es desarrollo de la industria eléctrica en un marco comunitario para beneficio de millones de personas.