A principios de agosto, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) publicó los datos sobre las exportaciones e importaciones del periodo 2005-2019, incluyendo la información registrada hasta junio de este año. Todo apunta a que el impacto que tendremos por la emergencia sanitaria del COVID-19 se visibilizará con una reducción tanto en las importaciones como en las exportaciones, confirmando la tendencia al bajo crecimiento porcentual en el Producto Interno Bruto (PIB) que venimos experimentando desde 2015. Las grandes preguntas siguen siendo cómo se reactivará la economía luego de la cuarentena y cuál será el impacto de esta reactivación en los recursos naturales que alberga nuestro país, en especial la Amazonía.

Los departamentos que más aportan al PIB nacional son Santa Cruz y La Paz, sumando juntos cerca del 30%. Son también los departamentos con mayor crecimiento, con 4,2% y 3,2%, respectivamente. En el caso cruceño, los principales productos exportados en lo que va del año fueron el gas natural y la soya, mientras que en el paceño, el oro en bruto. Casos distintos son los de Pando y Beni, que tienen a la castaña con y sin cáscara como uno de sus principales productos de exportación. No es un dato nuevo, sin embargo, los $us 54 millones por exportación de castaña que suman ambos departamentos apuntan a que el valor anual de exportación de este producto estará por debajo de sus valores históricos (encima de los $us 100 millones desde 2015). Por otra parte, en ambas regiones la exportación de oro en bruto fue alta, llegando a $us 167 millones.

Los bajos volúmenes de exportación de castaña confirman el escenario de vulnerabilidad que se anticipaba como resultado de la baja demanda internacional del producto, mermando la economía de miles de familias campesinas e indígenas que dependen de este recurso. El caso del oro parece ser una respuesta al incremento de la demanda internacional que alcanzó un valor histórico a principios de agosto ($us 2.067 la onza) y que ha experimentado una disminución en las últimas semanas. En el caso de Pando, Beni y el norte de La Paz, la minería aurífera combina actividades formales e informales con impactos socioambientales que aún desconocemos, que podrían acentuarse en la poscuarentena.

En este escenario, el esquema de entrega de bonos decretados por el Gobierno no será suficiente para reactivar la economía de la región amazónica. Fortalecer los espacios de articulación entre productores, empresarios, academia y sociedad civil sigue siendo clave, a la par de promover e implementar estrategias colaborativas de negociación y venta de frutos u otros productos de la Amazonía (asaí, por ejemplo), que podrían ser una solución, pero no la única. Las cadenas de suministro, producción y distribución han sido afectadas por la emergencia sanitaria y su recuperación implica inversiones que podrían darse en un marco de incentivos que aún no existe. El desafío es grande y no deja de ser incierto.

Daniel M. Larrea es es doctor en Ecología Tropical, investigador de la ACEAA.

En 2017 experimentamos una disminución en la producción natural de castaña en el país (entre el 45 y el 60% respecto a los niveles usuales) debido al clima. La respuesta en el mercado internacional fue un aumento en el precio, sumado al incremento de las cotización de otras nueces de las que depende el precio final de la castaña. El volumen de exportación final de 2017 fue de 14.500 toneladas (por debajo de las 20.000 t registradas desde el 2012). Y el valor de las ventas por exportación fue de $us 169 millones, apenas $us 14 millones menos que en 2016.

Además, el precio de las operaciones de compra y venta en las que el transporte se realiza por barco (Free on board, FOB), llegó ese año a $us 5,1, valor que normalmente oscila entre los $us 3,4 y los $us 4,2. A nivel de las familias que recolectan este fruto, la poca castaña que pudieron obtener del bosque fue altamente cotizada por los intermediarios, rescatistas o las empresas beneficiadoras a las que les vendieron su producto.

Este año hemos experimentado un fenómeno completamente distinto. A principios de enero surgieron señales de alarma en varios municipios de Pando por la disminución de los precios de la castaña comparados con los del año pasado (por ejemplo, en 2019 fue de Bs. 275 por cada caja de 23 Kg; y en 2020, oscilado entre Bs 100-120). Esto desató un movimiento social de casi tres semanas que terminó luego de que los recolectores de castaña y el Gobierno acordasen un precio de Bs. 140 por caja, derivando a la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) la responsabilidad de implementar una estrategia de compra que beneficie a la mayoría de las familias castañeras. Pero a pesar de sus esfuerzos, esta entidad no logró su propósito. En consecuencia, los ingresos económicos esperados por cada familia por la recolección y venta de castaña no fueron los estimados. A esto se ha sumado la emergencia sanitaria nacional y la cuarentena que atravesamos por el brote del COVID-19.

Todo apunta a que el bajo precio de la castaña devino por la reducción de su demanda en el mercado internacional. Esta dinámica ha puesto de manifiesto, una vez más, la alta dependencia de este recurso por parte de las familias castañeras, que este año han visto mermada su economía familiar (reducida liquidez, capacidad de compra, etc.). Afectando también la dinámica económica propia de sus comunidades, las cuales no cuentan con las condiciones necesarias para hacer frente a la pandemia.

En este escenario han resurgido prácticas tradicionales como el intercambio o el trueque de productos que, por supuesto, no serán suficientes. Junto con el acompañamiento del esquema de entrega de bonos decretados por el Gobierno y el seguimiento sanitario de cada comunidad, urge diseñar e implementar estrategias postcuarentena que fortalezcan el sistema alimentario de cada familia, y que promuevan la tan ansiada diversificación económica de la región. La cual viene de acompañada con otro desafió: promover intercambios comerciales bajo protocolos y estándares de bioseguridad.

Daniel M. Larrea, doctor en Ecología Tropical, miembro de la Asociación Boliviana para la Investigación y Conservación de Ecosistemas Andino-Amazónicos (ACEAA).

Conocida como borití, carunday-guazú, caryay guazú, huaich y otros nombres, la palma real (Mauritia flexuosa) crece formando palmares en sitios pantanosos e inundados de la Amazonía, la Chiquitanía y el Cerrado de Bolivia. Puede alcanzar los 20 metros de altura. Presenta un tallo con anillos marcados, y a diferencia del asaí (una palmera muy famosa por estos días), la palma real es una planta dioca, es decir, existen individuos machos y hembras indispensables para la polinización de sus flores y la producción de sus frutos, usualmente escamosos de color café o rojo-anaranjados, los cuales contienen una semilla que se halla envuelta por una pulpa amarilla de consistencia aceitosa.

Es muy utilizada en países vecinos como el Perú (“aguaje”), Colombia (“moriche”) y Brasil (“buriti”). Sus hojas pueden ser empleadas para la construcción de cestas, redes, sombreros, abanicos y diferentes artesanías o para el techado de casas. Sus tallos son utilizados en algunas partes del Brasil para el transporte de madera. Varios estudios han demostrado las propiedades antioxidantes y antimicrobiales de la pulpa de sus frutos, los cuales son consumidos directamente o en forma de jugos, chichas o licores. También es posible extraer aceite de la pulpa y sobre todo de las semillas. A pesar de sus virtudes, la palma real es una planta subutilizada en Bolivia.

Tanto en Perú como en Brasil existe un mercado de compra y venta de frutos de palma real. En ciudades como Belén (norte de Brasil), el precio de un fruto de palma real puede llegar a los 0,4 reales (aproximadamente Bs 0,7). Mientras que en Puerto Maldonado (sur del Perú), puede llegar a costar 0,5 soles (Bs 1). También se las vende en sacos o latas que varían en cuanto a la cantidad de frutos que contienen. La venta del fruto se sustenta en saber manejar su naturaleza perecedera, que puede mantenerse hasta 4-5 días luego de su recolección sin comenzar a descomponerse. Además, existen iniciativas que promueven valor agregado, insertando procesos de transformación primaria (pulpa) o secundaria (champús y otros).

Existen poblaciones abundantes de palma real en el norte de Santa Cruz, en el Beni y en Pando; de allí que el impulso de emprendimientos de recolección y venta de frutos de esta planta podría ser posible. No obstante, se debe estandarizar metodologías para el registro de su potencial productivo, generar capacidades para el trepado de las palmeras y buenas prácticas de recolección de sus frutos; además de promover niveles de organización adecuados y fortalecer los procesos de transformación que el producto requiera. Todo esto en el marco de la legalidad, salud ocupacional e inocuidad; principios que deben regir cualquier emprendimiento de productos forestales no maderables.

La economía de la Amazonía boliviana tiene una larga historia basada en el aprovechamiento de productos forestales no maderables: primero la quina, luego la goma y hoy la castaña. Al menos 6.000 hogares campesinos o indígenas dependen de este recurso. Se estima también que la actividad es capaz de generar más de 20.000 empleos directos o indirectos, y que las empresas beneficiadoras de Riberalta y Cobija proporcionan empleo temporal a cerca de 8.500 personas. Además, miles de trabajadores migrantes se trasladarán a diferentes regiones castañeras para trabajar en la zafra.

Los frutos maduros o “cocos de castaña” empiezan a caer en noviembre, y para enero la mayor parte de los frutos ya se encuentran en el suelo. Cada fruto contiene entre 15-25 semillas de castaña. La recolección (“zafra”) se inicia en diciembre y, dependiendo de la zona, finaliza entre abril y mayo. Las prácticas de recolección no han variado con el tiempo. Los frutos maduros son recolectados y almacenados en el suelo del bosque hasta tener una cantidad suficiente para iniciar su quebrado, sacar las semillas, almacenarlas en bolsas y trasladarlas hasta los “payoles”, pequeños galpones utilizados para el secado o el almacenamiento de la castaña.

Se necesitan entre 500 y 600 frutos para llenar una bolsa o barrica de 69 kg. Una barrica equivale a tres cajas de 23 kg cada una. Tanto las cajas como las barricas son las unidades utilizadas por los recolectores para la venta de castaña. Estas medidas son una herencia del sistema inglés de uso aún común en el país. Una barrica de 69 kg equivale a 1,5 quintales; una caja de 23 kg, a dos arrobas de 11,5 kg; y una arroba, a cerca de 25 libras. Estas equivalencias cobran sentido si recordamos que el precio anual de mercado, y por tanto el de exportación de la castaña, se determina en libras. Además, por cada tres libras de castaña en cáscara las empresas beneficiadoras obtienen cerca de una libra de castaña beneficiada o sin cáscara para su exportación.

Todos los actores del sector castañero (recolectores, intermediarios y empresas beneficiadoras, entre otros) dependen de la productividad natural de los árboles, la cual varía de año en año, generando diferencias en los ingresos que perciben. El conocimiento de la dinámica (antes, durante y después de la zafra) y la geografía de los precios de compra y venta de castaña (precios en centros castañeros o ciudades intermedias) son clave. Esta información permitiría promover y fortalecer redes y contactos comerciales que vinculen compradores con recolectores, y podría sentar las bases para establecer alianzas comerciales directas entre recolectores y empresas beneficiadoras de castaña.

* Doctor en Ecología Tropical,  miembro de la Asociación para la Conservación de Ecosistemas Andino-Amazónicos (ACEAA).

Para la Real Academia Española, el término “seguridad” puede aplicarse al conjunto de mecanismos o características cuya función principal es evitar o prevenir accidentes. Aunque podría parecer lo contrario, el uso y aprovechamiento no consuntivo de productos del bosque amazónico, por ejemplo la castaña o recientemente el asaí, implica diferentes niveles de riesgo para los recolectores de estos recursos. No existen normas que regulen y/o protejan a las personas que ingresan al bosque, y por lo general, el tema de su seguridad depende de su conocimiento y experiencia en la actividad.

En el caso de la castaña, existe la posibilidad de que los frutos, “cocos” de más o menos 500 g, caigan sobre las cabezas de los recolectores, provocando contusiones; riesgo que minimizan ingresando al bosque a partir de diciembre o enero, cuando las lluvias, causa principal de la caída de los cocos, tienden usualmente a disminuir. No obstante, la posibilidad de encontrarse con cocos que caen existe. Este riesgo se minimiza cuando el recolector ingresa al bosque con un casco. Sin embargo, no es una práctica común y lo usual en Bolivia es encontrarse con recolectores de castaña que ingresan al bosque sin ninguna protección.  

A diferencia de la castaña, los frutos de la palmera de asaí, cosechados entre de abril y julio, se forman en racimos que no caen al suelo cuando maduran. Por lo cual es necesario trepar las palmeras, alcanzar y cortar los racimos y descender con ellos de los árboles. Estas palmeras pueden medir hasta 25 metros, es decir, una altura similar a una casa de 6-7 pisos; y los racimos pueden pesar entre 5 y 15 kg cada uno. Las técnicas de trepado varían desde el uso de maneas (bolsas de polipropileno amarradas a los pies), hasta el empleo de cuerdas como el denominado “estrobo”, entre otros. Fracturarse los tobillos, brazos o piernas puede ser inevitable si llegan a caerse de la palmera, riesgo que toman muchos cosechadores de asaí.  

No existen estadísticas sobre los accidentes que ocurren durante la zafra de castaña o de asaí. En el caso de la castaña, la seguridad de los recolectores no es un tema que se haya priorizado probablemente por tratarse de un producto que finalmente se recoge del suelo. El caso del asaí es distinto y necesita de acciones que promuevan y motiven el trepado y la cosecha segura de estos frutos, por ejemplo con el uso de arneses, junto con una fuerte capacitación de los cosechadores en primeros auxilios que les permita la atención inmediata y traslado de las personas que sufren accidentes. Queda claro que la seguridad laboral y el seguro de salud, tema que no desarrollé en esta reflexión, aún no forman parte de la llamada sostenibilidad del uso del bosque.