Pasan los años, los meses pasan, la “uva pasa”, decían en mi pueblo cuando se esperaba la conclusión de una tarea, obra o trámite que duraba más allá de lo esperado. Así ocurre con las expectativas que los bolivianos tenemos sobre el desarrollo del país, administrado durante los últimos 10 años por un gobierno que, como dice el dicho, “mucho abarca pero poco aprieta”. Hemos dejado una década atrás y seguimos esperando el cambio prometido con bombos y platillos, que aparece solo en la apabullante propaganda gubernamental, difundida en todos los medios de comunicación disponibles y que contrasta con una realidad que sigue tan dura como siempre y que solo en el mundo virtual se asemeja a la retórica de “logros” de la administración actual.
Quiero referirme a un tema recurrente en esta columna como es la informalidad. A nadie se le escapa que a nuestra economía no solo se la mira de reojo, sino que indirectamente se alientan actividades informales como el contrabando, la legalización de autos chutos, el comercio callejero, la toma de predios urbanos, el avasallamiento de minas y en general una minería informal. Esta última ya tiene carta de ciudadanía y representa más del tercio del movimiento económico total del sector y va por más.
En la gestión que empieza, los operadores mineros y titulares de derechos mineros deben ajustarse a la Ley 535 de Minería y Metalurgia y migrar a contratos administrativos y de asociación con el Estado (Art. 370 y siguientes de la CPE, Art. 131 y siguientes de Ley 535), lo que significa que en pocos meses ya no regirán “derechos mineros” en el sentido estricto de propiedad y/o concesión para explorar, explotar, beneficiar o comercializar un área minera como se hacía antes, y solo habrán contratos (sensu lato) con el Estado. Suena bonito, pero operadores del subsector informal (cooperativistas, mineros artesanales, garimpeiros, comercializadores e intermediarios, revendedores de maquinaria, etc.) que al parecer tienen un servicio de inteligencia más operativo que el de la minera estatal o del ministerio del ramo, se han dado a la tarea de entrar al juego que propone la Ley 535 y están adecuando viejas concesiones de operadores privados que, agobiados por la dura legislación actual, las desactivan.
También están solicitando contratos o licencias para explorar y explotar en áreas libres y/o en algunas de uso exclusivo de Comibol (DS 1369) con yacimientos de oro, plata y otros metales de alto valor (columbita, tantalita, indio, galio, etc.). Esto ha llevado a que las cooperativas mineras que en 2008 eran 911 sean 1.816 en 2017, según datos oficiales, se han duplicado en menos de una década; y si consideramos operadores mineros artesanales ilegales, en muy poco tiempo el sector minero nacional será esencialmente informal.
No sé si esto es lo que se planifica como política sectorial, pero ya hay noticias de este tipo de circunstancias en regiones como Pacajes, Ulla-Ulla o Arcopongo, para hablar solo del departamento de La Paz, donde existen explotaciones ilegales de oro en áreas cercanas y/o en áreas de proyectos mineros privados en statu quo por las razones antes expuestas. También hay solicitudes de nuevos contratos para acceder a este tipo de yacimientos. Pese a que hay visos de legalidad en estas solicitudes, el permitir acceder a zonas de proyectos mineros de gran escala con minería cooperativa y/o artesanal significa destruir el trabajo realizado con miras a generar proyectos de escala mundial, y poner en peligro el control ambiental y tecnológico que toda minería moderna tiene que observar. Compete al nivel central del Estado el solucionar este entuerto que, en sentido estricto, definirá el futuro de la minería nacional.