Aunque no es nueva, la querella entre la Policía y el Ministerio Público ha llegado a extremos que superan lo vergonzoso y causan alarma, pues la habitualmente ríspida relación entre policías y fiscales ha escalado hasta altas autoridades, que en los últimos días intercambiaron, además de reproches mutuos, severas acusaciones que hablan muy mal de ambas instituciones.
La tensión entre ambas instituciones tiene entre sus antecedentes más próximos agresivos intercambios entre el Ministro de Gobierno, cabeza de la Policía, y el Fiscal General del Estado, meses atrás, a propósito del modo en que se desarrollan las investigaciones penales, particularmente en casos de alta visibilidad. En la última semana, quienes intercambiaron agresiones en sendas conferencias de prensa fueron el Viceministro de Régimen Interior y el Fiscal Departamental de La Paz.
En esencia, el reclamo de parte de la Policía es que los fiscales suelen ser laxos a la hora de considerar las medidas que corresponden a delincuentes que son capturados, a veces tras largos procesos de seguimiento. También se ha denunciado que los investigadores del Ministerio Público impiden a los uniformados hacer seguimiento a los casos que están siendo investigados; son muchas las ocasiones en las que el Fiscal General ha tenido que salir en defensa de sus subalternos.
En el caso que ha enlodado la imagen de ambas instituciones días atrás, el Viceministro de Régimen Interior llegó a afirmar que el Fiscal de La Paz se ha convertido en “un representante” de los delincuentes, dando a conocer un caso reciente en el que el jefe del Ministerio Público en La Paz liberó a una mujer acusada de haber dopado a un turista español para hurtarle una gran cantidad de dinero, además de instruir una acción penal en contra de efectivos de la Dirección y Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), de la Policía, por la privación de libertad de aquella y de otras mujeres.
Al día siguiente fue el turno del Fiscal paceño, quien además de señalar que el viceministro habría buscado favorecer a su suegra en una investigación penal, afirmó que la autoridad habría sido causante del linchamiento de su antecesor, en medio del conflicto con los cooperativistas mineros en 2016. Los ocho fiscales departamentales restantes se pronunciaron en apoyo a su colega paceño.
En medio de las acusaciones, de las cuales seguramente no se excusarán ni el Ministro de Gobierno ni el Fiscal General, lo único que queda claro es que los personajes del conflicto parecen haber olvidado que representan a las instituciones llamadas por la Constitución a proteger y defender a la sociedad, tareas que muy difícilmente podrán ser exitosas si además de mostrarse mutuo desprecio, los jefes se acusan de ser delincuentes o cosa peor. Urge que las autoridades reflexionen antes de hacer declaraciones públicas, pues si son incapaces de controlar su ira, tal vez no sean las adecuadas para el cargo.