El fenómeno de las presidencias interrumpidas ha sido ampliamente estudiado por la ciencia política, tomando en cuenta especialmente el caso de los países latinoamericanos. Al ser dicho fenómeno un tema que compromete a la región, constituyó y constituye al mismo tiempo uno de los argumentos fundamentales para que los críticos del sistema presidencialista latinoamericano aboguen, no sin cierta inclinación apologética, por el cambio hacia un sistema parlamentario, por considerar a este último como el más adecuado para la región, frente a los “vicios” y las “perversiones” del presidencialismo.
De ahí que el análisis, como el mismo fenómeno, no sea nuevo, sino congénito al desarrollo de la democracia, sobre todo si se toman en cuenta los últimos 35 años de regularidad democrática en la región. Tan es así, que el número de países que no experimentaron el recorte de mandato de algún presidente democráticamente electo es escaso. Y a ello se debe precisamente que a los latinoamericanos se nos inculpe la imposibilidad de la consolidación de la democracia o su rasgo de fragilidad, por lo que a partir del reconocimiento de nuestra región como social, política y económicamente inestable, los de fuera nos consideran inmerecedores de algo que se pueda llamar “democracia plena”.
En ese sentido, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en Perú; o la destitución de Dilma Roussef, en Brasil, hace poco más de un año, no constituyen una novedad, sino una regularidad histórica. Pero incluso admitiendo esta condición, para muchos, la novedad del hecho estribaría en la causa de la interrupción de las presidencias, que consistiría en la corrupción, y cuyas consecuencias llevan incluso a que muchos optimistas avizoren a partir de ello el advenimiento de una época de moralización de la política. Coincidentemente, en el informe 2017 del Latinobarómetro, Brasil encabeza, por mucho, a un grupo de países integrado por Colombia, Perú, República Dominicana, México, Chile, Bolivia y Paraguay, en los que entre uno y dos de cada 10 personas consideran que la corrupción es el problema más importante que afecta al país. Y entre ese grupo no aparece Ecuador, porque éste encabeza la lista de países en donde los ciudadanos reconocen avances en la reducción de la corrupción del Estado.
Sin embargo, exceptuando los casos de Raúl Alfonsín, Hernán Siles Zuazo, Jamil Mahuad, Fernando de la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá, Fernando Lugo, e incluso Gonzalo Sánchez de Lozada; y con sus particularidades Manuel Zelaya, Fernando Collor de Mello, Carlos Andrés Pérez, Abdalá Bucaram, Otto Pérez Molina y el propio Alberto Fujimori, entre otros, fueron destituidos por actos de corrupción, por lo que este factor no puede ser considerado nuevo como causa de las presidencias interrumpidas. Lo realmente nuevo parece ser el papel que juegan los medios de comunicación en el desvelamiento o encubrimiento de los hechos que comprometen a los presidentes de la región, pues a modo de verdaderos poderes fácticos, éstos determinan el rumbo político de aquellos gobiernos.
De ahí que la forma en la que los medios de comunicación abordan el problema de la corrupción no sea comparable entre México y Brasil, por ejemplo, a pesar de que en el estado de la opinión pública la corrupción sea percibida como uno de los problemas más importantes del país. Pero el papel jugado por los medios revela también el persistente problema de la debilidad institucional de nuestras democracias, ya que la falta de mecanismos que desahoguen la pérdida de legitimidad política de los gobernantes deja abierto el campo político para el protagonismo de diferentes actores politizados o partidizados.