La Haya y el mar
En este asunto, la prudencia en las expresiones de las autoridades de Estado es fundamental.
Lo sucedido en los últimos días en La Haya, sede de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde se ventila un juicio iniciado por Bolivia en busca de que Chile se avenga a negociar de buena fe un acceso sobera no al mar, es seguramente, uno de los hitos históricos más trascendentes en el pleito que ya lleva 139 años, iniciado por la invasión chilena en 1879.
En efecto, el proceso iniciado hace casi cinco años por el Estado Plurinacional de Bolivia ante el más alto tribunal de justicia internacional ha entrado en su fase oral, y entre el lunes 19 y el viernes 23, las partes presentaron sus alegatos; la segunda ronda se realizará entre mañana y el miércoles 28.
Bolivia planteó su caso reclamando la obligación de Chile de acceder a negociar de buena fe una salida soberana a favor del país a partir de al menos siete ocasiones en las que se comprometió a hacerlo. Durante dos jornadas, el equipo jurídico boliviano mostró no solo su extraordinaria capacidad argumentativa para demandar justicia, sino sobre todo profunda empatía con la demanda boliviana.
La contraparte chilena, por su parte, argumenta que la demanda de Bolivia no debe prosperar porque, primero, no se puede obligar a una parte a negociar con un resultado predeterminado y, segundo, hay elementos para inferir que el objetivo boliviano es obtener un acuerdo sustitutivo del
Tratado de 1904. En la misma línea se pronunció el Canciller chileno, quien argumentó, evidentemente para la opinión pública de su país, que lo que en el fondo busca Bolivia es abrir el Tratado de 1904, algo inaceptable para ellos; que se trata de un mandato de la Constitución Política boliviana y, por tanto, un asunto de “política interna”; y que no está en juego cesión territorial alguna.
Los medios de comunicación de ambos países mostraron los climas imperantes a uno y otro lado de la frontera. Mientras en el lado de Bolivia se destacó, además de la contundencia de los argumentos del equipo jurídico propio, la unidad nacional en torno a la causa; en el lado chileno tuvieron eco las voces que pusieron en cuestión la calidad de la posición jurídica de su país, así como la falta de cohesión en torno a ésta. Llama la atención, sin embargo, cómo los periodistas chilenos parecen observar el más rancio nacionalismo a la hora de efectuar cobertura en casos como este.
Es difícil predecir la sentencia que vaya a pronunciar la Corte Internacional de Justicia, pero su práctica desde su fundación en 1945 muestra una predilección de sus jueces por los fallos salomónicos.
El avance del proceso hasta ahora inspira razones para el optimismo, pero, como también ha subrayado el enviado especial de La Razón a La Haya (docto profesional y maestro de relaciones internacionales), resulta esencial la prudencia en el uso de las palabras y las expresiones de las autoridades de Estado, pues, más allá de la polémica pública que producen, pueden servir como argumentos para refutar los alegatos de una y otra parte.