Cuando a mediados de diciembre del año pasado el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, promulgó el nuevo Código de Sistema Penal, solo dos artículos estaban en cuestión: el 205, sobre la mala práctica (en conflicto con el sector salud); y el 157, relativo al aborto (resistido por las iglesias). Nada mal para una norma de 681 artículos y 12 disposiciones complementarias.
El paro médico en torno al artículo 205 (finalmente derogado) que se prolongó, nada menos, durante 47 días y otras demandas sectoriales abrieron el contenido del flamante Código al escrutinio público. Así, de manera tardía pero impetuosa, varios artículos de la norma, que no merecieron ni comentario previo, empezaron a ser cuestionados. Y se instaló la sensación, arropada de bien montada posverdad, de que “todo está mal”. Hoy diferentes sectores exigen la abrogación del Código del Sistema Penal.
¿Cómo se explica que, de pronto, una reforma con avances sustantivos en la materia (en respuesta a la profunda crisis de la administración de justicia) se haya convertido en agitada bandera de oposición contra el Gobierno? No basta decir que faltó socialización y no hubo información pública, lo cual abonó el escenario de suspicacia y la profusión de falsedades sobre el contenido del Código. Es claro que en el fondo, como factor que polariza, está el fallo del TCP sobre la reelección presidencial.
Con relación al itinerario legislativo del polémico Código, a reserva de su contenido, es innegable que el oficialismo impuso unilateralmente sumayoría para aprobar la norma en comisiones y plenos camarales. En ello hay cuestionamiento, pero ninguna novedad. Lo llamativo —habría que decir penoso— es que durante 11 meses los asambleístas de la oposición no hayan dicho nada (más allá de exabruptos como incitar a las mujeres a suicidarse). Ello los descalifica cuando ahora, desde el ayuno, “denuncian” todo.
¿Cómo afrontar hoy el debate, devenido en conflicto, sobre una norma compleja que rápidamente puede ser desfigurada y, por tanto, rechazada? Las anunciadas socialización sectorial del Código y reforma de dos artículos sobre la sedición son acciones necesarias, pero insuficientes. Es imprescindible que la información sustituya a la falacia y que la deliberación plural desplace a la imposición. Con tales premisas debiera realizarse un análisis sereno sobre aquello que puede mejorarse o precisarse; y así avanzar.
Claro que difícilmente se podrá superar el trance en torno al nuevo Código del Sistema Penal si persiste la lógica del “nada más que hablar”, aplicación cerrada, de un lado; abrogación por consigna política, del otro. Peor todavía si, por ejemplo, el argumento único e incuestionable es que “está contra la palabra de Dios”. ¿Todo el Código, señores de las iglesias? “En realidad la objeción es contra el artículo 88, pero la Biblia dice que ‘una mosca arruina todo el perfume” (sic). Así no hay avance posible.