El lunes comenzó en un tribunal federal de Fort Lauderdale, en el estado de Florida (Estados Unidos), un juicio civil instaurado contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín por un grupo de activistas de derechos humanos que representan a las víctimas y los familiares de las personas muertas en octubre de 2003.
Se trata de un proceso iniciado en 2007, a instancias de un grupo de abogados del Centro para Derechos Constitucionales (CCR, por su nombre en inglés), perteneciente a la Universidad Harvard. Aunque no se trata de un proceso penal, pues los delitos no fueron cometidos en Estados Unidos, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son acusados de asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidios culposos; y el resultado que se busca es obtener una indemnización para las víctimas y los familiares de los fallecidos.
El fundamento para la demanda está en el hecho de que se trata de delitos de lesa humanidad y severas violaciones a los derechos humanos, que pueden ser juzgados fuera de la jurisdicción específica donde se cometieron. Uno de los abogados señaló que “es la primera vez que un exjefe de Estado se enfrenta a un juicio en Estados Unidos por violación a los derechos humanos”.
La fase oral del proceso comenzó el lunes con la elección de un jurado compuesto por 10 miembros: cuatro mujeres y seis varones, de los cuales solo uno es “hispano”. Todos fueron elegidos sobre la base de que desconocen el contexto boliviano y se les advirtió que los testimonios de las víctimas podrían inclinarles en contra de los acusados.
El martes, los primeros testigos de cargo fueron el padre y la madre de la niña fallecida el 20 de septiembre de 2003 por impacto de bala militar, en las cercanías de Warisata. Como ellos, muchas otras personas dieron testimonio durante la semana que hoy termina. Joseph Sorkin, el abogado a cargo de la demanda señaló que los testimonios de los testigos servirán para que el jurado sepa “qué realmente pasó en 2003” y demostrar que los acusados son responsables de las muertes por autorizar la intervención militar.
A su vez, los acusados asistieron acompañados de sus abogados (e incluso de un exfuncionario de la Embajada de Estados Unidos en La Paz), cuya línea de defensa se basa en afirmar que los verdaderos responsables de las muertes son Evo Morales, entonces dirigente cocalero, y Felipe Quispe, entonces secretario ejecutivo de la CSUTCB, por haber provocado las protestas sociales. Además, afirman que las muertes se produjeron antes de la intervención militar.
Se trata de un proceso histórico dentro y fuera de Bolivia, pues sentará un precedente para procesar a otros políticos hoy refugiados en la potencia del norte. Bien hará el Estado boliviano en aprovechar esta coyuntura para avanzar el trámite de extradición de ambos acusados, paralizado hace ya demasiado tiempo.