Febrero de luto y disputa; mientras el país sufre el impacto de los desastres naturales, los actores políticos delinean sus acciones en torno al 21F, a dos años de la realización del referéndum que dirimió la posibilidad de modificar el artículo 168 de la CPE, y casi tres meses después del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilita a Evo Morales para postular en los comicios de 2019. Entre el fallo y lo que se avecina, con cierto grado de incógnita, se sucedieron las protestas y los conflictos en torno al Código Penal y las movilizaciones contra la repostulación bajo la consigna de “No a la reelección indefinida”.
Es importante evaluar las características de la coyuntura crítica iniciada en noviembre pasado con la protesta de los médicos y que, a mi juicio, recién concluirá el miércoles 21 de febrero. Los acontecimientos de ese día incidirán en las estrategias de los actores políticos con miras a las elecciones de 2019, puesto que se medirán las capacidades de convocatoria y de movilización. Empero, no descarto —y es algo deseable— que se suspendan algunos eventos por respeto a las personas fallecidas y damnificados por los desastres naturales.
En los últimos meses se han manifestado dos señales preocupantes en torno a la conflictividad ligada a la protesta contra el Código del Sistema Penal, finalmente abrogado. En primer término, el retorno de la polarización en la discursividad política, amplificada y distorsionada en las redes sociales digitales, que se asentó en el clivaje étnico y se tradujo en la enunciación de anatemas racistas que se suponían superados (aunque es una obviedad sociológica constatar que resulta más fácil cambiar leyes y normas que transformar prejuicios y creencias). Esta polarización se intentó combinar con el clivaje democracia/autoritarismo, en el cual este segundo término era articulado a la probable reelección de Evo Morales. El lamentable tuit de una diputada sintetizó ese clima: “Prefiero dictadura de botas que de ojotas”.
En segundo término, y este aspecto me interesa destacar porque es un hecho novedoso y preocupante, aparecieron signos de una disyunción o distancia entre representación política (organizaciones e instituciones) y sociedad (demandas y sectores), que puede derivar en una crisis de representatividad, puesto que incluye al MAS, cuyas mayorías electorales expresaron por más de una década la articulación y agregación de lo social en la política, y engloba a los partidos de oposición. Además, desde febrero de 2016 el campo opositor se ha tornado más diverso y heterogéneo, con la irrupción de fuerzas extraparlamentarias (vgr. Sol.Bo) y los denominados colectivos ciudadanos, que han proliferado en los últimos meses.
La abrogación del Código Penal se tornó inevitable porque se convirtió en una demanda de alta agregación —incluyó a la Confederación de Barberos y Peluqueros— y porque la protesta fue policéntrica; es decir, el Gobierno no tenía un interlocutor para negociar. En el cálculo de las fuerzas opositoras era obvio que después de la abrogación del Código tenían que plantear la anulación del fallo del TCP o la renuncia oficialista a la repostulación de Evo Morales. Es decir, convertir el “respeto a los resultados del referéndum de 2016 como defensa de la CPE”, en una demanda de alta agregación.
Es previsible que esta movilización no tendrá una densidad similar a las protestas contra el Código Penal, pero su alcance y contundencia serán decisivos para la definición de las estrategias del oficialismo y las diversas fuerzas opositoras (parlamentarias, extraparlamentarias y “ciudadanas”) con miras a los próximos comicios.