La actual convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela se enmarca en un escenario complicado en lo político, catastrófico en lo económico, angustiante en lo social. El país objeta de manera constante y mayoritaria en términos de opinión pública la realidad actual, la conducta del Gobierno, la respuesta de un sector de oposición, el drama cotidiano para adquirir alimentos, el constante alza de los precios y la inexistencia de una producción industrial que se ha reducido gracias a la muy objetable actuación de un gobierno que en muchos casos ha visto en el empresario privado a un enemigo del régimen, actor y responsable de una supuesta “guerra económica”.
Se suma a lo anterior el hecho de que buena parte de la comunidad internacional, representada en países y sus organizaciones, tanto en América como en Europa, no cree en que las condiciones están dadas en Venezuela para que se realicen en el país elecciones libres y justas, en conformidad con los estándares universales aceptados y reconocidos por la democracia, para que estén plenamente avaladas en lo interno y en lo externo, a fin de inspirar un efectivo cambio político, si fuere el caso.
Fue una consigna constante del Gobierno el eslogan que señalaba en lo mejor de la época chavista “el pueblo es el que manda”. Lo cual debe ser cierto bajo un concepto ideal de democracia, pero que en la realidad actual de Venezuela no es un principio que guía la actuación pública frente a la sociedad ni tampoco es lo que la sociedad percibe.
Hemos señalado doctrinariamente que la voluntad del pueblo es la que confirma o desconoce la autoridad de los gobiernos. Su voluntad se expresa de múltiples maneras, formales e informales. Las primeras, a través de los mecanismos que la democracia sostiene para que la decisión del pueblo determine el curso que debe seguir una nación. Las segundas son aquellas en las cuales manifiesta su opinión y en las que surgen su postura crítica ante las realidades y su resolución de cambiarlas. Un pueblo tolerante sin dignidad y sin valores, sin sentido de su destino histórico, se pierde en la peor de las situaciones: la ignorancia y el sometimiento.
El pueblo tiene el derecho indeclinable de expresarse con libertad y justicia. Igualmente, tiene el derecho de existir, pensar, elegir y participar en términos políticos como agente de decisiones fundamentales, como titular de la soberanía popular, que es la fuente del poder. Si es un pueblo digno, nadie puede condicionar sus decisiones. Si es un pueblo libre, nadie puede impedir su voluntad. Si es un pueblo honesto, nadie puede desviar su juicio moral sobre lo ético en la política y su sanción. Creo en los pueblos ejemplares.
Una verdadera democracia protege la libertad del individuo, así como sus libertades políticas. Si faltase y no existiese autoridad que restablezca tales libertades, las elecciones se vician y significaría la ilegitimidad del que pretenda gobernar. La doctrina de la democracia se opone en esencia al absolutismo del Estado, entendido como una forma ilimitada e indebida de ejercicio del poder y la inexistencia de una autoridad que restablezca los derechos ciudadanos y asegure el imperio de la ley.
El déspota se preocupa porque su autoridad no se discuta. El demócrata se preocupa en que se examine su autoridad, se revise su conducta y se imponga la libérrima decisión de los pueblos rectamente expresada en todo momento. “También en política la verdad es la realidad de las cosas”, indicó certeramente Canals Vidal en España.
En estos días sabremos si en Venezuela el pueblo se expresa amplia, libre y soberanamente y si, en efecto, el voto es allí un mecanismo efectivo para cambiar si es la voluntad general la realidad política, económica y social.
Es abogado e historiador venezolano,
exdocente universitario; @articulistasred