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Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 20:34 PM

Periodistas

Lo que más preocupa en estos tiempos es el drástico cambio de los hábitos de lectura de las noticias. La gente se conecta a través de su teléfono móvil prácticamente con todo, y a esto se suma la influencia de las redes sociales.

/ 13 de mayo de 2018 / 04:00

Qué está pasando. ¿Hacia dónde vamos? ¿Los periódicos están condenados a morir? ¿Qué oportunidades hay en la selva digital? Éstas y otras mil preguntas, además de otras mil vinculadas con la ética, copan las reflexiones cada año durante el Día del Periodista, una celebración que hace tres días fue acompañada por una resolución del Ministerio de Trabajo imposible de cumplir: asueto en favor de los colegas.

Pero, lo que más preocupa en estos tiempos es el drástico cambio de los hábitos de lectura de las noticias. La gente se conecta a través de su teléfono móvil prácticamente con todo, y a esto se suma la influencia de las redes sociales, que está cambiando la mediación social y política en todo el mundo. Es, pues, un ejercicio de libertades que exige al ciudadano mayor madurez sobre el manejo de la información. Para el periodista, el reto parece ser aún mayor, porque tiene que construir su credibilidad navegando en estas agitadas aguas turbias.

No obstante, ni los políticos ni los activistas se pueden confiar, como lo hacían hace algunos años, en el poder de las redes sociales para armar movilizaciones o forjar su imagen y reputación. Peor aún, los periodistas tampoco pueden creer que logran influir decisivamente con opiniones y datos en el universo de sus ciberlectores, ya que la información suele desaparecer por la excesiva fricción de datos y efímeras medias verdades.

A pesar de esta constatación, hay una tendencia a favor de una mayor interconexión de la sociedad boliviana. De hecho, la velocidad con la que circulan los datos se ha incrementado. Por eso, la inmediatez de la información ya no es un privilegio de las agencias de noticias, que han sentido el golpe de Twitter en todo el mundo. Ante este panorama, el profesional del periodismo debería volver a las fuentes de origen, a ser testigo de los hechos, a contar las historias que bullen más cerca del ciudadano.

El periodista y docente universitario Edwin Flores reflexionaba hace algunos años en el suplemento Animal Político de La Razón: “A la hora de convertir la realidad en un texto para la sociedad, es bueno respetar con mayor minuciosidad las reglas de oro del buen periodismo y (…) dejar de hacer interpretaciones precarias y superficiales que pueden ser tomadas como conjeturas” (1 de octubre de 2012). El académico aseguró entonces que “es necesario un ejercicio autocrítico para fiscalizar el cumplimiento técnico y ético del mensaje para evitar que luego intenten cercenar las manos de los mensajeros o escribanos que tuvieron la osadía de teclear esos títulos”.

El apunte es aún más vigente, pues- to que el poder dejó la crítica fácil y optó por encender la llamada “guerra digital”.

* es periodista de La Razón.

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Con su dúplica, Chile enfrenta la obligación de negociar

La dúplica chilena admite que hubo escenarios de tratativas reales con Bolivia; niega en cambio que esto genere un deber. Se aferra al Tratado de 1904

/ 24 de septiembre de 2017 / 20:38

Septiembre está marcado por la demanda impetrada por Bolivia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Chile negocie “de buena fe” un acceso soberano al mar. Hace dos años, el alto tribunal se declaró competente —precisamente en este mes— para conocer el fondo del litigio y es muy posible que en 2018, más o menos dentro de 12 meses, se conozca el histórico dictamen. Las dos naciones llegarán al día del fallo tras haber agotado sus alegatos sobre el fondo de la demanda: la obligación de negociar un acceso soberano al mar.

Siendo esa la recta final del proceso que comenzó en 2013, Chile comenzó a recorrerla el viernes cuando presentó su dúplica, el último documento que corresponde a las alegaciones escritas. Al igual que Bolivia, esa nación debe prepararse para defender su tesis en las audiencias orales que eventualmente se desarrollarán en el primer semestre de 2018.

En el último documento del proceso escrito, Chile admite haber negociado con Bolivia en 1950, cuando ofreció mar soberano a merced de un trasvase del agua del Titicaca a las áridas tierras del desierto de Atacama. También confirma las fallidas conversaciones de 1975 sobre el canje territorial que se dieron tras el “abrazo de Charaña”, cuando los dictadores Augusto Pinochet y Hugo Banzer se juntaron para resolver la centenaria demanda marítima. Ambos aspectos del documento se deslizaron en Santiago a través de la agencia EFE y medios chilenos.

El legajo fue presentado por el canciller chileno Heraldo Muñoz, el agente chileno Claudio Grossman y los coagentes Alfonso Silva y María Teresa Infante, tras una andanada de mensajes emitidos para negar la solvencia jurídica de la demanda boliviana.

“Si el fallo se limitara a plantear la conveniencia de una negociación bilateral, Chile no tendría motivo para oponerse (…). Incluso sin relaciones diplomáticas, siempre estuvo Chile dispuesto a negociar. Obviamente, hay que entender que negociar no es imponer una posición predeterminada”, le dijo a Animal Político José Rodríguez Elizondo, director del Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien además es parte de un equipo de asesores externos de la Cancillería del vecino país.

Pero, el propio Muñoz, tanto en una entrevista que concedió al diario La Tercera como en la columna de opinión que publicó el jueves El País de España, se refiere a estas negociaciones. A cambio asegura que Bolivia no pudo demostrar la existencia de una “obligación jurídica” por parte de Chile para encarar estas negociaciones. El viernes puso la cereza cuando aseguró que esas charlas eran “esporádicas”.

Aun a pesar de que el Tratado de 1904 no figura en la demanda, la autoridad diplomática se aferró una vez más a este documento en un anticipo de lo que serán los argumentos de su defensa oral en el Palacio de la Paz. “Demandaron un derecho de acceso soberano en términos de cesión territorial y luego terminaron diciendo que estaban dispuestos a alguna modalidad práctica o una zona especial. No puedo ir más allá (porque los argumentos escritos se mantienen en reserva). Nuestro alegato se sustenta sólidamente en hechos y en el derecho. La integridad territorial de Chile está garantizada y el Tratado de 1904 que establece el régimen jurídico de la relación entre Bolivia y Chile no está ni estará en cuestión”, declaró Heraldo Muñoz.

En esa misma línea, el agente Grossman señaló, en una columna publicada por el diario El Mercurio, que Chile reiteró en la dúplica “sólidos argumentos jurídicos” como el tratado suscrito en 1904 por ambas naciones, que incluye, entre otros puntos, “la inexistencia de una obligación de negociar acceso soberano”.

Basada en la memoria y el contenido de demanda boliviana, el fallo por el que la CIJ se declaró competente para tratar este asunto (24 de septiembre de 2015), “recuerda que Bolivia no pide a la Corte que declare que tiene derecho a un acceso soberano al mar ni que se pronuncie sobre el estatus jurídico del Tratado de Paz de 1904” [párrafo 33]. Luego el tribunal concluyó que el objeto de la disputa es “si Chile está obligado a negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico y (…) si Chile la ha incumplido” [párrafo 34].

“Solo están reiterando los argumentos de negar la demanda boliviana desde la conocida posición chilena, que desde los años 90 intenta desconocer sus propios actos; cuyos efectos no resultan tan fácilmente descartables. En todo caso, este debate se atenderá en la Corte (…). Bolivia sostendrá sus argumentos con el respaldo de evidencias y razonamientos jurídicos sólidos”, respondió el agente de Bolivia ante la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé, en un contacto con esta redacción.

“La verdad es que dificulto que alguien crea, seriamente, que ése (la modificación del Tratado de 1904) no es el objetivo, mediato o inmediato. Me basta leer la Constitución de Bolivia”, anotó Rodríguez Elizondo al aludir el artículo 267 de la Carta Magna promulgada en 2009.

Ante este debate, la internacionalista boliviana Karen Longaric aclaró que “ni Bolivia ni Chile pueden modificar sus tesis ni sus petitorios”, siendo la negociación “de buena fe” para una salida soberana al mar la que corresponde al país. “Bolivia debe ratificar en las audiencias la tesis expresada en su demanda, en la memoria y en la réplica, reiterando su petitorio, tal cual lo planteó inicialmente. Debe fortalecer sus fundamentos con coherencia argumentativa y solidez jurídica. Debe orientar sus alegatos orales a demostrar que Chile tiene obligación jurídica de negociar con Bolivia, en virtud de los antecedentes expuestos en la demanda judicial”, precisó la experta.

Cuando concluya septiembre de 2018, Bolivia y Chile seguirán siendo vecinos. Es posible que para entonces este tema sea “cosa juzgada” y que el  Tratado de 1904 aparezca para ser cumplido a partir de un sistema de libre tránsito efectivo y de provecho para ambas naciones. ¿Renegociarlo es posible? “No (aún). Para modificar un tratado de frontera se requiere la voluntad de las partes que lo firmaron”, opina Rodríguez Elizondo.

“Lo  ideal es que antes de 10 años lleguemos a un acuerdo saludable. Somos vecinos, tenemos muchas cosas e intereses en común que deberían aproximarnos”, concluye Longaric.

José Rodríguez Elizondo: La solución no es solo bilateral

La fórmula judicial para zanjar la demanda marítima está a punto de recalar en puerto. El fallo de la CIJ, inapelable, vinculante y de cumplimiento obligatorio, puede abrir las puertas de una negociación que, de cualquier forma, requerirá de voluntad política.

José Rodríguez Elizondo, director del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, espera un periodo “sin agresividad, (….) una tregua”, tras el fallo de 2018. “Esto permitiría establecer las bases de una relación de provecho mutuo, autosustentable, con una base de gobernantes sabios y una diplomacia de negociación realista. Esto es, una diplomacia capaz de asumir que una cesión soberana de territorio marítimo chileno, para Bolivia, no es un tema solo bilateral”, afirmó con miras a la posibilidad de incorporar a Perú, el tercer involucrado en la Guerra del Pacífico (1879-1883).

“Habría que redimensionar el problema y la solución, eso permitiría abrir un espacio marítimo que satisfaga plenamente a Bolivia. Lo ideal es que antes de diez años lleguemos a un acuerdo saludable”, apunta luego Karen Longaric.

Mauricio Quiroz Terán es periodista y editor de Animal Político

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Con su dúplica, Chile enfrenta la obligación de negociar

La dúplica chilena admite que hubo escenarios de tratativas reales con Bolivia; niega en cambio que esto genere un deber. Se aferra al Tratado de 1904

/ 24 de septiembre de 2017 / 20:38

Septiembre está marcado por la demanda impetrada por Bolivia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que Chile negocie “de buena fe” un acceso soberano al mar. Hace dos años, el alto tribunal se declaró competente —precisamente en este mes— para conocer el fondo del litigio y es muy posible que en 2018, más o menos dentro de 12 meses, se conozca el histórico dictamen. Las dos naciones llegarán al día del fallo tras haber agotado sus alegatos sobre el fondo de la demanda: la obligación de negociar un acceso soberano al mar.

Siendo esa la recta final del proceso que comenzó en 2013, Chile comenzó a recorrerla el viernes cuando presentó su dúplica, el último documento que corresponde a las alegaciones escritas. Al igual que Bolivia, esa nación debe prepararse para defender su tesis en las audiencias orales que eventualmente se desarrollarán en el primer semestre de 2018.

En el último documento del proceso escrito, Chile admite haber negociado con Bolivia en 1950, cuando ofreció mar soberano a merced de un trasvase del agua del Titicaca a las áridas tierras del desierto de Atacama. También confirma las fallidas conversaciones de 1975 sobre el canje territorial que se dieron tras el “abrazo de Charaña”, cuando los dictadores Augusto Pinochet y Hugo Banzer se juntaron para resolver la centenaria demanda marítima. Ambos aspectos del documento se deslizaron en Santiago a través de la agencia EFE y medios chilenos.

El legajo fue presentado por el canciller chileno Heraldo Muñoz, el agente chileno Claudio Grossman y los coagentes Alfonso Silva y María Teresa Infante, tras una andanada de mensajes emitidos para negar la solvencia jurídica de la demanda boliviana.

“Si el fallo se limitara a plantear la conveniencia de una negociación bilateral, Chile no tendría motivo para oponerse (…). Incluso sin relaciones diplomáticas, siempre estuvo Chile dispuesto a negociar. Obviamente, hay que entender que negociar no es imponer una posición predeterminada”, le dijo a Animal Político José Rodríguez Elizondo, director del Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien además es parte de un equipo de asesores externos de la Cancillería del vecino país.

Pero, el propio Muñoz, tanto en una entrevista que concedió al diario La Tercera como en la columna de opinión que publicó el jueves El País de España, se refiere a estas negociaciones. A cambio asegura que Bolivia no pudo demostrar la existencia de una “obligación jurídica” por parte de Chile para encarar estas negociaciones. El viernes puso la cereza cuando aseguró que esas charlas eran “esporádicas”.

Aun a pesar de que el Tratado de 1904 no figura en la demanda, la autoridad diplomática se aferró una vez más a este documento en un anticipo de lo que serán los argumentos de su defensa oral en el Palacio de la Paz. “Demandaron un derecho de acceso soberano en términos de cesión territorial y luego terminaron diciendo que estaban dispuestos a alguna modalidad práctica o una zona especial. No puedo ir más allá (porque los argumentos escritos se mantienen en reserva). Nuestro alegato se sustenta sólidamente en hechos y en el derecho. La integridad territorial de Chile está garantizada y el Tratado de 1904 que establece el régimen jurídico de la relación entre Bolivia y Chile no está ni estará en cuestión”, declaró Heraldo Muñoz.

En esa misma línea, el agente Grossman señaló, en una columna publicada por el diario El Mercurio, que Chile reiteró en la dúplica “sólidos argumentos jurídicos” como el tratado suscrito en 1904 por ambas naciones, que incluye, entre otros puntos, “la inexistencia de una obligación de negociar acceso soberano”.

Basada en la memoria y el contenido de demanda boliviana, el fallo por el que la CIJ se declaró competente para tratar este asunto (24 de septiembre de 2015), “recuerda que Bolivia no pide a la Corte que declare que tiene derecho a un acceso soberano al mar ni que se pronuncie sobre el estatus jurídico del Tratado de Paz de 1904” [párrafo 33]. Luego el tribunal concluyó que el objeto de la disputa es “si Chile está obligado a negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico y (…) si Chile la ha incumplido” [párrafo 34].

“Solo están reiterando los argumentos de negar la demanda boliviana desde la conocida posición chilena, que desde los años 90 intenta desconocer sus propios actos; cuyos efectos no resultan tan fácilmente descartables. En todo caso, este debate se atenderá en la Corte (…). Bolivia sostendrá sus argumentos con el respaldo de evidencias y razonamientos jurídicos sólidos”, respondió el agente de Bolivia ante la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé, en un contacto con esta redacción.

“La verdad es que dificulto que alguien crea, seriamente, que ése (la modificación del Tratado de 1904) no es el objetivo, mediato o inmediato. Me basta leer la Constitución de Bolivia”, anotó Rodríguez Elizondo al aludir el artículo 267 de la Carta Magna promulgada en 2009.

Ante este debate, la internacionalista boliviana Karen Longaric aclaró que “ni Bolivia ni Chile pueden modificar sus tesis ni sus petitorios”, siendo la negociación “de buena fe” para una salida soberana al mar la que corresponde al país. “Bolivia debe ratificar en las audiencias la tesis expresada en su demanda, en la memoria y en la réplica, reiterando su petitorio, tal cual lo planteó inicialmente. Debe fortalecer sus fundamentos con coherencia argumentativa y solidez jurídica. Debe orientar sus alegatos orales a demostrar que Chile tiene obligación jurídica de negociar con Bolivia, en virtud de los antecedentes expuestos en la demanda judicial”, precisó la experta.

Cuando concluya septiembre de 2018, Bolivia y Chile seguirán siendo vecinos. Es posible que para entonces este tema sea “cosa juzgada” y que el  Tratado de 1904 aparezca para ser cumplido a partir de un sistema de libre tránsito efectivo y de provecho para ambas naciones. ¿Renegociarlo es posible? “No (aún). Para modificar un tratado de frontera se requiere la voluntad de las partes que lo firmaron”, opina Rodríguez Elizondo.

“Lo  ideal es que antes de 10 años lleguemos a un acuerdo saludable. Somos vecinos, tenemos muchas cosas e intereses en común que deberían aproximarnos”, concluye Longaric.

José Rodríguez Elizondo: La solución no es solo bilateral

La fórmula judicial para zanjar la demanda marítima está a punto de recalar en puerto. El fallo de la CIJ, inapelable, vinculante y de cumplimiento obligatorio, puede abrir las puertas de una negociación que, de cualquier forma, requerirá de voluntad política.

José Rodríguez Elizondo, director del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, espera un periodo “sin agresividad, (….) una tregua”, tras el fallo de 2018. “Esto permitiría establecer las bases de una relación de provecho mutuo, autosustentable, con una base de gobernantes sabios y una diplomacia de negociación realista. Esto es, una diplomacia capaz de asumir que una cesión soberana de territorio marítimo chileno, para Bolivia, no es un tema solo bilateral”, afirmó con miras a la posibilidad de incorporar a Perú, el tercer involucrado en la Guerra del Pacífico (1879-1883).

“Habría que redimensionar el problema y la solución, eso permitiría abrir un espacio marítimo que satisfaga plenamente a Bolivia. Lo ideal es que antes de diez años lleguemos a un acuerdo saludable”, apunta luego Karen Longaric.

Mauricio Quiroz Terán es periodista y editor de Animal Político

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Achacachi, los rostros de un pueblo ‘indómito’

La reaparición de Felipe Quispe y la retahíla de anuncios de un conflicto mayor que aún no estalla son parte de un escenario que tiene muchos vértices.

/ 17 de septiembre de 2017 / 04:00

Felipe Quispe, también conocido como El Mallku, no ha dejado la lid. Hoy es la imagen más visible de la protesta que exige la liberación de dirigentes vecinales encarcelados bajo la sospecha de ser responsables de los desmanes ocurridos hace seis meses en Achacachi, el pueblo que hoy enfrenta un conflicto por el control político de su municipalidad. Este, sin embargo, es apenas uno de los rostros de esta pugna.

Achacachi, una ciudad intermedia de la provincia Omasuyos, está situada a 93 kilómetros al norte de La Paz; es un vínculo obligado para conectar a ocho municipios que tocan la amazonía y los valles del departamento. La gobernabilidad de la comuna está marcada por una ríspida relación entre pobladores del área rural —10 cantones— y la joven urbe donde habitan comerciantes y transportistas. “Es un pueblo peleón, es una rivalidad que es de mucho antes”, afirma el antropólogo Xavier Albó, quien vivió varios años en esa zona; allí aprendió a hablar aymara.

Albó, autor de la investigación Achacachi. Medio siglo de luchas campesinas (1979), recuerda en una conversación con Animal Político que las tensiones allí se dieron antes de la Reforma Agraria (1953). “En tiempos de patrones, ellos ya tenían conflictos, pues se peleaban por linderos, pero al mismo tiempo tenían conciencia del patrón”, rememora sin pasar por alto el hecho de que los cortes de ruta protagonizados por achacacheños se dieron en varias ocasiones y contextos históricos distintos. “Esos bloqueos provocaron que, a fines de los 60, se instale un cuartel militar justo a la salida de Achacachi”. Allí mismo se bloquea desde el 23 de agosto, aunque existe transitabilidad por vías alternas.

En las elecciones municipales de 2015, Édgar Ramos Laura (MAS) ganó con el 35,34% de los votos; un estrecho margen frente al 32,82% que obtuvo el Movimiento por la Soberanía (MPS), el frente de El Mallku. Con esa sigla, Quispe terció en los comicios para gobernador, pero logró un respaldo concentrado solo en Achacachi (47,6%), porque alcanzó al 4,76% de apoyo total en el departamento.

Ramos Laura, según se leen en las cifras del recuento electoral de 2015, fue electo con el respaldo de las zonas rurales de su municipio, algo que también se reflejó en los tres concejales que logró el MAS. Así, el partido de Ramos se vio obligado a pactar para hacer gestión con las otras fuerzas, pues los restantes cuatro escaños se dispersaron (ver infografía).

En esta escena apareció un movimiento vecinal que planteó la renuncia de Ramos por los resultados de su gestión; se llegó a pedir la dimisión de dos ministros y ahora demanda un diálogo directo con el presidente Evo Morales. Existe además un pedido de excarcelación de los dirigentes vecinales acusados de causar destrozos en la casa de Ramos con críticas a la Fiscalía porque no llamó a los Ponchos Rojos ni al alcalde por los saqueos que sufrió el pueblo durante la protesta del 15 de febrero que se organizó a instancias del defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto.

“Pero, además, estando ahí El Mallku, que en cierta forma ha resucitado pues ha sido siempre un señor importante, resurgió con este movimiento actual”, insiste Albó, quien precisa que Quispe tiene sus bases en la zona urbana del municipio.

Pedro Villca, secretario general de la Federación de Juntas Vecinales de Achacachi, declara a esta redacción que la población “está de pie y está pidiendo que de forma inmediata se establezca el diálogo con el presidente Morales”. Dice que existen dudas sobre los fondos que se destinaron para una cancha de césped sintético, la construcción de baños en la plaza Abaroa y la plazuela del hospital de Achacachi, así como la carretera que une a la comunidad Tola Tola.

“Estos proyectos se hicieron con malversación de fondos y esto se demostrará con documentación”, promete el dirigente; también reclama la presencia de Ramos, quien no está en el poblado desde el 13 de febrero. La autoridad cuestionada apareció hace 10 días en varios medios televisivos para afirmar que se someterá al referéndum revocatorio, un mecanismo que estará disponible a partir de diciembre de este año. Villca asegura que el pueblo no esperará tanto y lamenta “la protección” del Gobierno.

En contacto con Animal Político, el secretario de Transparencia de los Ponchos Rojos, Pedro Lucana, señala que el alcalde Ramos ha sido elegido por los 10 cantones del municipio y no solo por la ciudad de Achacachi. “Hemos tenido un ampliado de los cantones que conforman el municipio y no nos ha llegado ninguna observación o prueba que demuestre la malversación de fondos en la gestión de Ramos”, sostiene Lucana, quien cree que el conflicto persigue fines contra el gobierno de Morales.

En el ampliado se declaró a Quispe “persona non grata” y se pidió su expulsión. “No nos representa, tampoco es parte de nuestras bases, ya no representa a Omasuyos, pero puede ser cualquier citadino y tampoco tiene la tuición de hablar por la provincia”, precisa Lucana. En tanto, El Mallku optó por no conversar con este rotativo, aunque sus posturas se divulgaron desde su cuenta en Facebook.

“Como la opinión pública comprenderá, el gobierno del MAS no quiere dialogar ni piensa dar una salida salomónica para la población achacacheña”, escribió Quispe en un comunicado divulgado el 6 de septiembre a través de esa red.

El exdiputado del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) Germán Choquehuanca tiene otra lectura del conflicto. “Estamos entendiendo que no hay un gobierno indígena y que solo hay un Presidente indígena que está al servicio de un grupo de personas que tiene una tendencia socialista-comunista encabezado por García Linera  y ellos están manejando al país”, afirma y asegura que la tensión se agudizará y que “ahora existe mucho temor en el Gobierno sobre el futuro” de estas protestas.

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, manifiesta que se debe defender la institucionalidad de la democracia. “No puede un vecino o cientos de vecinos, por las razones que fuesen, hacer uso de la fuerza, de la violencia para presionar sobre la renuncia de una autoridad electa”.

“Los antecedentes de Felipe Quispe están muy claros y no se necesita recordar que responde a intereses que trascienden al conflicto del municipio de Achacachi y busca que crezca para que se convierta en un conflicto nacional”, indica Siles también en un contacto con este suplemento.

En septiembre de 2003, Achacachi fue el epicentro de un enfrenamiento militar contra los campesinos que se movilizaron para exigir la dotación de tractores. El operativo fue motivado por el “rescate” de un grupo de turistas estadounidenses que estaban atrapados en Sorata. “Para nada es este mismo escenario; pero hay un desgaste de Evo”, opina Albó.

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Achacachi, los rostros de un pueblo ‘indómito’

La reaparición de Felipe Quispe y la retahíla de anuncios de un conflicto mayor que aún no estalla son parte de un escenario que tiene muchos vértices.

/ 17 de septiembre de 2017 / 04:00

Felipe Quispe, también conocido como El Mallku, no ha dejado la lid. Hoy es la imagen más visible de la protesta que exige la liberación de dirigentes vecinales encarcelados bajo la sospecha de ser responsables de los desmanes ocurridos hace seis meses en Achacachi, el pueblo que hoy enfrenta un conflicto por el control político de su municipalidad. Este, sin embargo, es apenas uno de los rostros de esta pugna.

Achacachi, una ciudad intermedia de la provincia Omasuyos, está situada a 93 kilómetros al norte de La Paz; es un vínculo obligado para conectar a ocho municipios que tocan la amazonía y los valles del departamento. La gobernabilidad de la comuna está marcada por una ríspida relación entre pobladores del área rural —10 cantones— y la joven urbe donde habitan comerciantes y transportistas. “Es un pueblo peleón, es una rivalidad que es de mucho antes”, afirma el antropólogo Xavier Albó, quien vivió varios años en esa zona; allí aprendió a hablar aymara.

Albó, autor de la investigación Achacachi. Medio siglo de luchas campesinas (1979), recuerda en una conversación con Animal Político que las tensiones allí se dieron antes de la Reforma Agraria (1953). “En tiempos de patrones, ellos ya tenían conflictos, pues se peleaban por linderos, pero al mismo tiempo tenían conciencia del patrón”, rememora sin pasar por alto el hecho de que los cortes de ruta protagonizados por achacacheños se dieron en varias ocasiones y contextos históricos distintos. “Esos bloqueos provocaron que, a fines de los 60, se instale un cuartel militar justo a la salida de Achacachi”. Allí mismo se bloquea desde el 23 de agosto, aunque existe transitabilidad por vías alternas.

En las elecciones municipales de 2015, Édgar Ramos Laura (MAS) ganó con el 35,34% de los votos; un estrecho margen frente al 32,82% que obtuvo el Movimiento por la Soberanía (MPS), el frente de El Mallku. Con esa sigla, Quispe terció en los comicios para gobernador, pero logró un respaldo concentrado solo en Achacachi (47,6%), porque alcanzó al 4,76% de apoyo total en el departamento.

Ramos Laura, según se leen en las cifras del recuento electoral de 2015, fue electo con el respaldo de las zonas rurales de su municipio, algo que también se reflejó en los tres concejales que logró el MAS. Así, el partido de Ramos se vio obligado a pactar para hacer gestión con las otras fuerzas, pues los restantes cuatro escaños se dispersaron (ver infografía).

En esta escena apareció un movimiento vecinal que planteó la renuncia de Ramos por los resultados de su gestión; se llegó a pedir la dimisión de dos ministros y ahora demanda un diálogo directo con el presidente Evo Morales. Existe además un pedido de excarcelación de los dirigentes vecinales acusados de causar destrozos en la casa de Ramos con críticas a la Fiscalía porque no llamó a los Ponchos Rojos ni al alcalde por los saqueos que sufrió el pueblo durante la protesta del 15 de febrero que se organizó a instancias del defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto.

“Pero, además, estando ahí El Mallku, que en cierta forma ha resucitado pues ha sido siempre un señor importante, resurgió con este movimiento actual”, insiste Albó, quien precisa que Quispe tiene sus bases en la zona urbana del municipio.

Pedro Villca, secretario general de la Federación de Juntas Vecinales de Achacachi, declara a esta redacción que la población “está de pie y está pidiendo que de forma inmediata se establezca el diálogo con el presidente Morales”. Dice que existen dudas sobre los fondos que se destinaron para una cancha de césped sintético, la construcción de baños en la plaza Abaroa y la plazuela del hospital de Achacachi, así como la carretera que une a la comunidad Tola Tola.

“Estos proyectos se hicieron con malversación de fondos y esto se demostrará con documentación”, promete el dirigente; también reclama la presencia de Ramos, quien no está en el poblado desde el 13 de febrero. La autoridad cuestionada apareció hace 10 días en varios medios televisivos para afirmar que se someterá al referéndum revocatorio, un mecanismo que estará disponible a partir de diciembre de este año. Villca asegura que el pueblo no esperará tanto y lamenta “la protección” del Gobierno.

En contacto con Animal Político, el secretario de Transparencia de los Ponchos Rojos, Pedro Lucana, señala que el alcalde Ramos ha sido elegido por los 10 cantones del municipio y no solo por la ciudad de Achacachi. “Hemos tenido un ampliado de los cantones que conforman el municipio y no nos ha llegado ninguna observación o prueba que demuestre la malversación de fondos en la gestión de Ramos”, sostiene Lucana, quien cree que el conflicto persigue fines contra el gobierno de Morales.

En el ampliado se declaró a Quispe “persona non grata” y se pidió su expulsión. “No nos representa, tampoco es parte de nuestras bases, ya no representa a Omasuyos, pero puede ser cualquier citadino y tampoco tiene la tuición de hablar por la provincia”, precisa Lucana. En tanto, El Mallku optó por no conversar con este rotativo, aunque sus posturas se divulgaron desde su cuenta en Facebook.

“Como la opinión pública comprenderá, el gobierno del MAS no quiere dialogar ni piensa dar una salida salomónica para la población achacacheña”, escribió Quispe en un comunicado divulgado el 6 de septiembre a través de esa red.

El exdiputado del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) Germán Choquehuanca tiene otra lectura del conflicto. “Estamos entendiendo que no hay un gobierno indígena y que solo hay un Presidente indígena que está al servicio de un grupo de personas que tiene una tendencia socialista-comunista encabezado por García Linera  y ellos están manejando al país”, afirma y asegura que la tensión se agudizará y que “ahora existe mucho temor en el Gobierno sobre el futuro” de estas protestas.

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, manifiesta que se debe defender la institucionalidad de la democracia. “No puede un vecino o cientos de vecinos, por las razones que fuesen, hacer uso de la fuerza, de la violencia para presionar sobre la renuncia de una autoridad electa”.

“Los antecedentes de Felipe Quispe están muy claros y no se necesita recordar que responde a intereses que trascienden al conflicto del municipio de Achacachi y busca que crezca para que se convierta en un conflicto nacional”, indica Siles también en un contacto con este suplemento.

En septiembre de 2003, Achacachi fue el epicentro de un enfrenamiento militar contra los campesinos que se movilizaron para exigir la dotación de tractores. El operativo fue motivado por el “rescate” de un grupo de turistas estadounidenses que estaban atrapados en Sorata. “Para nada es este mismo escenario; pero hay un desgaste de Evo”, opina Albó.

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Almaraz y el texto ‘oculto’ del sindicato petrolero

En la ‘Obra reunida’, editada por la BBB, aparece un libro que devela la relación y el compromiso que tuvo el intelectual con los sindicatos.

/ 10 de septiembre de 2017 / 04:00

Probablemente no se lleguen a encontrar todos los textos que dejó Sergio Almaraz (1928-1968), uno de los intelectuales más notables de una generación que aportó, desde su obra, a la construcción de “una conciencia nacional” que fuera capaz de edificar una sociedad más justa y, en ese camino, defender los recursos naturales estratégicos para la soberanía del país.

Para la edición de Sergio Almaraz. Obra reunida (2017), publicada por la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia (BBB), el equipo editorial de esta institución halló un escrito “oculto” o que tuvo poca divulgación en su época a pesar de la actualidad que su contenido proponía para los lectores. Se trata de Hacia una política nacional del petróleo publicada por Almaraz a fines de 1958 como parte del libro Petróleo. Soberanía o dependencia que escribió junto a René Rocabado.

“Fue hallado de una forma bastante espontánea, porque cuando estaba terminando de hacer la edición, incluyendo una bibliografía —de y sobre el autor— con la idea de que a partir de estos documentos salgan nuevas investigaciones, me doy cuenta de que habían cosas que no cuadraban o que faltaban (…). Me fui a ver a la biblioteca de Derecho de la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) y efectivamente encontré este documento que era completamente diferente a aquellos que pude manipular”, relató a Animal Político Kurmi Soto Velasco, quien estuvo a cargo del cuidado de edición del libro más reciente sobre el legado de Almaraz.

Soto, literata de profesión, aseguró que entre los pocos estudios que existen sobre el pensamiento de Almaraz, ninguno mencionó este trabajo, hallado con el tiempo justo para completar la edición de la BBB.

La obra, que apareció cinco meses después de Petróleo en Bolivia, fue escrita a pedido del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Cochabamba para el Quinto Congreso Petrolero celebrado en diciembre de 1958. El texto complementa y actualiza las cifras presentadas en ese primer gran trabajo que publicó Almaraz.

“Este es quizás el aspecto desconocido de su personalidad; su relación con los sindicatos. Fue un trabajo para este público en particular. Lo que dice mucho de Almaraz por esa voluntad de vulgarizar sus ideas y de hacerlas llegar a la mayor cantidad de público”, complementó Soto.

Almaraz, nacido de una familia de clase media en Cochabamba, vivió el proceso político que en 1952 activó el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). 

Reflexionó a partir de las visiones de varios ideólogos de esa revolución, como cuando asimiló los principios sobre los que trabajó Carlos Montenegro en Nacionalismo y coloniaje (1843), y de este modo, su obra estuvo marcada por una crítica a las medidas que asumió el gobierno de Víctor Paz Estenssoro sobre la explotación de los recursos naturales, especialmente el gas y petróleo.

En 1956, cuatro años después de aquellas jornadas de abril, se aprobó el Código de Petróleo o Davenport. La norma le restó competencias a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que había sido fundada en 1937 luego de que el gobierno de David Toro (1936-1937) nacionalizó las concesiones de la compañía norteamericana Standard Oil, tras la Guerra del Chaco. La norma, validada por Paz Estenssoro, aprobaba las operaciones de la Gulf; fijó utilidades del 19% para el Estado y 80% para la empresa, que en realidad era la misma que salió en 1937.

Precisamente, la obra “oculta” de Almaraz planteó el desafío de anular este Código con la perspectiva de generar una política que permita el desarrollo digno del país. Propuso una serie de medidas para que YPFB retome su papel en la cadena de producción de hidrocarburos; además de la posibilidad de que los ciudadanos bolivianos adquieran “acciones populares” para fortalecer la empresa. “He aquí la razón suprema para decidirse a imponer por la fuerza del pueblo lo que el derecho le reconoce: el pleno disfrute de sus riquezas”, manifestó Sergio Almaraz en Hacia una política nacional del petróleo para dirigirse al sindicato petrolero de Cochabamba.

El manifiesto complementa, en cierta medida, la reflexión que salió en el texto más conocido Petróleo en Bolivia: “No queremos que Bolivia se convierta en un país petrolero, como en el pasado los bolivianos honestos no quisieron un país estañífero; no queremos un país cuyo dilema vital se exprese en la fórmula ‘explotar o morir’ (…). El petróleo representa hoy la herramienta histórica del porvenir boliviano, su defensa es la defensa de la patria misma”, escribió Almaraz.

Sin embargo, este trabajo “en un primer y relativamente largo momento después de su aparición fue condenado al absoluto silencio por los medios de prensa”, escribió Alejandro Almaraz, el segundo y último hijo del intelectual en el Retrato biográfico que se incluyó en la Obra completa (2009) que editó Plural y en la que no se mencionó el texto “oculto” que ocupa a esta nota. Complementó que entre los primeros periodistas que se interesó por el trabajo de su padre estuvo Marcelo Quiroga.

“La obra de mi padre fue planteada desde la realidad del país; tiene valor por su carácter crítico de su realidad y de su momento. Rescata los principios de la esencia nacional de Bolivia. También recoge conceptos y principios generales de política como la necesidad de nacionalizar a nuestro propio gobierno y, luego, cuando caracteriza a René Barrientos (1964-1969) como el ‘presidente boina verde’, apunta a una democracia participativa y revolucionaria”, señaló a Animal Político Pablo Almaraz, el primogénito del ensayista que falleció en 1968 en una clínica a la temprana edad de los 39 años.

Además de sus primeros trabajos vinculados con reflexiones acerca del petróleo, Almaraz publicó El poder y la caída (1967) y Réquiem para una república (1969). Está última aparece cuando ya había muerto.

“De la misma manera en que el impacto de Petróleo en Bolivia tuvo importante y directa influencia en la segunda nacionalización del petróleo (…), El poder y la caída influyó en la instalación de la fundición de estaño en Vinto”, afirma Alejandro Almaraz en el escrito sobre la vida de su padre.

Adicionalmente, el periodista Mirko Orgaz también rescata varios de los postulados de Almaraz en La guerra del gas (2002) que se publicó en un momento en el que la Ley de Hidrocarburos era ampliamente beneficiosa para la inversión extranjera y estaba en ciernes un proyecto para vender gas a Estados Unidos a través de un puerto chileno. Este episodio de la historia alentó en 2003 una aguda crisis política que provocó la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada de la presidencia y la nacionalización en 2006.

Soto prefiere ser más cauta en la proyección de sus análisis; asegura que el pensamiento de este intelectual está vigente y considera que pasa precisamente por la capacidad que tuvo de hacer análisis “honestos”,  alejados de los intereses empresariales. “No puso su pluma al servicio del poder”, puntualizó la joven editora.

Quizá haya mucho más por descubrir sobre el aporte de Sergio Almaraz. Se sabe, según una entrevista que concedió antes de morir, que quiso hacer una historia sobre las ideologías. Su hijo Pablo supo de “un esbozo” sobre la cuestión agraria. Entretanto queda esta Obra reunida de la BBB.

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