El 21 de febrero de 2016, a partir de las 23.00 horas, los medios de comunicación y el sistema de conteo de datos preliminares del Organismo Electoral Plurinacional dieron a conocer los resultados provisionales del referéndum por la reforma al artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que establece que el presidente y el vicepresidente pueden ser reelectos por una sola vez de manera continua. Las diferencias entre el Sí y el No eran de entre dos y cuatro puntos porcentuales. Finalmente, dos días después se dio a conocer oficialmente que el No había sido respaldado por el 51,3% de los votantes y el Sí, por el 48,7%, sobre la base de una participación total del 85% del electorado, suficiente para formular una serie de hipótesis por lo cerrado de este resultado.
Más allá del turbio clima político y mediático que había antecedido al día de la votación, en voz de todos los analistas el país se había polarizado. En términos de corrección: la polarización no había cejado, simplemente se había actualizado modificándose muy ligeramente. Incluso algunos decían que las dos Bolivias se habían expresado, omitiendo con ello el carácter plebiscitario de los resultados que era quizá el sentido más importante a tomar en cuenta, pues los gobiernos ven menguado su respaldo cuando, a través de sus desaciertos en la gestión política, van perdiendo legitimidad.
Pero los resultados derivaron también de un conjunto de reglas que habían sido modificadas para responder a los nuevos tiempos políticos, y brindarles a los ciudadanos las posibilidades de una participación política ampliada. Lo curioso fue que a pesar de que esas modificaciones establecen que los resultados de un referéndum se definen por mayoría simple, aquél resultado se reveló como si fuera regido por mayoría absoluta. Resulta interesante imaginar, en este sentido, cuál hubiera sido el resultado de existir la regla de la mayoría cualificada. En todo caso, los sistemas de conteo de votos no son ajenos al espíritu de la democracia, y por eso representan la base del carácter numérico de ésta.
Según ello, el fundamento numérico de la democracia lo constituye el principio liberal/igualitario de un ciudadano un voto, el cual supondría la posibilidad no únicamente de reconocer como ganadora la decisión de la mayoría, sino también la posibilidad de respetar el pronunciamiento de la minoría, pues ésta, como aquella, representa una voluntad que a pesar del juego de ganadores y perdedores no puede ser silenciada. Subvalorar a la minoría es no respetarla, ni otorgarle un valor legítimo. Y ello es tan autoritario como antidemocrático. De hecho, en una democracia madura o consolidada, el perdedor tiene la posibilidad de impugnar los resultados si considera que éstos no le favorecen por una serie de prácticas ilegítimas, las cuales suelen ser bastante comunes. Además, una minoría no puede ser reducida, porque tanto la mayoría como la propia minoría, del tipo que sean, son siempre artificiales, y ello debería ser asumido por los defensores de una democracia electoral.
Lo que sucede, a dos años de aquel 21 de febrero, es precisamente una operación como la descrita; pues el famoso estribillo que “colectivos ciudadanos” suelen repicar en el sentido de que “Bolivia dijo no” tiene un dejo autoritario, frente a lo que representa una minoría que no tuvo la posibilidad de impugnar los resultados, desconoció los cauces democráticos, o no halló incentivos para esa posibilidad; en virtud de lo cual asumió otro tipo de acciones que simplemente le llevaron a cometer más errores. Y si la ley no contara con esos incentivos, entonces no sería lo suficientemente respetuosa de las minorías, y se puede, por tanto, desconfiar de las elecciones tanto como desconfiar de la democracia.
* es doctor en Sociología, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México.