En el debate sobre la repostulación de Evo Morales a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia hay quienes sostienen que el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 constituye un antecedente irrevocable. Efectivamente es lo que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) registra y anota, y en principio el asunto debiera cerrarse ahí. Pero no; dos años después, la agenda política y social del país prácticamente gira alrededor del tema. ¿Por qué? “Lo mal habido se lo lleva el diablo”, reza el dicho popular. Veamos.
El respaldo a la actual gestión de gobierno presenta un historial de crecimiento a lo largo de 12 años, validado a través de sucesivos procesos electorales, referendos y encuestas; y desde luego, del clima social mayoritario de las regiones. En ese contexto se convocó a consulta ciudadana sobre la revocatoria de un artículo de la Constitución Política del Estado, cuyos resultados son conocidos. ¿Qué pasó para que el consenso alrededor del proceso de cambio no alcanzara el 50% más uno de los votos que habilitarían la repostulación?
Pasó que días antes de aquel 21 de febrero se instaló como noticia un hecho que comprometía la conducta personal del Presidente, y consecuentemente su imagen. La amplia mediatización del “hecho” tuvo un impacto profundo en sectores que, aun siendo parte del sustento social de Evo Morales, no estaban dispuestos a transar con aquello que la denuncia abría: irresponsabilidad paterna. En Bolivia, las mujeres padecen el abandono a los hijos por parte del varón, siendo una conducta tan habitual como repudiada. Eso fue suficiente para que la tendencia del voto se modifique con un fuerte sentido de condena al “mal padre” por encima del reconocimiento al Presidente exitoso. Lo coyuntural primó sobre cualquier otro precedente de valoración.
Meses más tarde se esclarecieron las cosas y se demostró que la denuncia que había inducido a semejante cambio de comportamiento en el electorado era predominantemente falsa: mentira, o lo que en el léxico posmoderno se llama fake news. Pero para entonces eso era lo de menos, ya que el objetivo de voltear el referendo estaba cumplido. A una oposición extraviada en el tablero político, la mentira le dio la única oportunidad de entrar al ruedo; y le reditúa hasta el presente. Miento, luego existo.
El resultado del 21 de febrero es evidentemente legal, porque en términos del proceso electoral lo que se ve, se anota; pero es a la vez, y sobre todo, ilegítimo, porque se origina y sustenta en acciones escabrosas que violaron la buena fe de la gente y la conciencia social. Hubo una estrategia premeditada operando con siniestra lucidez ese propósito en el que estuvieron involucrados periodistas, medios de comunicación, políticos y particulares. Involucrados e impunes, hay que decirlo, porque no obstante sus fechorías, hoy no pesa sobre ellos responsabilidad alguna. Obraron sacando provecho de espacios propiciados por el ordenamiento democrático, profanándolo a cuenta de libertades. Y por eso, hoy ese “no” no puede dormir tranquilo, porque se sabe espurio. ¿Qué legalidad puede alegar una causa basada en el pecado?
Quienes proclaman que “Bolivia dijo no” olvidan cómo fue parido ese “no”. Pero hay quienes no olvidamos, y esa memoria tal vez no pueda cambiar los números del OEP, pero interpela un episodio ominoso y define posicionamientos en el complicado escenario actual. El punto de quiebre a las reglas de juego se situó en aquella maniobra, y a partir de ahí se abrió un peligroso campo de relativizaciones que podría llevarnos a todos rodando por el despeñadero. ¿Cómo restituimos el sentido común y el entendimiento cuando la manipulación de la verdad es un arma irrestricta?
Es compositor.