El reporte anual del Ministerio Público, presentado ayer, es una nueva muestra de que la sociedad boliviana está enferma de violencia. Según las estadísticas contenidas en el informe, gran parte de esta violencia es machista y patriarcal, pero lo peor (sin ser esto una novedad en sí misma) es que es el hogar, el contexto familiar, donde se produce y reproduce.
Los datos son alarmantes: en 2017, la Fiscalía atendió cada día, en promedio, 81 casos de violencia intrafamiliar y 12 delitos sexuales, de los cuales ocho fueron violaciones. Y previsiblemente el panorama real es aún peor, pues por mucho que la legislación haya permitido la tipificación de los delitos contra las mujeres, niños y niñas, es bien sabido que muchos casos no son denunciados.
De hecho, el que haya mujeres víctimas de violencia o familiares que prefieren el silencio a la “vergüenza” de reconocer que hay violencia en sus hogares u otros ámbitos cotidianos e íntimos es también una forma de violencia que suele pasar desapercibida y, por tanto, volverse “normal”, de tal modo que es más difícil combatirla.
Volviendo a las estadísticas del Ministerio Público, el reporte anual revela que los departamentos donde más denuncias por violencia intrafamiliar se presentaron son Santa Cruz, con 8.561 casos (23 al día en promedio); La Paz, 6.813 casos, 19 por día; y Cochabamba, con 5.268 denuncias presentadas, 14 por día en promedio. En el otro extremo, Oruro y Pando son las regiones donde menos denuncias se registraron: 1.194 y 572, respectivamente.
Los delitos sexuales también se presentaron en números importantes: hubo 4.329 denuncias entre abuso sexual (antes llamado abuso deshonesto), violación a niña, niño o adolescente; y violación de persona mayor de edad. Es decir, un promedio de 12 denuncias diarias, tres de ellas con un niño o una niña como víctimas; y es posible que en este ámbito sea donde más casos quedan sin ser denunciados por las razones antes señaladas.
En general, desde la psicología y la sociología se ha explicado que este tipo de violencia (otros indicadores del informe del Ministerio Público merecen comentarios aparte) es una típica manifestación de la cultura patriarcal vigente, en la que los varones son formados en una serie de valores que exigen de ellos actitudes de dominación. En el extremo, la teoría feminista señala que las violaciones no se producen porque el varón sea incapaz de controlar sus “instintos”, sino porque goza del poder que ejerce sobre su víctima.
Es evidente, y lo hemos dicho numerosas veces en este mismo espacio, que el mejor camino no pasa únicamente por penalizar estas formas de violencia (la vigencia de la Ley 348 es la prueba de que la amenaza no disuade a los violentos), sino fundamentalmente por formar nuevas generaciones, conscientes de que estos comportamientos no deben ser tolerados ni mucho menos aceptados. Ese reto le toca a la sociedad toda.