Voces

viernes 22 oct 2021 | Actualizado a 18:15

Democracia, madurez política

La legalidad y legitimidad del Estado de derecho se sustentan en la participación democrática del pueblo.

/ 7 de febrero de 2018 / 04:05

La democracia es una institución política estatal y una forma de vida política de la sociedad. Su valor y legitimidad están determinados por la sociedad, en cuanto se asume a la institución democrática como modo de organización, participación política, disputa por el poder y medio para la resolución de crisis y conflictos. Es decir que la democracia tiene un valor sustantivo para las sociedades y los Estados.

La democracia es un concepto universal que significa gobierno del pueblo. Como modelo político tiene su propia peculiaridad, según la evolución política de cada Estado y la correlación de fuerzas y actores. La universalidad de la definición tiene en las legislaciones estatales su forma de desarrollo. Por lo tanto, los modelos de democracia que adoptan los Estado no son universales, tampoco equiparables con relación a otros. Las comparaciones forman parte de la arbitrariedad o de la ignorancia política.

En los Estados existen tiempos en los que la democracia no solo implica la renovación periódica de los poderes públicos, sino también momentos fácticos de resolución de crisis y conflictos; los cuales impulsan el inicio de nuevos tiempos, sin negar el valor sustantivo de la democracia como institución. En nuestra historia y cotidianidad la democracia ha tenido un alto sentido político, por la cualidad popular, sindical y de izquierda de su conquista. Por ello, se ha constituido no solo en la forma política y organizativa de nuestra sociedad, sino también en el escenario de resolución de las crisis estatales.

Nuestros tiempos: Un primer momento fue el tránsito de la dictadura militar al Estado de derecho. La movilización popular impuso a la dictadura que sea el pueblo el que defina la constitución de los poderes políticos por la vía democrática. En este tiempo la democracia se convirtió en una condición política sustantiva irrenunciable.

Un segundo momento devino del agotamiento del modelo estatal desarrollado por el nacionalismo revolucionario. La crisis de gobernabilidad registrada durante el gobierno de la UDP se resolvió acortando el mandato constitucional y convocando a elecciones anticipadas. En este tiempo la democracia se institucionalizó como organización estatal, social y de resolución de conflictos.

Un tercer momento surgió tras el agotamiento del neoliberalismo como modelo estatal, crisis que también se resolvió por la vía democrática. La movilización popular puso en evidencia la crisis estatal y del sistema político, y expulsó del poder político al prototipo del neoliberalismo; pero fueron las urnas y la participación democrática del pueblo las que resolvieron la titularía política del poder.

Este tiempo también fue constitutivo no solo porque se resolvió la titularía política, sino también porque la crisis del modelo liberal neocolonial estatal fue resuelta por la constitución institucional del poder constituyente, a través de la convocatoria, la elección democrática y el desarrollo de la Asamblea Constituyente. La clausura del Estado liberal neocolonial y el nacimiento del Estado Plurinacional se dirimió por la vía democrática en el referéndum que aprobó la nueva Constitución Política del Estado en enero de 2009.

Entre el desarrollo de las deliberaciones del foro constituyente y la aprobación de la nueva CPE se constituyó una aparente dualidad de poderes. Por un lado, el Gobierno nacional, que expresaba el sentido de la transformación; y por otro, la “media luna”, que representaba lo más retrógrado del viejo Estado. Esta polaridad se dirimió a través de la participación democrática del pueblo en el referéndum inédito del revocatorio-ratificatorio celebrado en agosto de 2008.

Las revoluciones son tiempos indefinidos no solo porque expresan temporalidades de disputa y toma del poder, sino también el ejercicio del poder y la materialización de los ideales que dieron origen al momento fáctico de ruptura. El momento inicial de nuestra revolución por la vía democrática se sintetiza en el primer mandato de gobierno (2006-2009), en el que se sientan las bases constitucionales, políticas, económicas y culturales del nuevo Estado Plurinacional. Desde el Gobierno y los movimientos sociales nos impusimos la perspectiva como mandato estatal, pero fue el pueblo el que ratificó democráticamente, en las elecciones nacionales de 2009 primero y en 2014 después, la titularía política de la construcción y consolidación desde el punto de vista integral del nuevo Estado.

La matriz de nuestra revolución es la democracia, y el valor de este proceso descansa en la participación democrática del pueblo, porque quien decide en última y única instancia es el pueblo soberanamente. Los actores políticos institucionales (partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígena originario campesinos) nos sometemos al veredicto del pueblo no en el ámbito discursivo, sino que interpelamos a la sociedad con liderazgo, organización política y un programa de gobierno; les ofrecemos y proponemos una opción de gobierno y una visión de país; no nos arrogamos la representatividad, sino que ésta deriva de la democracia, siendo el pueblo el titular de esta definición.

Por ello, el Estado de derecho tiene en la participación democrática del pueblo el eje transversal de la legalidad y la legitimidad. Atribuirse su representación sin tener esa delegación implica el uso abusivo de una facultad inexistente. Hoy la democracia es más fuerte e irrenunciable; acudir al pueblo significa someternos a su veredicto y no sustituir la voluntad con eslóganes publicitarios y mediáticos como fórmulas de presencia pública. 

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Color ideológico de los evangélicos

/ 14 de octubre de 2021 / 01:02

Los pastores y las iglesias evangélicas o neopentecostales no están ausentes de la dinámica política como actores directos por la posición que asumen en coyunturas decisivas e importantes de nuestro país y dentro el continente.

Como bien expresa Calderón Castillo, los evangélicos utilizan su poder simbólico y retórico para vincular las creencias de la fe a las ofertas políticas, de tal manera que combinan el poder de convicción de la predestinación religiosa de la salvación posexistencial al discurso político de un porvenir moralizador y bíblico como redención terrenal.

Los rasgos distintivos de la participación política de los neopentecostales y sus pastores se pueden sintetizar en cuatro: i) posturas ultraconservadoras en relación con la familia y restrictivas de las libertades sociales; ii) abiertos defensores del neoliberalismo y la sociedad de consumo; iii) gran capacidad económica ligada al aporte-convicción de sus feligreses; y iv) despliegue mediático a partir de sus propias emisoras, canales de televisión y redes sociales.

En nuestro continente existen 19.000 iglesias pentecostales, tienen cerca de 100 millones de creyentes, la mayor concentración se encuentra en Brasil y Colombia; de acuerdo con reportes periodísticos, en 2015 movilizaron cerca de $us 12.000 millones producto de los “diezmos” que aportan religiosamente sus feligreses.

En Colombia, se articuló una movilización política liderada por el expresidente de ultraderecha Uribe con las iglesias neopentecostales para oponerse al Acuerdo de Paz que fue promovido por el expresidente venezolano Chávez y el gobierno de Cuba, entre las FARC y el gobierno colombiano liderado por el presidente Santos.

Esta alianza entre la ultraderecha colombiana y las 226 iglesias que tienen cerca de 10 millones de feligreses impulsaron el voto No a los Acuerdos de Paz en el referéndum nacional; se impusieron e impidieron un reencuentro nacional.

En nuestro país, en las elecciones de 2019, el exvicepresidente Cárdenas postuló por plataformas evangélicas, su candidato a vicepresidente fue el pastor evangélico Peinado; en su acto de proclamación hizo mención especial al evangélico Mike Pompeo, congresista republicano, secretario de Estado de los EEUU, también designado por Trump para dirigir la CIA.

El Consejo Nacional Cristiano (CNC) tiene intervenciones públicas y políticas en momentos precisos. En 2019 interpuso un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Libertad Religiosa, que establecía el marco jurídico de derechos y deberes para el ejercicio de libertad religiosa y creencia espiritual, regulaba los recursos y el patrimonio que deben estar destinados al logro de objetivos de la iglesia y que no podrá ser distribuido directa o indirectamente entre la jerarquía de la iglesia; además obligaba a que las iglesias deban asegurar a sus trabajadores y aportar al seguro de corto y largo plazos. Es decir, no aceptan fiscalización de recursos y rechazan cumplir con obligaciones laborales.

El líder y fundador del CNC, a dos días de realizarse las elecciones nacionales, el 22 de octubre de 2019, expresó públicamente: “Estamos convocando a todo el pueblo boliviano, a las iglesias evangélicas, a la Iglesia Católica, a la desobediencia civil, a una resistencia civil, a una movilización permanente, hasta que este gobierno corrupto, fraudulento, salga”. En la misma sintonía de toda la derecha política y cívica, motivaron y exacerbaron a sus creyentes a la desobediencia civil contra una manifestación democrática del pueblo, exigiendo la renuncia del gobierno, y se acusó de fraude sin presentar una sola prueba más que su palabra celestial.

En los cabildos del 2 y 4 de noviembre de 2019 convocados por Camacho en Santa Cruz, al inicio se observó a pastores evangélicos orar por los asistentes, bendecir las conclusiones y obviamente absolver de culpas celestiales a las acciones de violencia.

Nuevamente aparece en la escena política el vocero evangélico, contra el proyecto de investigación de fortunas: “Esta ley está creando un Estado de persecución a toda la población boliviana, más de 17 artículos violan derechos individuales porque la UIF puede ingresar a su domicilio, vulnerar llamadas telefónicas, derecho a la intimidad, derecho al culto y a congregarse, y el derecho de recoger diezmo”. Lo evidente de esta afirmación es su preocupación por el diezmo.

Con los feligreses, infraestructura y recursos económicos que disponen, son un núcleo altamente influyente, alineados al movimiento opuesto a las grandes transformaciones progresistas, populares, sociales, ampliación y reconocimiento de derechos que se están instaurando por la vía democrática en la región, es una postura ideológica en sintonía a las corrientes de derecha en el continente.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

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Aureola racial Calvo-Camacho

/ 30 de septiembre de 2021 / 01:43

Las opiniones políticas y comportamientos públicos de Camacho, hoy como gobernador, y de Calvo, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz (CCpSC), merecen una valoración por lo que representan, pero no como principales autoridades políticas de un departamento sino como abanderados de la normalización discursiva y la praxis de la violencia racial y fascista en nombre de lo que es un demócrata camba.

El racismo se ha constituido en uno de los ejes ideológicos más importantes de la ultraderecha a nivel mundial, por lo que no es un hecho ajeno o aislado, es más, representa la forma política y pública de manifestación del establishment cruceño: el exponente mayúsculo de la violencia banal.

La identidad cruceña ya no descansa en lo “camba”, pues solo es el referente simbólico. Ésta misma ahora es impuesta como proyecto de sentido común, regionalizada desde la cruceñidad. Cuando Peña Hasbún menciona que la “cruceñidad” ha sido calificada como: i) La c. un mito ideológico: elemento unificador de la diversidad cruceña que ha delegado su poder a “una instancia local suprema, el CCpSC”, que representa los intereses de la “oligarquía cruceña”; ii) La c. es la ideología que ha desarrollado el CCpSC, basada en los valores empresariales y de audacia pionera apoyada por muchas clases que se sienten identificadas con el éxito cruceño y; iii) El discurso de la c., que no es otra cosa que lo regional, considera a la “cruceñidad” todo aquello como no-colla, pues la identidad no está en función de la diferencia como cualidad, ya que lo asumen —en su imaginario ideológico— como superioridad frente al otro, desde el interior del departamento contra los migrantes collas y fuera del mismo contra los otros departamentos, principalmente el altiplano.

La “normalización” del racismo desde la construcción-imposición en lo social-cultural significa el sentido o referente de cohesión territorial donde las élites tienen el liderazgo y control de la subjetividad, y en este caso la “cruceñidad” se presenta desde las creencias y predisposición de la violencia racial internalizada en —ciertos— grupos como forma de “defensa” (¿?) contra el Gobierno y los collas que son una amenaza —en su razonamiento impuesto—.

Este campo político que no es reciente, más sus manifestaciones públicas, fueron toleradas, fomentadas, amplificadas e incluso bendecidas desde inicios de siglo, donde coincidió con la crisis del viejo Estado republicano, liberal, colonial, la huida de Sánchez de Lozada y el desmoronamiento de los partidos de derecha que los representaba en el Estado.

La normalización de la violencia racial se expresa con la organización, apoyo y financiamiento a la Unión Juvenil Cruceñista como el brazo represivo del CCpSC, como parte del establishment son jóvenes que defienden la “cruceñidad”, por lo tanto, sus acciones son legítimas y legales.

La religión como creencia, la Iglesia Católica y las evangélicas como instituciones al igual que con la invasión y el colonialismo, bendijeron la explotación, el saqueo, el exterminio, y ahora bendicen y validan espiritualmente las acciones de violencia, finalizando en defender —sin ruborizarse— a militares, policías y políticos que reprimieron y asesinaron al pueblo colla.

Indígenas marginados, excluidos y explotados históricamente, ahora algunos dirigentes, son asimilados a la estructura, pero solo de manera simbólica, son críticos e incluso enemigos de los migrantes collas a los que califican de avasalladores, son complacientes con la oligarquía agroindustrial y son tratados como la decoración cultural de la “cruceñidad”.

Los medios privados de comunicación son propiedad de los grupos de poder que representan, defienden e impulsan la “cruceñidad” como el vehículo mediático-cultural para la transformación de su sentido común: el sentido de superioridad.

El racismo y la violencia como normalidad son el anti-valor que impide a las diversidades culturales propias de nuestra sociedad continental, como diferencia cualitativa, que sean la riqueza de nuestro tiempo; por el contrario, estamos asistiendo a la exacerbación de la violencia. Bolsonaro es el ejemplo más inmediato.

Camacho, que solo aparece en los medios cuando amenaza e insulta como acto de gloria, y Calvo, demostrando, haciendo gala de su mediocridad al desinfectar el ambiente por la presencia de campesinos e indígenas en el acto de 24 de septiembre ante el aplauso y la carcajada de políticos, sintetizaron lo que es hoy a la ultra y la derecha.

El racismo es una tara del neocolonialismo. Simultáneamente es el eje por donde circula del movimiento opositor a la plurinacionalidad como discursividad y praxis para expresar superioridad como sentido de —la mal llamada— gloria.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

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¿Oposición que agoniza?

/ 16 de septiembre de 2021 / 01:26

La última declaración de la senadora Barrientos en su condición de jefa de bancada de Comunidad Ciudadana sobre la aparente “coincidencia con el MAS, que con Creemos”, no fue respaldada por su propia organización, que posteriormente radicó en la renuncia a la jefatura; a esto se sumó la voz de sugestión de Camacho, para no perder brillo. En síntesis, esta fue la semana que caracterizó la agenda de la oposición.

En el funcionamiento de nuestra democracia representativa tenemos a las organizaciones políticas como los titulares —que si bien no solo son la disputa electoral— de la democracia como institución política, pues son el liderazgo y la administración de los gobiernos nacional, departamental, regional y municipal; las organizaciones, sean partidos, frentes o agrupaciones, deben ser la institucionalidad política en el sistema de gobierno.

Sin embargo, las organizaciones políticas con candidatos, sigla, color y eslogan se han constituido en un club de amigos electorales que viven, disfrutan y se realizan solo en el tiempo electoral; posteriormente, para subsistir públicamente su identidad política es ser nombrado oposición —concepto vacío—.

Es en este escenario el libreto improvisado que no está en función de un horizonte de país, por el contrario, solo se encuentra la posibilidad incierta del tiempo de ser un abanderado de las oposiciones.

La opinión política vertida por la senadora fue considerada desde CC como “una opinión personal que no involucra a la organización”, esto representa la orfandad política, es la característica que se ha ido repitiendo desde 2006 en todas las oposiciones: desautorizan una opinión política parlamentaria bajo el supuesto que no representa al partido, cuando en los hechos esta aparente organización es inexistente pues solo constituye una sigla —nostalgia electoral— y no una institución política.

Esto se convirtió un problema estructural de nuestra democracia representativa. Las organizaciones en la oposición tienen una aparente “institucionalidad” únicamente en la medida que lideren temporalmente un espacio subnacional, su justificativo discursivo no dejó de mirar alrededor de lo público-administrativo en lo coyuntural, ya que su subsistencia depende de la permanencia en ella. Sin este último objetivo en las próximas elecciones, agonizan.

Entre ellos citaremos al Movimiento Sin Miedo (MSM), reconvertido en Soberanía y Libertad (Sol.bo), que administró el gobierno municipal de La Paz por 21 años y en la elección de este año no logró obtener ni un solo concejal; en Santa Cruz, Rubén Costas lideró la gobernación desde 2006 hasta 2021 con su agrupación APB, que luego se transformó en Movimiento Demócrata Social, y en la última elección departamental Demócratas no pudo postular candidato propio a la gobernación y se limitó a una pírrica participación electoral municipal donde apenas obtuvo el cuarto lugar.

A nivel nacional, desde 2005 hasta esta última elección, la participación de los frentes electorales se constituyó en alianzas circunstanciales de siglas bajo el común denominador de ser oposición. Implícitamente formaron una costumbre política limitada en dos tiempos: primero, las fases pre y electoral que abanderan un eslogan coyuntural; segundo, poselectoral, como comportamiento mediático sin norte político circunscrito a los momentos de oportunidad política donde muchas de las y los actores limitan su opinión a los titulares de prensa, este hecho es una constatación de lo que percibimos diariamente.

Nuestra democracia representativa no tiene la institucionalidad partidaria para constituir un sistema político sólido. Hoy, éste gira bajo el paraguas monopartidario del MAS, es la única organización nacional que no cuenta con una estructura partidaria clásica; por el contrario, se construyó como la expresión política y electoral de una confederación de organizaciones de todo el país, que a diferencia de las oposiciones tiene un horizonte de país.

Este déficit en la institucionalidad partidaria opositora, lejos de ser superada, tiende a agudizarse, y se muestra en las miradas de los líderes políticos de las siglas electorales que están concentradas en mantener imágenes individuales como referente personal y no así como opción política de gobierno. Es por eso que la certidumbre para las oposiciones es incierta, pues dependen de los errores del Gobierno, del actuar político y articulador de algunos medios privados de comunicación, de cívicos, de movilizaciones indígenas y regionales para cabalgarse sobre banderas que no son suyas, pero que les son necesarias para subsistir; es la agonía de quienes aparentan ser oposición.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

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(De)tras la narrativa de la Unión Europea

/ 2 de septiembre de 2021 / 01:33

El informe sobre las elecciones de 2019 de la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea ha compuesto una narrativa bajo la misma línea que la OEA, construyendo una configuración descriptiva de la coyuntura política en tres momentos: primero, empiezan por el periodo preelectoral, con tres ejes: 1) la “controversia sobre la candidatura de Morales”, “que ignoró los resultados del 21F” y la “polémica decisión del TCP sobre la sentencia constitucional que habilitó la reelección indefinida” —todas descritas en el orden gramatical que ellos construyeron en los informes y conferencias de prensa—; 2) la “‘oposición’ no pudo unirse en torno al único candidato”; y 3) “el imaginario temor —previo— que se cometiera fraude”. Con los tres puntos desarrollados observamos cómo, en la visión de los “observadores electorales”, lo que se antepuso —sobre un informe técnico— es una construcción política deliberada.

Inicialmente impusieron como causa de la crisis de octubre-noviembre de 2019 la reelección, pues como controvertida narrativa consideraron que “Morales es reacio a renunciar al poder”, es decir, implícitamente calificaron —y construyeron en la opinión pública— al Presidente como dictador. El otro elemento político es su —¿supuesta?— preocupación hacia la falta de capacidad de la oposición para tener una sola candidatura para enfrentar el proceso electoral; cerrando el escenario crítico preelectoral consideraron que existía ya la sensación, en la opinión pública, sobre la organización del fraude; finalizando en legitimar las movilizaciones violentas poselectorales.

Segundo, poselectoral: La protesta y la violencia fueron el acento que impuso la UE a los actores del conflicto para calificar a los sectores movilizados y políticos con la siguiente premisa: “Tras la decisión de interrumpir el TREP el 20 de octubre (…) se desencadenaron las protestas en todos los departamentos (…) las oficinas electorales de Sucre, Potosí, Beni, Pando y Santa Cruz fueron incendiadas. El MAS movilizó a sus militantes en protestas que se tornaron en violentas”. En cambio, sobre el rol de los dos principales candidatos, Mesa y Evo, se mencionó lo siguiente: “El 21 de octubre el candidato Mesa hizo un llamamiento a todos los partidos de oposición y a la sociedad civil para realizar protestas pacíficas”, “los movimientos campesinos a instancias del Presidente, los partidarios del MAS comenzaron a bloquear las rutas de abastecimiento a las principales ciudades”. El mensaje connotativo en la narrativa de la UE fue precisa en razón de dicotomizar a dos actores en bueno y malo —bajo las categorías de Smith de amigo-enemigo—, los actos de vandalismo y destrucción de los TED fueron de “protesta” (¿)legítima(?) porque se supone que defendían su voto frente al fraude; en cambio, la movilización de los sectores sociales que también defendieron su voto legítimo, y por ende al gobierno, la nombraron como “violenta”, es decir, ellos —la UE— cambiaron el sentido común de los movilizados y sus acciones para el imaginario nacional, incluso impusieron a Mesa con una aureola de defensa “pacífica” del voto y, por el contrario, a Evo lo colocaron como el responsable del desabastecimiento de las ciudades por el bloqueo de sus militantes. Y más narrativa (…).

Tercero, consecuentes con la línea política, el informe de la UE cierra su descripción en la organización del gobierno: “El 12 de noviembre, la vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez, de la alianza de oposición Unidad Demócrata (UD), prestó juramento como presidenta”. Esta conclusión se desmorona por el informe del GIEI-CIDH, pues los expertos concluyen que: “Sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Áñez se declaró presidenta interina (…) el Jefe de la Casa Militar le impuso la Banda Presidencial”. La UE dice que la constitucionalidad del gobierno: “…estuvo apoyada por una resolución del Tribunal Constitucional, que se basaba en la jurisprudencia en la materia para fundamentar que la sucesión presidencial no requería de ninguna ley o resolución del Congreso, ya que ésta se produce ipso facto a fin de garantizar la inmediatez y la continuidad”.

Los expertos europeos emitieron conclusiones desconociendo, deliberadamente, la CPE, porque es en la Asamblea Legislativa el único espacio donde pueden tomar juramento la y el Presidente y la y el Vicepresidente (artículo 161 de la CPE); el TCP, de acuerdo al procedimiento constitucional, se pronuncia a través de autos, sentencias y declaraciones constitucionales, y no emite “resoluciones”.

Para la UE no hubo represión policial ni muertos el 11 de noviembre, con la finalidad de imponer la narrativa de la sucesión constitucional al gobierno de facto.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

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Bendiciones celestiales republicanas

/ 19 de agosto de 2021 / 01:27

El clima del viejo Estado republicano, confesional y colonial fue la temperatura política que le permitió a la nobleza eclesial agrupada en la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) desenvolverse con la soltura y fortaleza para decidir sobre asuntos del poder.

Desde que el pueblo recuperó la democracia, del secuestro de las dictaduras militares, el rol de la CEB en momentos políticos precisos es fundamental y determinante para el poder político, pues asume —autonombrándose de manera celestial— el rol de liderar la “mediación” en función de la orientación ideológica de los gobiernos.

Entre 1982 y 1985 el país fue dirigido por el frente de izquierda UDP a la cabeza de Siles Zuazo, el gobierno fue acorralado por la derecha que controlaba el Parlamento y la movilización sindical. En noviembre de 1984, la CEB convocó a un “Diálogo Nacional” a los partidos políticos, empresarios y sindicatos; como resultado del encuentro político se resolvió acortar el mandato del Presidente a tres años y la convocatoria a elecciones adelantadas. Se allanó el camino para el triunfo electoral del exdictador Banzer; sin embargo, fue designado presidente Paz Estenssoro, del MNR (1985-1989). A 23 días de asumir el cargo, dictó el DS 21060, inaugurando el periodo neoliberal en el país.

En las elecciones de 1989 se produjo un triple empate: el trípode partidario del sistema político, la CEB convocó a una reunión a los tres partidos para que resuelvan la titularidad del gobierno, por lo que se formó la coalición entre MIR y ADN; a esto salió electo presidente Paz Zamora (1989-1993), siendo el tercero, ya que obtuvo el 21% de los votos.

En febrero de 1991, con el auspicio de la CEB se firmó un acuerdo en la sede de la Nunciatura Apostólica con los partidos políticos para impulsar reformas principalmente en materia electoral.

En la crisis de septiembre-octubre de 2000, la CEB, coordinando con la Defensoría del Pueblo y la APDHB, convocó a una mesa de diálogo en las oficinas de Cáritas —dependiente de la Iglesia— a autoridades del gobierno de Banzer-Tuto Quiroga (1997- 2002) y las organizaciones campesinas movilizadas, para impulsar un acuerdo que ponga fin a las movilizaciones.

En junio de 2001, la CEB promovió el “Acta de Entendimiento” entre oficialismo y oposición, cuyos ejes sobresalientes fueron la elección de las nuevas Cortes Electorales Departamentales y una serie de reformas políticas y económicas.

Durante la crisis estructural del Estado y del neoliberalismo —previa a las movilizaciones sociales de octubre de 2003 durante el gobierno de Sánchez de Lozada-Mesa (2002-2005)—, la CEB impulsó un pacto político y social que concluyó en el documento “Reencuentro Nacional” que recomendó reformas constitucionales, pero que no fue suscrito por el MAS y el MIP.

En el referéndum anti e inconstitucional sobre la autonomía desarrollado el 4 mayo de 2008 en Santa Cruz, que fue convocado por la Prefectura y el Comité Cívico, el cardenal Julio Terrazas celebró una misa en la catedral cruceña convocando a participar en la consulta, donde posteriormente se lo observó emitiendo su voto.

En noviembre de 2019, el arzobispo —y actual— presidente de la CEB, mediante una carta pública le pidió al expresidente Evo Morales que renuncie al cargo por organizar el “fraude”. La CEB, el 10 de noviembre, convocó a la representación diplomática de la UE, España, Brasil, al Comité Cívico pro Santa Cruz y a las representaciones políticas de oposición para garantizar la organización del gobierno de facto.

La CEB fue y es parte del círculo de poder republicano. Su accionar político durante gobiernos de izquierda es para impulsar rupturas y despejar los caminos para que organizaciones políticas de derecha tomen el control del gobierno.

Cuando el sistema político tuvo la constitución de la hegemonía multipartidaria de organizaciones de centro y de derecha, la CEB tuvo un accionar diametralmente diferente; la participación “mediadora” se circunscribe a viabilizar acuerdos políticos que impulsaron reformas institucionales y constitucionales, es decir, darle legitimidad a las decisiones que tomaron el poder.

No obstante, cuando el valor de la autoridad gubernamental estuvo en duda, la CEB intervino para restituir la autoridad política del poder impulsando acuerdos con las organizaciones movilizadas.

La imagen de la nobleza eclesial es el arma “moral” —como un significante vacío, diría Lacan— para la intervención en los momentos precisos de crisis. Los escenarios posteriores a la mediación son los andamiajes reconstruidos en función de la orientación política compartida entre sectores conservadores y los arzobispos de la CEB, allí radica el sentido político de la “mediación”.

César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.

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