En una nota publicada ayer en este diario, se advierte que en 2017 la Intendencia del Gobierno Municipal de La Paz clausuró de manera “definitiva” 103 locales nocturnos. En un recorrido por varios sectores del centro de la ciudad, un periodista de este diario visitó 35 de estos locales y pudo constatar que al menos 26 de ellos, es decir el 75%, siguen operando con normalidad.
Este fenómeno se explica en gran medida debido a la laxitud de la ley, que impone como pena máxima el arresto durante ocho horas a quienes vulneran la clausura de un bar, abriendo sus puertas pese a haber sido cerrado por la municipalidad. Por otra parte, la Policía es la responsable de que una taberna que ha sido clausurada definitivamente no vuelva a abrir sus puertas. Labor que, como se evidencia, no suele ser cumplida a cabalidad, por decir lo menos. Adicionalmente, es común que estos boliches eviten los controles municipales empleando cámaras, chivatos o incluso argucias legales, argumentando por ejemplo que se trata de una fiesta privada.
Como bien se sabe, estos lugares no solo promueven el consumo excesivo de alcohol y el tráfico de drogas, sino también la prostitución, labor que puede esconder casos de trata de personas; amén de la violencia que siempre viene acompañada en este tipo de bares (por ejemplo, tiempo atrás un joven de 24 años murió en el bar El Caballito luego de recibir un disparo en la espalda). De allí la importancia de tomar medidas efectivas para controlar su proliferación.