Presumo que el “proceso de diálogo del pacto fiscal”, como ahora es calificado, determinará en estos días cambiar el marco normativo de las finanzas públicas del país, institucionalizar el proceso de este acuerdo fiscal y continuar realizando diagnósticos de las entidades territoriales autónomas. También concluirán las reuniones de las agendas establecidas y seguramente se presentarán las conclusiones de las agendas departamentales. Con ello, postergaremos una vez más el establecimiento de un verdadero pacto fiscal, que conlleve la necesaria redistribución de los recursos estatales en beneficio de todos los bolivianos.

Seguramente después de la tan anunciada reunión sobre la finalización del proceso de diálogo del pacto fiscal se nos presentará un documento amplio en cifras, que detalle la distribución de los recursos municipales, departamentales y hasta de la administración central. Es decir, un nuevo diagnóstico-informe sin mayor trascendencia. Y es que ya existen miles de diagnósticos elaborados por todas las entidades económicas del país, muchos de éstos más amplios y más enriquecedores.

Sin embargo, rescatamos tres puntos, mencionados en mi anterior publicación, que han sido considerados. Los pactos social y productivo serán ahora denominados “agendas productivas y sociales priorizadas por cada departamento”. Y como se trata de agendas, lo que propongan no quedará plasmado en un documento que devengan en una norma departamental o incluso en una ley del Estado. Esto pone en evidencia que aún desconocemos de lo que se trata un verdadero pacto fiscal. No terminamos de comprender que la redistribución de la riqueza debe tomar en cuenta la igualdad de las personas, frente a la distribución de los ingresos nacionales, que considera por sobre todo al individuo, que es finalmente a quien debería beneficiar esta distribución.

En segundo lugar, la redistribución de los recursos ahora será denominada “acuerdos para la asignación de inversión pública efectiva”. Este cambio de enfoque no toma en cuenta que desde hace más 15 años hacemos planes de inversión efectiva, y que estos principios ya están definidos en varias normas del Estado Plurinacional y de anteriores gestiones.

Tampoco se comprende a qué se refiere esta nueva definición, que previsiblemente vendrá acompañada con un nuevo análisis de las fuentes de los recursos públicos, privados y las modificaciones a los regímenes económicos. Con ello seguramente volveremos a enfrascarnos en la lucha interna entre los departamentos que más tienen y que no querrán ver disminuidos sus recursos en favor de las regiones menos favorecidas; conflicto que deviene de la división departamental establecida durante la fundación de la República (1825) y que no ha sido actualizada.  

Por último, cabe recalcar que los principios básicos para establecer un pacto fiscal son elevar la calidad de un gasto público responsable, promover la equidad, impulsar una mayor transparencia en la redistribución fiscal para favorecer el desarrollo productivo, y la generación de ingresos subnacionales. Ninguno de estos conceptos ha sido contemplado en el documento final del proceso de diálogo del pacto fiscal.

En esta materia el oficialismo maneja los hilos sin mucha dificultad sobre todo porque no existe una propuesta clara formulada desde la oposición, ni tampoco desde los gobiernos subnacionales, los cuales únicamente proponen modificar la Ley de Hidrocarburos para establecer una distribución más equitativa del IDH, junto al establecimiento de fondos de diversa naturaleza para proyectos productivos y sociales.

Un verdadero pacto fiscal va más allá de los intereses y las determinaciones de las autoridades y de la oposición, debe ser una decisión asumida por todos los bolivianos, para administrar y distribuir los recursos públicos de la mejor manera posible.