El trámite de compra de 92.000 mochilas chinas por parte de la Alcaldía de Cochabamba con un sobreprecio estimado de Bs 10 millones da una idea de la dimensión que puede estar alcanzando la corrupción en los espacios públicos, ya sea que estén controlados por la oposición o el oficialismo. Este hecho está en investigación y aún no se emitió sentencia, pero los pormenores conocidos ya dejan perplejos a la ciudadanía.
La corrupción, como el agujero negro de la administración pública, es el mayor azote de los gobiernos democráticos. Si calculamos los millones aportados por los bolivianos en impuestos y otros aportes que son manejados por presidentes, ministros, gobernadores y alcaldes de todos los colores, seguramente nos caeríamos de espalda, porque son sumas astronómicas que están en manos del poder político y que, por las piruetas que tiene la corrupción, desembocan finalmente en la cuenta bancaria de quien dio luz verde a la turbia maniobra administrativa. De la noche a la mañana, autoridades que meten la mano en la plata de todos aparecen con millones en sus cuentas bancarias. Así de fácil y sin que nadie se percate de lo ocurrido; o como quien diría “Todo bien porque aquí todos estamos felices”.
Mientras el poder hace lo suyo, la bronca ciudadana no para. Un joven que se transportaba en el Teleférico decía a propósito del caso de las mochilas: “Se tiran Bs 10 millones así nomás, mientras hace dos años mi papá no logra un aumento a su mísero sueldo de Bs 4.800”. Por ahí se explica la lucha a muerte que libran algunos políticos por capturar el poder y gozar de las “mieles” que conlleva, irresistibles para algunos, echando por tierra con todo el cinismo del mundo discursos, promesas y declaraciones de amor al pueblo.
Lo descubierto en las últimas semanas en torno a la administración edilicia de José María Leyes vuelve a poner en el debate político la crucial pregunta: ¿es posible la política sin corrupción? La respuesta sigue siendo difícil, y si se confirma la acusación, habrá un dato más en el anecdotario de la corrupción criolla, más aún si tomamos en cuenta que durante el conflicto médicos-Gobierno el Alcalde de Cochabamba estuvo dando lecciones de moral y honestidad al Ejecutivo y a todo el país.
Corresponde saludar la tarea fiscalizadora de la concejala Rocío Molina, quien haciendo a un lado amenazas y riesgos de todo tipo sacó a luz esta delicada acusación. La periodista cochabambina ahora en función de concejala está devolviendo a sus electores la confianza que le depositaron, y solo serán actos como los que ella encara los que mantendrán en nivel aceptable la salud de la democracia boliviana.