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sábado 16 oct 2021 | Actualizado a 13:56

Pánico ante el registro de empleadores

La incertidumbre solo incrementará la confusión y el temor en una población que se encuentra a la defensiva

/ 22 de marzo de 2018 / 03:51

El Ministerio de Empleo Trabajo y Previsión Social ha puesto en marcha el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) en todo el país, estipulado en el Decreto 3433 y su reglamentación en la Resolución Ministerial N° 105/18. Muchas voces han manifestado desconfianza ante tal medida, buena parte de las cuales señalan que este registro es un mecanismo más de control y sanción para la ya presionada población contribuyente de Bolivia. Cabe preguntarse, ¿hasta qué punto estos temores son ciertos?

De acuerdo con estimaciones del Sistema de Impuestos Nacionales (SIN), del 2005 al 2015 la población contribuyente en Bolivia pasó de 257.343 a 813.344 contribuyentes, creciendo a un ritmo promedio de 12,2% anual. Aplicando esta tasa de crecimiento para los últimos dos años, se puede estimar que para 2017 en Bolivia había al menos 1.210.581 contribuyentes, cuyo aporte tributario sumó Bs 30.906 millones aquel año.

Si bien el SIN destaca que se ha registrado un gran avance de la cultura tributaria en Bolivia, con ritmos de crecimiento positivos y niveles de recaudación interesantes, existen elementos complementarios que ponen en evidencia un contexto diferente al destacado por la entidad recaudadora.

Para tal efecto, conviene comprender el concepto de población en edad de trabajar (PET) y en edad de no trabajar (PENT). En Bolivia forman parte del primer grupo quienes tienen entre 10 y 64 años, cuentan con capacidades para trabajar y buscan un empleo. Entretanto, la segunda categoría está conformada por aquella población cuya edad no está dentro del rango antes mencionado y que no está en posibilidades de formar parte del mercado laboral. En este sentido, en 2017 la población en edad de trabajar de Bolivia habría sumado unos 8.021.300 habitantes, que representan cerca del 72% del total de la población; frente a 3.124.470 de habitantes en edad de no trabajar.

Si comparamos el padrón de contribuyentes del SIN y la PET, tenemos que el primero representa tan solo el 15% del total de la población que teóricamente estaría en condiciones de trabajar. Evidentemente, es imposible considerar que la totalidad de la población en edad de trabajar se encuentre en pleno empleo, y que a su vez forme parte del padrón de contribuyentes. Sin embargo, debe ser motivo de reflexión que gran parte de los ingresos tributarios nacionales todavía depende de un reducido margen de contribuyentes, y que la mayoría de la PET está inmersa en la economía informal.

Eh ahí la disyuntiva que explica en parte el temor de ese pequeño universo de contribuyentes frente al nuevo registro obligatorio de empleadores, máxime tomando en cuenta el hecho de que declarar una nómina de dependientes, sean éstos fijos o eventuales, puede ser motivo suficiente para que el SIN reconsidere la situación de varios contribuyentes que no están comprendidos en ningún régimen o que se encuentran en el régimen simplificado, de acuerdo con los requisitos e impedimentos que ambas categorías tienen en relación con la presencia o no de personal dependiente.

En la medida en que el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social maneje un canal de comunicación claro con la población acerca del Registro Obligatorio de Empleadores, se generará el impacto deseado en favor de los trabajadores. Mientras tanto, el clima de incertidumbre solo incrementará la confusión y el temor en una población que se encuentra a la defensiva frente a un Estado que no está pasando su mejor momento en términos de credibilidad institucional.   

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¿Hablamos de economía en Bolivia?

A 12 años de vigencia del nuevo modelo económico, los resultados no condicen con el discurso gubernamental.

/ 4 de mayo de 2018 / 04:39

Días atrás, el exministro de Economía y Finanzas Públicas Luis Alberto Arce Catacora dio una charla magistral sobre los avances del modelo económico social comunitario productivo vigente en Bolivia. Tal exposición fue presentada con toda la fanfarria y ribetes de rigor, citando al expositor como “el mejor ministro de economía del mundo”; calificación que antes que asombro despertó en mí la necesidad de hacer una reflexión que ahora comparto en este artículo.

En líneas generales, el nuevo modelo económico boliviano establece que los excedentes y rentas de la explotación de recursos naturales (hidrocarburos y minerales) pasen a redistribuirse desde el Estado hacia los sectores vulnerables (a través de programas sociales y bonos), y a los sectores generadores de ingresos y empleos. En otras palabras, este modelo plantea derivar recursos estatales para que se traduzcan en inversiones que potencien la industria nacional, de cara a abandonar el perfil extractivista y diversificar la producción del país hacia sectores no tradicionales que generen valor agregado.

Lamentablemente a 12 años de vigencia de esta nueva propuesta, los resultados no condicen con el discurso gubernamental, porque el mismo modelo cerró la inversión al sector generador de ingresos y empleos (empresa privada) y se enfocó en reinvertir en empresas estatales, con el claro objetivo de cooptar la industrialización de la economía nacional, hasta ahora inexistente y teñida de corrupción a todo nivel. Entonces, si este nuevo modelo económico teóricamente vigente no se aplica, cabe preguntarse, ¿qué modelo se está aplicando en Bolivia?

Pues bien, para responder a esta pregunta solamente es necesario analizar el discurso político manejado día a día por diferentes voceros del oficialismo. Primero, se critica abiertamente el capitalismo encarnado en el imperio estadounidense. Segundo, se habla de la dignidad y soberanía de los pueblos representados y defendidos a través del Estado. Y tercero, se reconoce al Estado como el principal y único actor en la economía nacional, minimizando el rol de la empresa privada.

El fondo del asunto radica en la asignación de los recursos, que según el sociólogo alemán Franz Oppenheimer tiene dos alternativas: por medios políticos y por medios económicos. Los medios políticos vienen dados por la coerción, el uso de la fuerza y la restricción de las libertades económicas del individuo. Mientras que los medios económicos plantean el ejercicio irrestricto de las libertades económicas a partir del mutuo acuerdo, producto de la negociación de precios y beneficios.

En Bolivia, el Estado asume un rol protagónico en la economía, a través de medios políticos en la asignación de recursos, lo que se evidencia en la restricción de las exportaciones del sector agroindustrial en el oriente boliviano, la presión tributaria hacia los sectores empresariales privados en todos sus niveles (pequeña, mediana y gran empresa), las cargas injustificadas para el empleador en beneficio de sus trabajadores como el doble aguinaldo, la determinación de un salario mínimo nacional cada año en vísperas del Día del Trabajador negociando solamente con la COB.

Los anteriores son tan solo algunos ejemplos que permiten comprender el verdadero modelo económico vigente en nuestro país. En definitiva, Bolivia se acerca más a un modelo coercitivo que de libertades económicas. De allí que, cuando se habla de un modelo de transformación económica, se debería abandonar el discurso político teórico y mirar la verdadera realidad del país. 

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La incertidumbre solo incrementará la confusión y el temor en una población que se encuentra a la defensiva

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El Ministerio de Empleo Trabajo y Previsión Social ha puesto en marcha el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) en todo el país, estipulado en el Decreto 3433 y su reglamentación en la Resolución Ministerial N° 105/18. Muchas voces han manifestado desconfianza ante tal medida, buena parte de las cuales señalan que este registro es un mecanismo más de control y sanción para la ya presionada población contribuyente de Bolivia. Cabe preguntarse, ¿hasta qué punto estos temores son ciertos?

De acuerdo con estimaciones del Sistema de Impuestos Nacionales (SIN), del 2005 al 2015 la población contribuyente en Bolivia pasó de 257.343 a 813.344 contribuyentes, creciendo a un ritmo promedio de 12,2% anual. Aplicando esta tasa de crecimiento para los últimos dos años, se puede estimar que para 2017 en Bolivia había al menos 1.210.581 contribuyentes, cuyo aporte tributario sumó Bs 30.906 millones aquel año.

Si bien el SIN destaca que se ha registrado un gran avance de la cultura tributaria en Bolivia, con ritmos de crecimiento positivos y niveles de recaudación interesantes, existen elementos complementarios que ponen en evidencia un contexto diferente al destacado por la entidad recaudadora.

Para tal efecto, conviene comprender el concepto de población en edad de trabajar (PET) y en edad de no trabajar (PENT). En Bolivia forman parte del primer grupo quienes tienen entre 10 y 64 años, cuentan con capacidades para trabajar y buscan un empleo. Entretanto, la segunda categoría está conformada por aquella población cuya edad no está dentro del rango antes mencionado y que no está en posibilidades de formar parte del mercado laboral. En este sentido, en 2017 la población en edad de trabajar de Bolivia habría sumado unos 8.021.300 habitantes, que representan cerca del 72% del total de la población; frente a 3.124.470 de habitantes en edad de no trabajar.

Si comparamos el padrón de contribuyentes del SIN y la PET, tenemos que el primero representa tan solo el 15% del total de la población que teóricamente estaría en condiciones de trabajar. Evidentemente, es imposible considerar que la totalidad de la población en edad de trabajar se encuentre en pleno empleo, y que a su vez forme parte del padrón de contribuyentes. Sin embargo, debe ser motivo de reflexión que gran parte de los ingresos tributarios nacionales todavía depende de un reducido margen de contribuyentes, y que la mayoría de la PET está inmersa en la economía informal.

Eh ahí la disyuntiva que explica en parte el temor de ese pequeño universo de contribuyentes frente al nuevo registro obligatorio de empleadores, máxime tomando en cuenta el hecho de que declarar una nómina de dependientes, sean éstos fijos o eventuales, puede ser motivo suficiente para que el SIN reconsidere la situación de varios contribuyentes que no están comprendidos en ningún régimen o que se encuentran en el régimen simplificado, de acuerdo con los requisitos e impedimentos que ambas categorías tienen en relación con la presencia o no de personal dependiente.

En la medida en que el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social maneje un canal de comunicación claro con la población acerca del Registro Obligatorio de Empleadores, se generará el impacto deseado en favor de los trabajadores. Mientras tanto, el clima de incertidumbre solo incrementará la confusión y el temor en una población que se encuentra a la defensiva frente a un Estado que no está pasando su mejor momento en términos de credibilidad institucional.   

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Desastrosa gestión de riesgos en Bolivia

El Estado no logra convertir el elevado nivel de burocracia en resultados concretos.

/ 3 de marzo de 2018 / 04:00

En las últimas semanas, varias regiones del país han sufrido severas inundaciones y el desborde de ríos, que a su vez han causado no solo pérdidas materiales y económicas de consideración, sino también pérdidas humanas. Según el último recuento elaborado por el Viceministerio de Defensa Civil (22 de febrero), al menos 17.200 familias se han visto afectadas por el embate de la naturaleza. Esta situación ha obligado al Gobierno nacional a declarar, a través del Primer Mandatario, el estado de emergencia en varias regiones, con el fin de movilizar recursos para la atención de los damnificados. Más allá de la declaratoria de emergencia como tal, sorprende el procedimiento que se sigue en el país a la hora de atender las emergencias. Si bien el Estado cuenta con una serie de instituciones especializadas en la gestión de riesgos, no logra convertir ese elevado nivel de burocracia en resultados concretos de garantías y resiliencia frente a eventos climáticos extremos.

Por ejemplo, el Viceministerio de Defensa Civil tiene a su cargo el Sistema Integrado de Información y Alerta Para la Gestión del Riesgo de Desastres (Sinager-sat), el cual a su vez se compone de otros subsistemas como el Sistema Nacional de Alerta Temprana para Desastres (Snatd), el Observatorio Nacional de Desastres (OND), la Infraestructura de Datos Espaciales (Geosinager) y la Biblioteca Virtual de Prevención y Atención de Desastres (Bivapad).

En teoría estamos hablando de una organización institucional bien organizada, que da la impresión de realizar un trabajo coordinado e integral, generando información de variables climatológicas, construyendo escenarios probables e informando oportunamente a los municipios y departamentos acerca de la inminencia de eventos climáticos extremos. Sin embargo, en la práctica, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno (municipal, departamental y nacional) brilla por su ausencia, lo que desencadena episodios de duplicidad de funciones, intervenciones tardías, burocratización de los conductos para canalizar la asistencia humanitaria desde las áreas afectadas y, lo que es más grave aún, mantiene en situación de vulnerabilidad a los damnificados en aspectos tan básicos como el acceso al agua potable, alimentos y seguridad física, tanto de los afectados como de sus viviendas y pertenencias.

Si bien en los municipios se han implementado las unidades de gestión de riesgos (UGR), éstas no cuentan con el presupuesto suficiente ni los recursos humanos calificados para poder intervenir en sus ámbitos. Coincidentemente no existen escenarios de coordinación ni planificación para la prevención, atención y reconstrucción en situaciones de emergencias, en las que todos los niveles territoriales deberían tener funciones claramente definidas y los recursos necesarios para ejecutarlas. Nuevamente todo el proceso de planificación se consolida en un manual de procedimientos donde no solo las entidades territoriales participan, sino que además en teoría se incorpora a todos los sectores y organizaciones de la sociedad civil, y supuestamente se somete continuamente a prueba, a través de simulacros controlados de forma que la amenaza o el riesgo formen parte de la conciencia colectiva.

Pero en su lugar tenemos declaratorias de emergencia nacional que solamente habilitan la libre disposición de los recursos públicos para la atención inmediata de las emergencias. Sin una planificación previa, se hace un uso discrecional de los recursos públicos. Las buenas intenciones se sobreponen a la racionalidad que un Estado debería mantener a la hora de administrar sus arcas. Sin embargo, el país mantiene una lógica peligrosa donde la improvisación ha sustituido a la planificación. Existen múltiples caminos para encarar la gestión de riesgos, pero Bolivia no ha elegido ninguno, nos enfrentamos a desastres por partida doble, los naturales y los de capacidad institucional.

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