A solo semanas de que los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitan su veredicto final sobre la demanda de Bolivia contra Chile, para que este último le ceda un acceso soberano al mar al primero, el periódico La Tercera decidió publicar las minutas de la última negociación secreta entre ambos países. Entre el 12 de agosto y el 21 diciembre de 2011, dos exministros de ambos gobiernos conversaron en Mendoza, Buenos Aires, Arica, Calama y Santa Cruz. Las ofertas que fueron y vinieron son de poca monta, lo cual explica, en parte, el naufragio de las tratativas.

Los enviados, Walker San Miguel por Bolivia y Jorge Bunster por Chile, no superaron los límites pétreos de sus predecesores en la faena. Chile quería evitar que Bolivia presentara la ya conocida demanda ante el Tribunal de La Haya u optara por denunciar el Tratado de 1904 ante la Corte Internacional de Arbitraje. A su vez, Bolivia esperaba alcanzar una solución de “medio camino”; es decir, dar un pasito adelante en pos de un horizonte marítimo, o dicho de otro modo, poner un adoquín en la ruta hacia un corredor soberano al norte de Arica. Como San Miguel y Bunster entraron al clásico callejón sin salida, Bolivia decidió nadar hacia La Haya.

Analicemos este fallido intento de aproximación. Chile puso una condición, la de siempre, no ceder ni un milímetro de territorio. Bolivia se dio por satisfecha con la sola idea de sentarse a escuchar promesas. ¿Qué me das?, preguntaría San Miguel. Bunster le puso sobre la mesa el siguiente paquete: un nuevo puerto industrial por Mejillones, una playa para uso recreativo, la de Las Machas, al norte del Chinchorro en Arica; una franja del aeropuerto de la misma ciudad; el control de la carretera Tambo Quemado-Arica y del ferrocarril Arica-La Paz; además de pagar un valor ponderado por las aguas del Silala. Ambos negociadores se citaron en Arica para sentir bajo sus plantas la arena de Las Machas y viajaron a Calama para echarle un ojo bilateral al Silala.

La playa que Chile quería prestarnos por 99 años es casi una afrenta. “Nadie se puede bañar ahí”, dicen los prospectos turísticos en tono desalentador. Los únicos ganadores iban a ser los chilenos, que en más de un siglo no pudieron hacer de Las Machas un lugar digno de visitarse.

Ah, y tal vez algún surfista boliviano o un buscador de selfis con una carpa. He oído a un par de comentaristas desinformados que baten palmas con la sola idea de tener el comodato de Las Machas, a unas horas de su casa. San Miguel se habrá dado cuenta en cambio que aquella no era una parada a “medio camino”, sino un timo.

Si pronto la CIJ obliga a Chile a negociar “de buena fe”, tendremos que aprender de este ensayo en 2011. No le podemos pedir a Chile que renuncie a su territorio. Esa es su línea infranqueable. Lo que sí podemos esperar es que perfeccione la oferta Bunster. Eso es que Bolivia controle todas las vías de transporte hacia el Pacífico, en una franja que sin dejar de ser chilena otorgue una soberanía marítima, no territorial, a Bolivia. Se trata de descomponer y delegar. En ese corredor deberían regir las leyes bolivianas en todo lo referido al transporte de bienes y personas. Los demás componentes, como el control militar, el ondeado de banderas, el sistema de salud y educación y las cañerías de agua, se pueden quedar en manos de ellos. Ah, la yapa: las conversaciones San Miguel-Bunster demuestran otra vez que entre Bolivia y Chile sí hay un asunto pendiente.

La oposición boliviana ha venido acumulando un kilo de defectos, algunos de los cuales, con el andar del tiempo, se han venido haciendo crónicos. Es improvisada, perezosa y la mejor amiga de la consigna instantánea. Sin embargo, el mayor de sus yerros es su nula capacidad estratégica. Se engolosina espasmódicamente con cada coyuntura y se duerme al día siguiente para hacer la digestión. Jamás mira más allá de la declaración inminente, y menos aún concibe un plan que le permita avanzar sacando ventaja de los intereses genuinos del adversario.

La oposición parece, en pocas palabras, un enclenque títere del oficialismo. Cuando el MAS decide arremeter contra Carlos Mesa, en vez de investigar a fondo el caso Quiborax y plantear una política soberana frente a los arbitrajes internacionales, se apresura a cortejarlo como futuro candidato. En el instante en que el Gobierno desiste de un juicio en contra del expresidente, lo devuelve al rincón del olvido y renueva sus pugnas internas. Horas después, los Kjarkas se pliegan abiertamente a la campaña de la repostulación y la oposición convoca a no ir a sus conciertos.

Ahora que el partido de gobierno pone en cartelera la Ley de Organizaciones Políticas, de inmediato la califica como una burda maniobra para desbaratar las movilizaciones en pos del respeto a la voluntad expresada en el 21F. Ni una línea de análisis del proyecto, ni una sílaba sobre la posibilidad de usarla en su favor. La oposición boliviana se aferra a la vana esperanza de que Evo Morales acepte irse a su casa el próximo año; así nomás, solo para no estropear su semblante cada que escucha a alguien gritar: “Bolivia dijo No”. Tantos años maniobrando desde el poder y todavía no lo conocen.

Si la oposición boliviana busca en serio encauzar una transición que saque el país de la lógica del caudillo, necesita moverse con astucia y rapidez. La Ley de Organizaciones Políticas puede dejar de ser la última maniobra para prolongar el mando unipersonal y convertirse en la antesala de su desplazamiento gradual.

Sin embargo, si la oposición sigue hipnotizada por el 21F, la ocasión será desaprovechada.

Si la ley se aprueba como viene, en noviembre de este mismo año la oposición en pleno podría sentarse en una mesa, tomar una hoja de papel y apuntar los nombres de quienes aspiran a representarla. Y así, sin mucho esfuerzo, opositores de todo el país podrían hacer fila en enero para votar por la figura más seductora.

El oficialismo le está regalando a la oposición la herramienta para unirse. No usarla implica ensartarse en acuerdos cupulares, pactos de camarilla, arreglos entre caudillos de Alasitas. Las primarias, en cambio, le permitirían escuchar la voz de una mayoría electoral dispersa y heterogénea a la que generalmente no se convoca salvo para aplaudir o desfilar.

¿Aceptar las primarias es traicionar la lucha por el 21F? No, en lo absoluto. Que la oposición se dé a la tarea de contar con un candidato no la inhibe de exigir que la Constitución se cumpla, y que el MAS releve a sus actuales liderazgos. En Colombia, las primarias le dieron una ventaja insuperable a Gustavo Petro sobre Sergio Fajardo. En Estados Unidos están abriendo paso a nuevos candidatos demócratas que negándose a recibir dinero de las corporaciones son el destacamento de vanguardia de la lucha en contra de la reelección de Donald Trump. ¿Dejarán ir los bolivianos esta oportunidad?

Uno de los oficios más inquietantes del mundo de hoy es sin duda el de vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia. Tan es así que más de uno actualmente debe estar pensando en renunciar al cargo antes de que expire su mandato, ya sea fingiendo alguna clase de enfermedad repentina o explorando algún recóndito motivo familiar de fuerza mayor.

Y es que varias carreras profesionales se balancean en este momento sobre la cuerda floja. Haber sido elegido como vocal sigue siendo un honor que muchos envidian, pero continuar bajo las condiciones actuales podría significar el fin del prestigio adquirido. Su destino se decidirá en el instante en que el Movimiento Al Socialismo (MAS) busque inscribir, por cuarta vez en la vida, a Evo Morales y Álvaro García Linera como sus candidatos presidenciales. En ese momento, los vocales del TSE tendrán que decidir si ambos señores cumplen los requisitos para participar de las elecciones de 2019.

Si el TSE convalida la repostulación y da la orden de incluir esa dupla en la papeleta electoral, habrá pignorado su prestigio ante medio país. Si por lo contrario, redacta una amable carta advirtiendo que ambos ciudadanos no pueden competir, se expondrá a una ira gubernamental jamás vista.

En su lugar, yo optaría por lo segundo, que sin ser la carta más aconsejable para garantizar la integridad física de la víctima en turno, es la única que amansa la conciencia individual.

Si los vocales en cuestión no renuncian prematuramente, están obligados a fundamentar su decisión con precisión jurídica milimétrica. Dos nociones vitales chocan en este entuerto, cual trenes macizos propulsados a alta velocidad. Por un lado, está el voto ciudadano del 21 de febrero de 2016, cuando el pueblo soberano les cerró la puerta a Evo y Álvaro para volverse a postular. Por el otro, está la sentencia del Tribunal Constitucional, que, a su vez, se basa en el artículo 23 inciso b de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José.

Para preservar su prestigio, los vocales del TSE solo necesitan repetir que el voto del pueblo está por encima de todo en este mundo, y que si “Bolivia dijo No”, es sencillamente No. Ni el Tribunal Constitucional, ni la Corte Interamericana, ni las deidades ancestrales pueden desconocer la soberanía de un pueblo. El derecho a elegir está por encima del derecho a ser elegido.

Cuando los ministros o parlamentarios los amenacen con hacerles un juicio por contravenir un tratado internacional, el cual, de acuerdo con la Constitución tiene carácter vinculante, los vocales en cuestión podrán recitar el inciso c del referido artículo 23 de la Carta Interamericana, que les da a los ciudadanos el derecho “a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. Pues resulta que tanto Evo como Álvaro tienen prohibida, por la Constitución, una tercera repostulación consecutiva como candidatos presidenciales al igual que todos los demás ciudadanos de Bolivia. Se trata de un derecho que ha sido restringido para todos, con lo cual, no hay discriminación alguna. Así de claro, ser vocal y ser decente es, por ahora, vivir en el mejor de los mundos.

En la Bolivia de hoy, la polarización ha lanzado por la borda cualquier atisbo de información equilibrada. Cualquiera que sea el tema elegido, de inmediato emergen dos batallones escindidos por rejas electrificadas. Hace solo semanas, por ejemplo, quien mostrara simpatías futboleras por la Presidenta de Croacia era tildado de fascista por los adoradores del Gobierno. A su vez, los opositores a Evo la instalaron en el altar de la austeridad por el sublime acto de subirse a un avión comercial y pagar sus entradas a los estadios. No hay vuelta atrás, estamos instalados prematuramente en las elecciones del próximo año.   

El arbitraje desfavorable para Bolivia por la expulsión de la empresa Quiborax del salar de Uyuni en 2004 no podía ser la excepción. Hay quienes cargan toda la culpa al Gobierno, y hay quienes apuntan su dedo acusador contra Carlos Mesa como único responsable de la pérdida de más de 40 millones de dólares. El interés nacional está disuelto en el ácido de los “Bolivia dijo No” y de los “Evo for ever”. Nademos mejor a contracorriente y veamos acá lo que callamos sobre el caso Quiborax por pura conveniencia preelectoral.

i) Mesa cometió errores jurídicos “insubsanables”. El calificativo fue usado por Eduardo Rodríguez Veltzé en el Decreto Supremo 28527, por el cual trata de enmendar así sea solo para los expedientes un curso de acción que ya no podía ser revertido un año y medio después. No se revoca las concesiones mineras, se las anula. Mesa ha dicho que la Superintendencia de Minas cambió el verbo; ahora dice que sí se podía revocar. Un gobierno que no cumple sus propias leyes al expulsar a una empresa es blanco fácil de un juicio internacional.

ii) Las normas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dan pie a negociaciones amistosas entre las partes. Eso es normal y hasta aconsejable. La idea es que el arbitraje sea prescindible y que se impulsen acuerdos empresa-país. Que los equipos de abogados rivales se reúnan no es traición a la patria, es un deber ineludible de cualquier litigante.

iii) Bolivia usó en Washington el argumento de que en el país existe una división de poderes a fin de enjuiciar a David Moscoso y a su socio chileno por la falsificación de un acta fechada en septiembre de 2001. Todos sabemos que tal división de poderes es aparente; sin embargo, ante el CIADI aquella era una coartada útil para no hacerse cargo del enjuiciamiento y obtener pruebas en contra de Quiborax. Pese a ello, el juicio estuvo paralizado entre 2010 y 2013 porque el CIADI así lo dispuso. El Gobierno activa y desactiva juicios a discreción, eso queda demostrado.

iv) El Gobierno actual sí presentó en tiempo y forma la confesión de Moscoso sobre la falsificación cometida. Esa arma que Mesa considera infalible para abortar el juicio fue usada plenamente, pero el CIADI la invalidó el 27 de septiembre de 2012.

v) El acta falsa no le fue útil a Bolivia, porque Quiborax presentó los cheques y las acciones endosadas que demuestran que los chilenos compraron los títulos de los hermanos Ugalde antes de la expulsión. El CIADI hizo exámenes de la tinta, las firmas y el papel. Nada que alegar.

vi) El Gobierno boliviano “secuestró” (palabra usada por el CIADI) toda la documentación de la empresa demandante. Vale decir que tuvo oportunidad plena de presentar las pruebas necesarias para defenderse.

Ante todo lo dicho, no cabría preguntarse: ¿estábamos condenados a perder aquel juicio?, ¿no es el CIADI el peor campo de batalla para un Estado? Y algo más grave aún: ¿ya aprendimos a nacionalizar?

Sí, México es el país emblemático que muchos admiramos. Es el tercero más extenso de América Latina, el segundo más poblado de esta región y el único, entre nosotros, que colinda con una de las mayores potencias económicas del orbe. Es además el que mejor ha seguido las directrices que pregonaban la sustitución de importaciones, y el que, a pesar de, o quizás a raíz de políticas comerciales audaces, exporta más productos manufacturados.

El primer domingo de julio, los mexicanos fueron a votar. Lo hicieron por todas las autoridades que uno pueda imaginar. De un jalón eligieron presidente, senadores, diputados federales y locales, nueve gobernadores y cientos de alcaldes. Cuando una elección es así, superconcurrente, las figuras nacionales arrastran a las demás. Dado que no puede haber suficientes debates ni agendas simultáneas, fue la disputa grande la que definió la preferencia de los electores.

Tres factores marcan la rutina diaria de los mexicanos en las décadas recientes: la violencia, la pobreza y la corrupción. La gente está cansada de salir de su casa sin saber si podrá regresar viva, de ver cómo la mitad de sus compatriotas debe seguir angustiada por conseguir el sustento diario, y de toparse con una casta política que ha inventado todos los trucos posibles para adueñarse del dinero público. Por esa triple razón compacta, el 53% de los electores buscó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la boleta. Nadie desde hace 24 años había logrado semejante respaldo.

López Obrador es el ídolo del momento. Su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) controlará desde este fin de año la presidencia, las dos cámaras legislativas, 12 de los 22 congresos locales que estuvieron en disputa y los principales municipios de la República, incluida su megacapital.

La promesa en curso no consiste en que México pase a convertirse en un país socialista. Ya suficiente hemos aprendido de los fracasos como para recalar tozudamente en el mismo error. México necesita enfrentar con toda su energía los males mencionados. Para ello, el presidente electo ha anunciado tres medidas que en realidad son una: austeridad, amnistía y democracia. Ni más ni menos.

Para que la corrupción sea desterrada, el remedio es dejar de robar. Los salarios de los funcionarios gubernamentales serán normales, ser político ya no podrá ser señal de enriquecimiento súbito y vertiginoso, como había ocurrido hasta ahora.

Para que la pobreza ceda, ese dinero cuantioso, que servía para malcriar a una casta cínica y descontrolada, será usado para que surja una nueva sociedad, que ya no pueda ser manipulada con limosnas por los partidos políticos. Eso es más democracia.

Y para que la violencia sea anécdota de un pasado mafioso, México necesita salir de la lógica de la guerra y de los cementerios. Ello implica que los delincuentes dejen de contar con el respaldo social al que recurrieron para enfrentar a un Estado que solo echa mano de la bala y la extorsión. El país necesita rescatar para la legalidad a enormes segmentos de población que no han encontrado otra vía para sobrevivir que no sea secuestrar, robar o estafar.

Por tanto, no nos engañemos. AMLO no es ni Chávez ni Fidel. El país más emblemático de América Latina necesitaba una transformación que produzca ciudadanos, hombres y mujeres liberados de la clase que hoy prepara sus maletas para ceder lugar a la indignación organizada.