En la actualidad las ciudades aprovechan los vacíos urbanos para proyectar lugares amables para la población. Y esto evolucionó a través de la historia, ya que las plazas y los parques fueron los primeros vacíos urbanos concebidos para la concentración ciudadana y el esparcimiento.

Sin embargo, la vida urbana turbulenta y llena de ruido que prevalece hoy, hace que la ciudad contemporánea aproveche hasta los pequeños vacíos urbanos como son los espacios residuales para convertirlos en rincones verdes que, gracias a sus diseños paisajísticos, atraen a la población como lugares de descanso transitorio.

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La Paz es una ciudad que necesita de lugares amables donde sus habitantes hallen el área para disfrutar hasta de la amistad en sus momentos de descanso. Espacios urbanos que no sean “atopías” de tránsito, sino lugares donde la forma y el contexto natural que los rodea hayan sido concebidos de forma sensible para la vida acelerada de hoy.

La idea es que los llamados espacios residuales se conviertan en impulsores de la dinámica de la recreación de los paceños. Bulevares en los que no falten pequeñas cafeterías y también haya cabida para otro tipo de actividades de esparcimiento.

El sur de la ciudad de La Paz cuenta con varios espacios residuales, cuyo dimensionamiento y ubicación casi escondida resultan ideales para construir rincones sorprendentes que motiven a ser disfrutados. En aquellos casos en que se disponga de superficies más grandes, se podría diseñar —dentro de una nueva concepción— lugares rodeados de pequeñas edificaciones de corte contemporáneo. Y para ello, el municipio debería promover su transformación en espacios tranquilos para la vida urbana.

Singularidades recreativas y con nuevas visiones de esparcimiento que dejen atrás esos sitios destinados a parqueos o rincones oscuros que hoy están convertidos en botaderos de escombros de construcciones y basurales.

Innegablemente, La Paz requiere edificar una ciudad más vivible y con diferentes propuestas imaginativas donde la población descubra, de paso, los ansiados lugares amables que tanto le hacen falta. Mucho más, hoy reclama los espacios de encuentro para una ciudadanía ansiosa de zonas que le transmitan paz. Para ello, urbes desarrolladas han convertido a ciertas callejuelas del pasado en sitios de encuentro con pequeños cafés, vale decir, lugares de descanso del ruido urbano.

Un ejemplo de aquello se encuentra al medio de Calacoto, que supo conservar una parte de su territorio del ayer, para convertirlo hoy en un espacio público y abierto con diferentes actividades, las cuales le dotan al sur de un importante lugar de encuentro. Este remarcado por árboles de estructura metálica, cuyas ramas se entremezclan con vegetación. Un lugar, por tanto, imaginativo que le da identidad y destaca por el acercamiento que logra en la gente a través de sus cafeterías, restaurantes y otros lugares de permanencia.

En definitiva, parece que se debiera ampliar en numero los lugares recreativos pensados para el disfrute, el esparcimiento y relacionamiento de la ciudadanía.

Estos, pensados como los lugares amables y atractivos, los cuales no necesariamente deben ser de grandes dimensiones, todo lo contrario, pueden ser pequeños espacios que alienten a la población a que se apropie y disfrute de sus valores funcionales, estéticos y humanos.

La Paz es una ciudad sedienta de nuevos lugares de encuentro que eleven su sentido de lugar de esparcimiento y se conviertan en parte de la configuración de su paisaje urbano.

(*) Patricia Vargas es arquitecta

Para ponernos a tono con los prematuros tiempos electoreros que vivimos, probaremos un ensayo de lo que se vendrá en 2025 para nuestro golpeado país que soportó desde su creación varios cambios de aquellos que se dice “cambian todo para que nada cambie”, aquellos que se manejan por los políticos de turno y los mesiánicos líderes partidarios del momento, con resultados generalmente desastrosos pero siempre prometiendo el oro y el moro al que finalmente acceden solo los adláteres y aúlicos del poder de turno.

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En una antigua columna mía (La Razón, febrero de 2020) acudía al título de la genial película de Tennessee Williams (1955) Un tranvía llamado deseo, como pretexto para ilustrar la paradoja de un país como Bolivia que nació al calor de la actividad extractiva más antigua de la humanidad y que, pese a su ilustre origen y al incalculable valor que generó a través de su historia, sin prisa pero sin pausa está llegando a un final poco digno en la lucha centenaria que pretendía insertarla a las ligas mayores de la minería global. “Hemos perdido el tren de la historia”, dirían algunos. Triste realidad para un país que explotó la concentración geoquímica de plata más grande del planeta, que desarrolló la mina subterránea de estaño más grande del mundo, que tiene una de las acumulaciones de mineral de hierro más grande del planeta, el salar más grande con una de las mayores reservas de litio y potasio y otros récords; todo esto para llegar a lo que es hoy la minería boliviana con sus minas importantes por terminar su vida útil, las minas chicas y cooperativas hundiéndose en su dependencia de los precios internacionales de los metales, fomentando e izando como insignia la minería informal cooperativa y aquella ilegal del oro, depredando cuencas hidrográficas y bosques aledaños en el afán de acumulación del preciado metal, cuya explotación deja muy poco para el Estado y genera reyes chiquitos que se enriquecen con la explotación inmisericorde de la mano de obra desocupada del país. Patético para un país que era líder de la minería continental y en algún caso mundial en los albores del siglo XX. La Comibol que representa al Estado y debiera haberse fortificado con la ley sectorial vigente, agoniza; ya no controla el Mutún, tampoco los salares, patalea en Huanuni, Corocoro, Colquiri, Karachipampa; no tiene capacidad para generar nuevos emprendimientos (v.g. Mallku Khota, Amayapampa). Así, la minería boliviana es la gran ausente de las estadísticas mundiales, ya nadie nos toma en cuenta, las poquísimas empresas que están hoy en Bolivia están con el Jesús en la boca rogando para que no haya avasallamientos o nuevas estatizaciones.

Como en la película, nos desgastamos en deseos; creemos ser el ombligo del mundo, planificamos muy poco, dejamos en manos de políticos las tareas de especialistas, nuestro largo plazo es de meses y el péndulo político alterna intereses de liberales y populistas mientras la herencia de los primeros mineros de la República se hace pedazos en el interminable juego de intereses sectarios. El próximo sueño y el tranvía de turno serán la industrialización y la sustitución de importaciones; el modelo vigente desde hace 17 años gasta mucha plata del Estado en propaganda, pero hace muy poco para concretar los proyectos en cartera (litio, hierro y acero, refinadoras de zinc, etc.); un sigilo casi secreto rodea la información de los detalles de convenios con el capital de ultramar y de los problemas de infraestructura, energía y cuidado ambiental para generarlos; en el caso del oro, se miran de costado los problemas sociales y ambientales en aras de mantener el valor de las exportaciones del metal (más de $us 3.000 millones en la gestión pasada, según el boletín  de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística, INE, COMEX diciembre de 2022), como un parámetro que pareciera mostrar cierto grado de dedicación, aunque todos sabemos que lo que queda para el Estado con este saqueo, son migajas.

(*) Dionisio J. Garzón es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia

En agosto y septiembre de cada año, cuando se habla de “planificación” se habla del Programa de Operaciones Anual (POA), proceso necesario para establecer las metas de la gestión siguiente, así como el presupuesto anual de la misma.

No obstante, la formulación del POA es también visto como un proceso burocrático, sin generación de valor, formulado una vez al año, con seguimientos trimestrales, llevada a cabo por una persona denominada “poísta”. El “poísta” es ese profesional que espera la información de las áreas sustantivas, la consolida, la revisa (a veces), y la remite a quien la requiere; su enfoque es obtener un documento. El “poísta” formula el documento, cual paradigma de la planificación, vive y se mueve en el corto plazo sin levantar la cabeza, ni mirar adelante.

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Del otro lado de la moneda, existe un profesional que impulsa la planificación del corto plazo, esto a partir del mediano plazo, las líneas sectoriales y sobre todo las líneas nacionales. Es gestor de la información institucional, entiende la planificación como un proceso de generación de valor y no como un documento anual, impulsa las decisiones de su autoridad y la acompaña en su gestión, dominando las metas anuales y conociendo el presupuesto tanto como la planificación, a este extraño personaje lo llamaremos “planificador”.

Además, entiende que la “estructura sigue a estrategia” y con ello propone cambios organizacionales, el fin para alcanzar de manera eficiente las metas establecidas en la institución, impulsando el desarrollo y gestión de sus programas y proyectos; esto a través de sus competencias consolidadas en planificación estratégica, liderazgo, gestión del cambio y comunicación estratégica.

Por tanto, la transformación de un “poísta” a un “planificador” debe ser un desafío del Estado y de las autoridades de cada una de las entidades públicas, tanto del nivel central como del nivel territorial, tanto de oposición como de oficialismo, con el fin de catalizar el desarrollo integral del país y reconstruir desde abajo los conceptos de planificación, una planificación renovada con visión de largo y mediano plazos, una planificación con aporte real a nuestro modelo económico, la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.

(*) Christiam Cordero Rocha es ingeniero industrial

Comencemos recordando que el 25 de septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de Naciones Unidas reunidos en Asamblea General aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030, así también denominada, luego de más de dos años de consultas públicas, interacción con la sociedad civil y negociaciones entre los países, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental con 17 objetivos y 169 metas que se convierten en los principales referentes de las estrategias de desarrollo del mundo para el periodo 2015-2030.

En la actualidad, justamente a la mitad de su implementación, la Agenda 2030 es motivo de evaluaciones y estudios en todos los ámbitos. Uno de esos estudios es el trabajo realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que en una publicación recientemente difundida con la denominación La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: en la mitad del camino hacia 2030, establece el estado de situación de sus objetivos, metas e indicadores en América Latina y el Caribe. 

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Las conclusiones de la publicación muestran que queda un largo camino por recorrer en procura de cumplir a cabalidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Agenda 2030. Como señala la CEPAL: “Buena parte de los indicadores se encuentran fuera de la trayectoria que permitiría el cumplimiento de las metas en 2030.” Acentuado por los efectos del COVID-19, en la región persiste un crecimiento económico absolutamente reducido, lo que “hace mucho más difícil crear empleo decente, reducir la pobreza, la informalidad y la desigualdad, y financiar las inversiones necesarias para avanzar hacia la consecución de los ODS.” Es más, “transcurrida la mitad del período de 15 años acordado para alcanzar los ODS, la CEPAL estima que solo el 25% de las metas sobre las que se cuenta con información muestra un comportamiento que permite prever su cumplimiento en 2030; el 48% de las metas sigue una tendencia correcta, pero insuficiente para alcanzarlas, y el restante 27% exhibe una trayectoria de retroceso.” América Latina y el Caribe, producto de su múltiple crisis que atraviesa, tiene retos adicionales que se expresan en “los desafíos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las brechas de acceso a la salud, al empleo y a la educación, la inseguridad alimentaria, la desigualdad y la pobreza persistentes, las migraciones forzadas y el incremento del costo de vida dificultan el cumplimiento de los ODS en la región…” (CEPAL, 2023)

Ante esas circunstancias, el mundo y principalmente la región latinoamericana y caribeña, una vez más, están retadas a perfilar y poner en práctica estrategias que contribuyan de manera determinante al cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030. No puede ser que las declaraciones y los acuerdos internacionales se queden solo en promesas y concluyan colmados de justificaciones y lamentos.

La Agenda 2030 es una convocatoria y un reto para la población, gobernantes, líderes, académicos, organismos sociales, empresarios, organismos internacionales y de cooperación para pensar y actuar teniendo como marco de acción a la pervivencia de la humanidad en armonía con la Madre Tierra y en convivencia con la comunidad más allá de modelos de desarrollo tradicionales determinados únicamente por la búsqueda del progreso y el crecimiento económico. Los ODS de la Agenda 2030, para hacerse “realmente efectivos”, exigen otra manera de construir e implementar políticas públicas y planes de desarrollo, otras concepciones de ciudadanía, democracia, equidad y participación, la complementariedad de políticas sociales con políticas económicas, otra forma de concebir la cooperación y la coordinación entre organismos internacionales y entidades nacionales y del ámbito local, otros protocolos de interacción ser humano-comunidad-tecnología-revolución industrial, etc.

En los hechos, se debe evitar la reproducción de la manera de actuar muy parecida a un embudo. Ancho, amplio y flexible por el lado de los acuerdos internacionales y angosto, restringido y rígido en la manera de cómo se implementan las políticas públicas en los ámbitos nacional y local. Quedan poco más de siete años para cumplir con la Agenda 2030, es necesario acelerar nuestro caminar, enderezar rumbos y replantear sus formas de implementación y de concebir el desarrollo. ¿Será posible? Ya veremos qué resulta hasta 2030.

(*) Noel Aguirre Ledezma es educador popular y pedagogo. Fue ministro de Planificación del Desarrollo y viceministro de Educación Alternativa y Especial

La guerra judicial en nuestro continente es la utilización política de la justicia para eliminar “judicialmente” al o la líder de izquierda, considerado enemigo por el establishment de poder, para reordenar la política, los poderes políticos y facilitar el acceso y control del poder a las facciones de derecha a nombre de la libertad y la democracia.

La República, tutelada desde siempre por el imperio del norte, es el republicanismo neocolonial que usa sus “principios”: división e independencia de poderes, democracia, Estado de derecho, etc., en función a los tiempos e interés fácticos de los grupos de poder interno y externo, es decir, los principios que los envuelve es solo un ropaje que cubre la esencia misma del poder. 

La segunda mitad del siglo pasado, el republicanismo clausuró violentamente un principio de la República: la democracia a nombre de la libertad, de la patria y contra el comunismo, la “gobernabilidad” del poder estaba en los cuarteles militares y en los estratos judiciales.

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La intervención armada propia del fascismo valida el poder, el Poder Judicial legaliza la represión y el poder fáctico, la política tiene en la armas militares y judiciales su fuente de poder.

La recuperación de la democracia por los pueblos, organizaciones sociales y la izquierda, replegó a los militares a sus cuarteles, pero los tribunales inquisitorios de la justicia, sin sonrojarse se autodenominaron guardianes del Estado de derecho y la constitucionalidad republicana.

Los hechos más emblemáticos del lawfare se expresaron en Brasil; el juez federal Sergio Moro condeno a nueve años de prisión al expresidente Lula da Silva en pleno año electoral. Lula lideraba las encuestas, su inhabilitación y encarcelamiento posibilitaron el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro. El juez Moro fue nombrado ministro de Justicia, actualmente es senador. Lula estuvo en prisión 580 días, la Corte Suprema de Brasil anuló las condenas por corrupción porque carecían de prueba y estaban motivadas más por motivos políticos.

En Ecuador, Lenín Moreno, quien fuera uno de los vicepresidentes de Rafael Correa, cuando fue elegido presidente se apropió del gobierno, la forma fue la eliminación judicial de sus mentores. Jorge Glas, su vicepresidente, fue sentenciado y encarcelado por seis años. En 2023, la Justicia revisó el proceso y declaró nulo un juicio por peculado, por esa misma causa fue sentenciado Correa e inhabilitado de ejercer cargos públicos. Esta sentencia benefició de manera directa al triunfo electoral de Guillermo Lasso, multimillonario de derecha.

En Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner le han abierto más de 12 causas judiciales, incluidas varias en las que había sido sobreseída y que han sido reabiertas. La causa más reciente y escandalosa es la de Vialidad, por ésta la han sentenciado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Los beneficiarios políticos son Macri y el ultraderechista Milei.

La connotación política del lawfare tiene que ver con la composición política del poder a favor de las derechas, la juristocracia (el gobierno de los jueces y fiscales) adquiere rol decisivo en los momentos oportunos.

En nuestro país, los tribunales de justicia y el Constitucional están asumiendo también un rol político decisivo que no tiene la misma connotación de los tres países mencionados, pero tiene efecto político en los órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El vocal de la Sala Constitucional Primera de La Paz determinó temporalmente suspender la facultad constitucional que tiene la Asamblea Legislativa de interpelación a los ministros, a través de una medida cautelar.

La preselección de candidatos para las elecciones judiciales que tiene que desarrollar la Asamblea Legislativa, fue suspendida inicialmente en dos ocasiones por resolución de Tribunal Constitucional; el tercer momento, que aparentemente era una base de acuerdo en el Senado, posibilitaba abrir un escenario de debate en Diputados. Contrarios a esta oportunidad, los diputados delegaron su facultad de decidir al Tribunal Supremo de Justicia, que condicionó su opinión a una consulta al TCP, y el proceso de preselección y elección judicial se clausuró indefinidamente.

Estas resoluciones reordenan el escenario, inhabilitan a la Asamblea indefinidamente en su facultad constitucional y prohíben al soberano, que es el pueblo, a concurrir para elegir y decidir.

La democracia como forma sustantiva de organización de los órganos de poder del Estado está condicionada a fallos jurisdiccionales, los jueces se arrogan la condición de soberanos para decidir, es decir, intervienen en el momento político oportuno.

La guerra judicial o lawfare es un método político no convencional que usa la ley y el poder del juez (juristocracia) para influir y decidir sobre la temporalidad política que determina la composición del poder.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda