Voces

Wednesday 21 Feb 2024 | Actualizado a 23:40 PM

Actuemos para detener la ciberdelincuencia

El daño causado al desarrollo sostenible, a la igualdad de género y a la seguridad es inmenso

/ 6 de mayo de 2018 / 12:59

Ciber, este es el prefijo ineludible que define nuestro mundo en la actualidad. Desde la privacidad de las personas hasta las relaciones entre los Estados, lo cibernético domina las discusiones y los titulares, tanto que nos arriesgamos a quedar paralizados ante la magnitud de los problemas que enfrentamos. A pesar de las muchas preguntas pendientes sobre el futuro de la ciberseguridad y la gobernanza, debemos tener en cuenta que la cooperación internacional es esencial para hacer frente a las amenazas cada vez mayores de la ciberdelincuencia.

Explotación en línea y abuso de menores; mercados de drogas ilícitas y armas de fuego en la “red oscura” o darknet; ataques con software que secuestra información (ransomware); traficantes de personas que usan las redes sociales para atraer a sus víctimas… el alcance sin precedentes de la ciberdelincuencia (a través de todas las fronteras, en nuestros hogares y escuelas, negocios, hospitales y otros proveedores de servicios básicos) tan solo amplifica las amenazas.

Según una estimación reciente, el costo global de la ciberdelincuencia es de $us 600.000 millones. El daño causado al desarrollo sostenible y a la seguridad, a la igualdad de género y la protección (mujeres y niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por el abuso sexual en línea) es inmenso.

Mantener a las personas más seguras en línea es una tarea enorme, y ninguna entidad o Gobierno tiene la solución perfecta. Pero hay mucho que podemos hacer, y necesitamos hacer más para fortalecer la prevención y mejorar las respuestas al delito cibernético. Por ejemplo, i) aumentar las capacidades, sobre todo en la aplicación de la ley, especialmente en los países en vías de desarrollo; y ii) fortalecer la cooperación internacional y el diálogo entre los gobiernos, las Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y regionales, la Policía Internacional (Interpol) y muchos otros socios interesados en detener la ciberdelincuencia, incluidas las empresas y la sociedad civil.

Los delitos cometidos en el ciberespacio, incluyendo la proliferación de software malicioso (malware), ransomware y piratería; los delitos facilitados por el ciberespacio, tales como el correo electrónico fraudulento para robar datos financieros; y la explotación y el abuso sexual infantil en línea, todos tienen algo en común además del aspecto “cibernético”: todos son delitos. La Policía, los fiscales y los jueces necesitan comprender estos delitos, y deben contar con las herramientas adecuadas para investigarlos y perseguir a los delincuentes, así como proteger a las víctimas. También deben tener las capacidades para procesar y resolver los casos.

En la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), estamos trabajando en más de 50 países, proporcionando la capacitación necesaria para afinar las habilidades de investigación, rastrear criptomonedas como parte de las investigaciones financieras y usar software para detectar el abuso en línea y perseguir a los criminales.

Como resultado directo de nuestros esfuerzos de desarrollo de capacidades en un país, un pedófilo de alto riesgo (con más de 80 víctimas) fue arrestado, juzgado y condenado. La UNODC realizó la capacitación en asociación con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados y Facebook. Éste es solo un ejemplo de cómo el fortalecimiento de capacidades y el trabajo coordinado con la sociedad civil y el sector privado pueden garantizar que los delincuentes estén tras las rejas y que los niños en situación de vulnerabilidad estén protegidos.

Trabajando con la Fundación Internet Watch (IWF), la UNODC ha lanzado portales para reportar casos de abuso sexual infantil (más recientemente en Belice), a fin de que la ciudadanía pueda tomar la iniciativa de reportar imágenes de abuso, protegiendo a niñas y niños de la explotación en línea. Con socios como Thorn y Pantallas Amigas estamos fortaleciendo la protección en línea y educando a padres, cuidadores y niños sobre los riesgos cibernéticos a través de actividades con las escuelas y comunidades locales. La prevención es la clave.

La capacitación de la UNODC, centrada principalmente en América Central, Oriente Medio y África del Norte, África Oriental y Sudeste de Asia, también ayuda a identificar evidencia digital sobre el tráfico ilícito de drogas en línea, a confrontar el uso de la red oscura con fines criminales y terroristas y a perfeccionar la recopilación de datos para abordar mejor las amenazas.

Una base fundamental para nuestros esfuerzos es la cooperación internacional. Nuestro trabajo, financiado en su totalidad por gobiernos donantes, ha demostrado que, a pesar de las diferencias políticas, los países pueden unirse, y así lo hacen, para contrarrestar las amenazas de los delitos cibernéticos.

También estamos fortaleciendo la cooperación internacional a través del Grupo Intergubernamental de Expertos, que se reunió a principios de abril de 2018, en la sede de la UNODC en Viena. Establecido por resolución de la Asamblea General, el Grupo de Expertos reúne a diplomáticos, responsables de la formulación de políticas y expertos de todo el mundo para debatir sobre los desafíos más apremiantes en materia de ciberdelincuencia en la actualidad. Estas reuniones demuestran el deseo y la voluntad de los gobiernos de seguir una cooperación pragmática, con miras a mejorar los mecanismos de prevención y fomentar la confianza.

Como próximo paso, necesitamos reforzar estos esfuerzos, proporcionando, entre otras cosas, más recursos para apoyar a los países en desarrollo, que a menudo tienen los usuarios de internet más nuevos y las defensas más débiles contra el delito cibernético. Las empresas tecnológicas son un aliado indispensable en la lucha contra la ciberdelincuencia. Es necesario aumentar la participación de los sectores público y privado para abordar inquietudes comunes como mejorar la educación y poner freno al material de abuso en línea.

Contrarrestar la ciberdelincuencia puede salvar vidas, aumentar la prosperidad y construir la paz. Al fortalecer las capacidades de aplicación de la ley y crear alianzas con empresas para que puedan ser parte de la solución, podemos avanzar mucho para garantizar que internet sea una fuerza para el bien.

Es director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

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Mirar para otro lado

‘Zona de interés’ aparenta tocar un tema del pasado pero nos habla del presente

Ricardo Bajo

/ 21 de febrero de 2024 / 07:15

Una compañera cuenta en las redes sociales que un chico se acercó a hablarle en Carnavales y se autodenominó como “facho”. También le dijo que dios la amaba y que él la respetaba. La compañera recuerda, retuiteando otro mensaje, que hubo una época en la que ser un “facho hijo de re mil putas” era una vergüenza. (Nota mental uno: y lo sigue siendo).

En esa anécdota estaba pensando después de ver Zona de interés, la película del director inglés Jonathan Glazer, adaptación libre de la novela del recientemente fallecido Martin Amis, también inglés. The zone of interest narra la apacible vida de la familia del comandante de Auschwitz, Rudolf Hoss, en su linda casa con jardín y piscina pegada al campo de concentración nazi.

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¿Cómo te conviertes en un fascista? ¿En un nazi? ¿Por qué miramos para otro lado? ¿Por salud mental? ¿Por mantener nuestros privilegios? ¿Por creernos mejores? ¿Los verdugos/asesinos nazis son monstruos (como han sido dibujados en cientos de películas) o son personas “normales”, como tú y como yo?

Zona de interés es una película alta/profundamente política; también es un inquietante relato de terror/horror psicológico con fundidos en blanco, rojo y negro. Cuando sales de la oscuridad de la sala (está actualmente en cartelera), continúa en tu cabeza, como el buen cine. La peli es una obra (conceptual/experimental) de tesis, es una inmersión a través del sonido, la música y el permanente fuera de campo (no vemos casi los hornos crematorios ni el tristemente «Konzentrationslager» en territorio polaco).

Vamos a escuchar tan solo —en medio de la vida idílica de esa familia feliz— constantes disparos por acá, el ruido de los hornos por allá, una luz roja perturbadora por acullá. Ese omnipresente fuera de campo (todo lo que intuimos que pasa dentro de Auschwitz) exige un espectador activo/pensante, como el buen cine. Sonido e imagen transcurren por conductos separados. Como en El gran movimiento de Mauricio Miguel Quiroga Russo, el sonido es un personaje más.

La puesta en escena marcada por la frialdad y el distanciamiento de la cámara acrecentarán el desasosiego. No pasará nada a lo largo de casi dos horas de metraje. Aunque todos somos conscientes de que al otro lado del muro están siendo asesinados miles y miles de personas. Como hoy en Gaza.

Zona de interés es una película profunda/altamente molesta, juega a eso. El director quiere trasladar a la platea de la sala oscura esa sensación de ansiedad y desazón. Y lo logra. ¿No hacemos nosotros —tú y yo— lo mismo que esos verdugos nazis? ¿No consumimos a diario el horror de los bombardeos sionistas sobre hospitales y escuelas palestinas? ¿No estamos vacunados con dosis de insensibilidad? ¿Nos hemos endurecido y hemos perdido la capacidad de empatía?

La película, con cinco candidaturas al Óscar entre ellas mejor película y mejor dirección, nos habla de la banalidad del mal. Nos habla de este sistema capitalista que nos traga y devora, de esta deshumanización que nos consume a diario. Por cierto, ¿es banal retratar así la banalidad del mal?

Zona de interés (término que usaban los nazis para los campos de concentración y sus alrededores) aparenta tocar un tema del pasado pero nos habla del presente. Nos confronta y nos pone contra la pared. Intenta sacarnos de nuestras zonas de confort. Y lo logra. Nos habla de memoria y de complicidad.

¿Olvidamos los genocidios de ayer para soportar los genocidios de hoy? ¿Estamos anestesiados por las grandes cifras? ¿Cómo somos capaces de ver en nuestras redes sociales cadáveres de niños palestinos colgados sobre la pared después de un bombardeo israelí y luego pasar a videos de gatos y perros? ¿Las víctimas de los campos de concentración no eran personas como nosotros? ¿Los palestinos no son seres humanos?

Todos somos esa mujer que carga la wawa y se concentra en su huerto con verduras, romero y hermosas flores (rosas, amapolas, azaleas, ojos de poeta) mientras asoma un humo asesino por el horizonte. (Nota mental dos: la actriz alemana que interpreta a la anestesiada esposa del jefe nazi de Auschwitz es Sandra Huller, la misma protagonista de esa otra obra maestra —aún en cartelera— llamada Anatomía de una caída).

Todos somos ese hombre (interpretado por el actor alemán Christian Friedel) obsesionado por las cámaras de gas y su eficacia/productividad, catecismo del capitalismo; ese hombre que lee cuentos a sus hijos por la noche; ese hombre que adora a su caballo y ama a los perros (como Hitler). El verdugo eres tú, el verdugo soy yo. Y los fachos perdonavidas que nos hablan en Carnavales y vienen a decirnos con autosuficiencia que dios nos ama. Aunque él (también) mire para otro lado.

(*) Ricardo Bajo es un pinche periodista

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El ciclo del gas: buena suerte o buenas políticas

Políticas de Estado y la buena suerte influyeron en el ciclo del gas. Va a ser necesario también para el ciclo del litio

Gabriel Loza

/ 21 de febrero de 2024 / 07:05

En el país la tendencia de los análisis económicos, tanto a nivel oficial como no oficial, ha sido de dar más importancia al tema de la renta de hidrocarburos, al take government, es decir a los ingresos fiscales obtenidos por la nacionalización del gas y a su repartición. Pero antes de los ingresos fiscales, primero están los ingresos de divisas provenientes de las exportaciones de gas y, mucho antes, están los gaseoductos para exportar y, previamente, la exploración y explotación de los yacimientos de gas entre pozos viejos (San Alberto con el pozo SAL-X9 descubierto por YPFB en 1990) y nuevos pozos (el campo Margarita fue descubierto a finales de los años 90 y entró en producción en 2003), y a partir de 2010 con la concreción de un nuevo contrato con el mercado argentino, se impulsó el desarrollo del campo Margarita-Huacaya que se convirtió en el principal productor de gas natural con el 32% del total. Así, el 78% del gas proviene de cuatro campos descubiertos antes de 2005.

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Es decir, se trata de resultados de políticas estatales de largo plazo y que para no remontarnos muy lejos, a la Guerra del Chaco, nos remitimos solo a hace más de 30 años, a las políticas aplicadas en los años 90 y que recién empezaron a dar frutos a partir de 2000 cuando las exportaciones de gas solo representaban el 12,1% de las exportaciones totales. Durante el boom de los commodities llegaron a subir a un máximo de participación en el total exportado de 54% en 2013 y para luego declinar hasta llegar al 19% de incidencia en 2023, muy cercano al 17,3% de la participación respecto al total exportado que registró en 1992, volviendo de esta manera a principios del ciclo del gas de los 90.

Sin las exportaciones de gas nos hubiera golpeado muy fuerte la crisis global financiera cuando empezaron a caer las reservas internacionales a mediados de 2009, pero llegaba al Banco Central mensualmente la factura del gas por cerca de $us 300 millones y así hasta agosto de 2022, y luego empezaron a bajar a $us 200 millones en enero de 2023 y a $us 170 millones en diciembre, a lo que se sumaron los pagos pendientes por parte de Argentina.

Sin embargo, el tema no solo es el nivel de las exportaciones sino la propiedad y la renta de hidrocarburos. Con la Ley de Hidrocarburos de mayo de 2005, se recuperó la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado Boliviano y estableció el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) con una alícuota del 32% del total de la producción de hidrocarburos, el cual sumado a la regalía del 18% daba una renta directa del 50%. La ley estableció que esta sumatoria “no será en ningún caso menor al cincuenta por ciento (50%) del valor de la producción de los hidrocarburos en favor del Estado Boliviano” (sic). Con base en esta norma, la llamada nacionalización de los hidrocarburos del 1 de mayo de 2006, el Decreto Supremo “Héroes del Chaco” no dispuso ninguna expropiación, sino una firma obligada de contratos de exploración y explotación y su aprobación en el Congreso, que cambió las anteriores condiciones que tenía Bolivia con las empresas petroleras. Dispuso la obligación de entregar en propiedad a YPFB la producción de hidrocarburos y su comercialización tanto para el mercado interno como externo. Estableció un adicional 32% a través de una participación adicional para YPFB hasta el 82%, y el saldo de 18% para las compañías.

Es decir, hubo un cambio político en la disposición del uso del excedente desde 2004, pero también los astros se alinearon puesto que después de que los precios de los commodities se mantuvieron en un bajo nivel entre 1992 y 2003, llegaron a triplicarse con el llamado boom del precio de los commodities (2004-2014), el cual primero se desinfló con la caída de los precios de la minería en 2011 y después con la caída de los precios del petróleo a partir de 2015. Esta fase declinante duró hasta el COVID-19 en 2020, para luego recuperarse los precios de los commodities en 2021 hasta mediados de 2022, cuando empezaron de nuevo a declinar hasta fines de 2023.

En conclusión, políticas de Estado y la buena suerte influyeron en el ciclo del gas. Va a ser necesario también para el ciclo del litio.

(*) Gabriel Loza Tellería es economista, cuentapropista y bolivarista

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Proyecto democrático nacido muerto

Cediendo la soberanía a cambio de mercados ‘libres’ y valores ‘democráticos, un país acaba siendo atado de pies y manos’

Mikhail Ledenev

/ 21 de febrero de 2024 / 07:02

Ucrania, invierno de 2014. Kiev está sumida en disturbios desatados por grupos radicales que pretenden romper vínculos con Rusia y agilizar el proceso de adhesión a la Unión Europea. El presidente Viktor Yanukóvich desesperadamente busca soluciones al conflicto que puede desembocar en toda una guerra civil. El 21 de febrero, bajo una presión del Occidente y con la capital ucraniana en llamas, el jefe de Estado firma un acuerdo de solución política de la crisis con los líderes de la oposición parlamentaria. Los altos mediadores europeos, entre ellos los cancilleres alemán y polaco, le prometen seguridad y preservación de poder.

Al día siguiente, pese a todas las garantías otorgadas, en Kiev se produjo una toma armada y anticonstitucional de poder. Se dio un golpe de Estado. Un año después, la entonces subsecretaria de Estado de EEUU para asuntos europeos y euroasiáticos, Victoria Nuland, confirmó que Washington había asignado $us 5.000 millones “para apoyar las aspiraciones del pueblo ucraniano a tener un gobierno más fuerte e independiente”.

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Pasados 10 años, podemos evaluar los resultados del “proyecto democrático” ucraniano. La revolución, que proclamaba defender los ideales de derechos humanos, en realidad llevó al poder a un gobierno sometido a los intereses de EEUU y provocó un conflicto bélico en el este del país. Los lacayos de los nazis alemanes Bandera y Shujévich se convirtieron en los héroes nacionales al sustituir a los líderes de la lucha contra Hitler. El presidente de Ucrania, Zelenski, junto con los parlamentarios canadienses aplaudió en Ottawa al excombatiente de SS Yaroslav Hunka, quien había servido al Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial.

Los “avances democráticos” de Ucrania hablan por sí solos. El nivel de corrupción sigue siendo desmesurado, así que Zelenski está obligado a pedir a sus patrones occidentales cada vez más plata, asegurando que los ucranianos “defienden la democracia y libertad”. Se proclaman leyes que afectan los derechos de minorías étnicas, ante todo la rusa. En una cárcel ucraniana fallece en condiciones inhumanas el periodista estadounidense y chileno Gonzalo Lira. El mismo Zelenski cancela elecciones presidenciales y aparta a su rival más popular, el general Zaluzhny, del poder. En el país se prohíben y están perseguidos medios de comunicación. Los jóvenes ucranianos, quienes no desean morir por los intereses del régimen neofascista de Kiev, intentan huir del país a toda costa para ser capturados y mandados al frente. Uno, viendo todo esto, se pregunta: ¿de verdad son un baluarte de democracia Zelenski y su junta?

El proyecto democrático Euromaidán nació muerto. No pretendía defender valores democráticos sino convertir a Ucrania en “anti-Rusia”. Bajo encantadoras pancartas fueron sembrados un radicalismo nacionalista y el odio al idioma y la cultura rusos. Se hizo caso omiso de los intentos emprendidos por Rusia para encontrar una solución política al conflicto y se aprovecharon para ganar tiempo y llenar Ucrania de armamentos. En diciembre de 2023, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, subrayó que las inversiones militares estadounidenses en Ucrania son una buena estrategia, ya que cerca del 90% de dicha ayuda se invierte en el sistema económico norteamericano.

El 10-O, aniversario del golpe de Estado en Ucrania, y la situación precaria del país hoy en día sirven para reflexionar sobre los así llamados “defensores de la democracia”, quienes bajo pretextos nobles esconden sus apetitos neocoloniales. Cediendo la soberanía a cambio de mercados “libres” y valores “democráticos”, un país acaba siendo atado de pies y manos sin tener identidad ni futuro. ¿Acaso vale la pena?

(*) Mikhail Ledenev es embajador de Rusia en Bolivia

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Julian Assange y la libertad de prensa

James Kirchick

/ 21 de febrero de 2024 / 06:57

Hace 14 años, en una conferencia de derechos humanos en Oslo, conocí a Julian Assange. Desde el momento en que me encontré con el fantasmal fundador de WikiLeaks, sentí que podría ser un personaje moralmente dudoso. Nada de lo que haya dicho o hecho en los 14 años transcurridos ha alterado mi impresión inicial de él como un hombre enfermizamente preocupado por las deficiencias de las democracias y sospechosamente desinteresado por los crímenes de las dictaduras. En los meses posteriores a nuestra reunión, WikiLeaks publicó cientos de miles de cables diplomáticos y archivos militares estadounidenses, constituyendo en conjunto la mayor filtración de documentos gubernamentales clasificados de la historia.

Aunque Assange insistió en que su propósito era exponer los abusos estadounidenses, las filtraciones también fueron una bendición para los talibanes y otras fuerzas autoritarias en todo el mundo. No sentí ninguna simpatía por Assange cuando, enfrentándose a la extradición a Suecia por cargos de delitos sexuales en 2012, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres. Assange negó esos cargos, alegando que eran un pretexto para extraditarlo a los Estados Unidos. No fue hasta abril de 2019 que el Departamento de Justicia finalmente hizo pública una acusación contra Assange, acusándolo de conspirar para piratear computadoras del Pentágono.

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Si bien Assange bien pudo haber cometido un delito al ayudar a la exsoldado estadounidense Chelsea Manning a irrumpir en los sistemas informáticos del gobierno en 2010, una acusación formal sustitutiva dictada un mes después de su arresto y acusándolo de múltiples cargos de violación de la Ley de Espionaje de 1917: delitos por los cuales, de ser declarado culpable, podría enfrentarse a hasta 175 años de prisión, constituye una grave amenaza a la Primera Enmienda. Ahora que Assange apelará su extradición a Estados Unidos esta semana, no es demasiado tarde para que el gobierno estadounidense reconsidere este imprudente proceso.

Si bien la Ley de Espionaje rara vez se ha utilizado contra quienes filtran información clasificada, nunca (hasta ahora) el gobierno la ha citado contra alguien que publica esa información. Consciente de cómo el procesamiento de Assange en virtud de la Ley de Espionaje podría utilizarse para atacar a periodistas en sus actividades cotidianas, el fiscal general adjunto que anunció los cargos en su contra en 2019 insistió en que Assange “no es un periodista”. Pero la Constitución no define quién califica como periodista ni otorga tal poder al gobierno de Estados Unidos.

Encuentro repugnante la ideología de Assange y sus métodos imprudentes. Pero la Primera Enmienda no fue escrita para proteger solo a aquellos cuyas ideas y medios para expresarlas nos parecen agradables. Como tal, el continuo procesamiento de Assange bajo la Ley de Espionaje constituye una peligrosa escalada en el intento del gobierno de obstaculizar la libre expresión. En 1973, dos años después de que la Corte Suprema defendiera el derecho de este periódico a publicar los Documentos del Pentágono, un par de eminentes juristas se refirieron a la Ley de Espionaje como un “arma cargada” apuntada a los medios. El hecho de que esta arma legal esté ahora dirigida a un individuo tan antipático como Julian Assange no la convierte en una amenaza menor para la libertad de prensa.

(*) James Kirchick es escritor y columnista de The New York Times

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Justicia social y trabajo decente

La informalidad laboral es claramente una de las principales vías por las que se perpetúan las desigualdades

Ítalo Cardona

/ 20 de febrero de 2024 / 09:48

La convicción de que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social llevó a los constituyentes de la OIT a hacer de la búsqueda de la justicia social el corazón de su mandato; un claro reconocimiento al rol del trabajo como vía para alcanzar el desarrollo sostenible, inclusivo y con justicia social para todos.

En Bolivia, sin embargo, el trabajo está lejos de cumplir cabalmente ese rol. Hoy, más de 10 millones de personas (80,8% según datos de OIT) —especialmente jóvenes, mujeres, población indígena y migrante— trabajan en la economía informal, sin acceso a derechos laborales, con ingresos menores al salario mínimo vital y sin protección social.

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La informalidad laboral es claramente una de las principales vías por las que se perpetúan las desigualdades en el país; un país informal es un país desigual y un país que se aleja de la justicia social. ¿Tenemos que esperar un masivo tránsito hacia la formalización para avanzar en materia de igualdad y justicia social? La respuesta es no. Las soluciones a la informalidad son complejas y pueden suponer un largo proceso de transformaciones estructurales. Mientras los tomadores de decisión dialogan y llegan a acuerdos para abordar, de forma sostenible, la baja productividad, los marcos normativos y políticos o el bajo nivel de educación, la creación de empleo formal para todos los bolivianos no está a la vuelta de la esquina.

¿Qué pueden hacer hoy gobiernos, empleadores y trabajadores para impulsar la justicia social? Al menos tres cosas. Primero, volver a poner el foco en los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos no son ni deben ser nunca vistos como derechos exclusivos de los trabajadores formales, porque están enraizados en la dignidad del ser humano que trabaja, y no en las formas que ese trabajo adopte o en cómo se regule. Acelerar los esfuerzos para erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil, eliminar la discriminación laboral, garantizar la libertad de asociación, promover la negociación colectiva y garantizar lugares de trabajo seguros y saludables marcan el rumbo para acercarnos a la justicia social.

En segundo lugar, entender que justicia social implica la distribución equitativa de las responsabilidades del cuidado y de los beneficios del crecimiento económico. Esto supone, por ejemplo, reconocer y valorar correctamente el trabajo que hace posible todos los demás trabajos: el trabajo de cuidados. Hay suficiente evidencia de que una acción concreta puede tener un impacto casi inmediato en materia de trabajo decente y justicia social: según un estudio de OIT, invertir en servicios de cuidados en América Latina podría generar hasta 25,8 millones de empleos directos e indirectos. Nueve de cada 10 de estos empleos serían formales y el 80% lo ocuparían mujeres.

En tercer lugar, concentrar los esfuerzos en construir transiciones justas en el mercado laboral, poniendo en marcha medidas efectivas para ayudar a las personas a afrontar las transiciones a lo largo de su vida laboral, de la escuela al trabajo, hacia empleos más verdes y hacia una economía digital. En otras palabras, desarrollar competencias y capacidades en las personas para que estas transiciones inevitables no supongan un tránsito a la informalidad o al desempleo. 

El diálogo social entre gobiernos, y organizaciones de empleadores y trabajadores es más determinante que nunca para hacer frente al desafío de promover el trabajo decente e impulsar la justicia social. Y, en ese camino, Bolivia no tiene que caminar sola. El Director General de la OIT ha lanzado la Coalición Mundial para la Justicia Social, una iniciativa global para subsanar mediante la acción urgente y concertada las deficiencias en materia de justicia social y acelerar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

(*) Ítalo Cardona es director de la Oficina de la OIT para los Países Andinos

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