Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la recaudación tributaria respecto al PIB del país es del 27%, solamente por detrás de Uruguay (27,9%), Argentina (31,3%) y Brasil (32,2%) en Suramérica; lo que pone en evidencia que los esfuerzos desplegados para incrementar el aporte impositivo en favor del erario nacional están dando buenos resultados.
De hecho, según datos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en la última década Bolivia logró incrementar en un 70% el monto de las recaudaciones por impuestos que se aplican a ciudadanos y empresas, incluido el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Este logro responde en gran medida a las mejoras continuas en la tecnología implementada por la autoridad recaudadora, a una mayor capacitación técnica de sus profesionales y una fiscalización más efectiva de segmentos económicos caracterizados por evadir impuestos.
Sin embargo, la presión tributaria para el caso boliviano únicamente considera a quienes realizan sus actividades a la luz de la legalidad; lo que deja a un gran sector de potenciales contribuyentes al margen de su deber con el Estado en términos impositivos. De hecho, diferentes estudios estiman que la presión tributaria en el país abarca a tan solo el 17% de las actividades económicas. Mientras que el resto de las actividades y negocios se desarrollaría en la informalidad.
Por ejemplo, se sabe que medianos y grandes contribuyentes disfrazan su verdadera condición en regímenes tributarios especiales, a los que por su tamaño o la naturaleza de la actividad que realizan ya no corresponden, causando grandes perjuicios a la recaudación del SIN.
Ante esta situación de inequidad, que contraviene el principio tributario básico según el cual todos deberían aportar al financiamiento estatal según sus posibilidades (en mayor medida quienes más tienen), urge la aplicación de mecanismos de mitigación de evasión fiscal más eficientes, sobre todo tomando en cuenta que en muchos casos los sectores informales son los que más se benefician de los esfuerzos de inversión pública.
Adicionalmente, para contrarrestar esta inequidad sería deseable que las inversiones y gastos estatales efectuados con los recursos tributarios respondan a una racionalidad asociada a la obtención de la máxima rentabilidad social posible, en beneficio de los contribuyentes que pagaron efectivamente sus impuestos.
Y es que si bien es cierto que de los impuestos no podremos librarnos, al menos éstos debieran ser retribuidos en una salud y educación de calidad, seguridad ciudadana, inversión pública con alta rentabilidad social y en un aparato público eficiente y humano en favor de aquellos que cumplen “religiosamente” con el pago de sus impuestos.