Enero fue un mes en el que la conflictividad social se agudizó en el país; fue probablemente uno de los momentos más (in)tensos de los últimos años. Transcurridos unos días de una aparente “tregua” en esta conflictividad, amerita un diagnóstico de la coyuntura política. Veamos.
Para que la coyuntura se convierta en un momento conflictivo convergieron varios eventos políticos. La promulgación del nuevo Código Penal abrió las compuertas para que sectores, específicamente los médicos, que veían a esta nueva normativa como una amenaza para el ejercicio de sus funciones impulsen una cruzada para hacer la “vuelta de tuerca”. Posteriormente se sumaron otros actores sociales. Este conflicto se dio en una coyuntura marcada por el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilita la repostulación indefinida de los gobernantes. Esta decisión se hizo, según el discurso de la oposición, contraviniendo el veredicto del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F), que rechazó la modificación de la Carta Magna para habilitar la repostulación de los actuales mandatarios. Esta resolución, días previos a las elecciones judiciales, provocó un malestar en la ciudadanía que desembocó en el voto nulo.
Para que este voto nulo no sea solamente testimonial, necesitaba de un cauce político. Con ello, la oposición encontró el mejor pretexto para configurar un ambiente de tensión en el país, en torno al conflicto protagonizado por los médicos. El incremento de la conflictividad, con contundentes paros cívicos en varias ciudades, hizo retroceder al Gobierno a tal punto que accedió a abrogar el nuevo Código Penal; y con ello logró desactivar, por el momento, el conflicto.
En esta conflictividad no se pudo advertir claramente un actor estratégico, al que se calificó de “movimiento ciudadano”. Con ello se diluyó el principal interlocutor del Gobierno, ya que ninguna organización civil, ni siguiera la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), asumió ese rol político. A la par, los partidos de oposición que operaban detrás de bambalinas no quisieron visibilizarse. La razón: no gozan de credibilidad entre la población, evidenciando la crisis de representatividad de estas estructuras partidarias.
Definida así la correlación de fuerzas, el gobierno del MAS por un lado, y un actor estratégico desvanecido por el otro, comenzaron a establecer alianzas. El partido gobernante se apoyó en la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam). Mientras tanto, el Conade logró la adhesión de la Central Obrera Boliviana (COB), así como el apoyo de sectores de la ciudadanía, muchos de ellos articulados a la oposición de derecha.
Ahora bien, los ejes discursivos de la oposición se centraron en el esquema democracia/autoritarismo. Por su parte, el discurso del Gobierno se desplazó entre dos vertientes: izquierda/derecha y racismo/aceptación del “otro”. Estos clivajes discursivos volvieron a entrar en la disputa política casi a semejanza de lo ocurrido a fines de la década pasada, cuando tuvo lugar una profunda polarización socio/política. Todo indica que el respeto a los resultados del 21F será la bandera de la próxima batalla, en torno a la cual probablemente se configurará un nuevo escenario político.